El Ministerio de Desarrollo Social mantiene un sistema de tercerización de políticas sociales que hoy enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de los trabajadores. Mientras organizaciones sociales acumulan meses de atraso en el pago de salarios, el gobierno continúa rechazando la posibilidad de estatizar los servicios y tampoco presenta alternativas para garantizar el cobro de quienes sostienen la atención cotidiana de la población más vulnerable.
Según un pedido de informes realizado por Nicolle Salle, al que accedió Reactiva, existen 26 organizaciones religiosas que reciben recursos públicos para ejecutar más de 500 proyectos vinculados al MIDES.
Las organizaciones religiosas forman parte de una estructura mucho más amplia. El MIDES mantiene alrededor de 280 convenios vigentes con unas 100 organizaciones de la sociedad civil para ejecutar políticas públicas en distintas áreas. Una parte importante de esos convenios corresponde a instituciones confesionales que administran refugios, paradores nocturnos, centros para personas en situación de calle, hogares y otros dispositivos destinados a la población más vulnerable.
Los recursos no se entregan como subsidios de libre disponibilidad, sino mediante convenios para gestionar servicios específicos. Los montos varían según cada proyecto y pueden alcanzar varios millones de pesos por convenio. Investigaciones académicas sobre las políticas sociales en Uruguay señalan que algunas de estas instituciones religiosas obtienen hasta el 80% de su financiamiento de fondos públicos, lo que evidencia una fuerte dependencia económica del Estado.
Para 2023, el MIDES destinó una partida cercana a los 797 millones de pesos para la ejecución de políticas sociales mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil, una cifra que da cuenta de la magnitud de recursos públicos administrados bajo este sistema de tercerización.
La participación de organizaciones religiosas tampoco ha estado exenta de controversias. En 2021 el MIDES resolvió finalizar un convenio con una congregación evangélica que administraba un parador nocturno luego de comprobarse que entregaba biblias y material religioso a las personas usuarias del servicio, una práctica considerada incompatible con el carácter laico que deben tener las prestaciones financiadas con recursos públicos.
La crisis salarial se ha vuelto una constante. En distintos momentos llegaron a ser trece las organizaciones con salarios impagos. Actualmente son tres las instituciones que mantienen adeudos de hasta tres meses con sus trabajadores.
Ante esta situación, el sindicato SUTIGA propuso la creación de un fideicomiso que garantizara el pago de los salarios cuando las organizaciones incumplieran sus obligaciones. Sin embargo, el MIDES rechazó la iniciativa y, hasta el momento, no ha presentado una propuesta alternativa.
Uno de los casos más polémicos es el de la asociación civil religiosa Voz y Vida, dedicada al trabajo con personas en situación de calle. Trabajadores de esa organización denunciaron que, como condición para desempeñarse allí, se les exige donar el 10% de su salario a la institución, reproduciendo la práctica del diezmo dentro de una organización financiada con recursos públicos.
A esta situación se suma la precarización laboral. Los trabajadores denuncian persecución sindical y contratos de apenas seis meses o un año, lo que dificulta la organización colectiva y profundiza la inestabilidad laboral.
Las críticas también alcanzan la calidad de las prestaciones. Trabajadores sostienen que numerosos dispositivos carecen de recursos materiales y humanos suficientes para brindar una atención adecuada. Según afirman, el deterioro de las condiciones es tal que muchas personas prefieren permanecer en la calle antes que concurrir a algunos de estos centros.
Pese a este escenario, el ministro Gonzalo Civila ha descartado de forma categórica la posibilidad de que el Estado asuma directamente la gestión de estos servicios, manteniendo el esquema de tercerización mediante organizaciones privadas, muchas de ellas de carácter religioso.
La discusión ya no pasa únicamente por los atrasos salariales. También pone en cuestión el uso de fondos públicos, las condiciones laborales de cientos de trabajadores, el respeto al principio de laicidad y el modelo de atención que el Estado ofrece a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Si buena parte del funcionamiento de estas organizaciones depende de recursos públicos, también resulta ineludible discutir el grado de control estatal sobre esos fondos, las condiciones laborales que allí se generan y la calidad de los servicios que se prestan en nombre del Estado.
