El conflicto por el megaproyecto inmobiliario en la Laguna del Cisne suma un nuevo capítulo de alta tensión política, ambiental y judicial, con denuncias de vecinos que advierten sobre riesgos para la principal reserva de agua potable de la Costa de Oro.
La iniciativa, vinculada al empresario Pablo Bidegain y desarrollada por el Grupo Laguna, prevé el fraccionamiento de unas 500 hectáreas en decenas de chacras. Según denuncian organizaciones sociales, el modelo apunta a multiplicar el valor de la tierra mediante loteos de alto costo, en una zona ambientalmente sensible.
En entrevista con Reactiva Contenidos, Eduardo —integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Yasyry— sostuvo que el proyecto “implica un impacto muy importante en la laguna en todo sentido”, en referencia a la presión sobre un ecosistema frágil que abastece de agua potable a decenas de miles de personas en Canelones .
El activista recordó que la laguna ya atravesó procesos de degradación por actividades agrícolas intensivas y obras fallidas durante la crisis hídrica, y advirtió que la instalación de más de 70 chacras —con construcciones, circulación de personas y ausencia de saneamiento en la zona— podría agravar la contaminación, alterar la permeabilidad del suelo y comprometer la calidad del agua .
La resistencia vecinal no es nueva. Desde hace años, la comisión ha logrado frenar distintos proyectos considerados perjudiciales para la cuenca, consolidando una red de organización territorial que hoy vuelve a activarse frente al avance inmobiliario.
El conflicto escaló en las últimas semanas al plano judicial tras la intervención de la fiscal Stella Alciaturi, quien intimó a los vecinos a retirar carteles y evitar declaraciones públicas que puedan considerarse difamatorias contra el empresario, bajo advertencia de posibles acciones penales. La medida fue interpretada por los denunciantes como un intento de limitar la libertad de expresión en el marco de un reclamo ambiental.
En paralelo, el Ministerio de Ambiente de Uruguay mantiene observaciones sobre el proyecto y ha exigido la correspondiente autorización ambiental previa, lo que en los hechos implicó frenar el avance de las obras.
El trasfondo del conflicto revela una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo territorial: entre la expansión del negocio inmobiliario y la preservación de recursos estratégicos como el agua. Para la comisión, la salida pasa por un camino opuesto: la expropiación de los padrones linderos a la laguna y su transformación en un área protegida con fines educativos y de conservación.
En ese cruce de intereses —inversión privada, regulación estatal y organización social— la Laguna del Cisne vuelve a colocarse en el centro del debate público, mientras crece la preocupación por el futuro de una de las reservas de agua más importantes del país.
La noticia es otra: lo que está en juego no es solo un proyecto inmobiliario, sino quién decide sobre los bienes comunes y bajo qué lógica se gestiona un recurso vital como el agua.
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