Claves sobre el debate de la inseguridad

Hay que legalizar todas las drogas

Voy a tratar de ordenar algunos hechos, declaraciones y circunstancias que rodean el debate sobre la inseguridad en Uruguay.

El ministro del Interior, Carlos Negro, comenzó su mandato con un sincericidio: afirmó que la guerra frontal contra el narcotráfico está perdida y que el objetivo del Estado debería ser «tratar de controlar el mercado» de manera inteligente, en lugar de intentar eliminarlo.

Después le dijeron: «No, Negro, eso no podés decirlo». Entonces retrocedió y matizó sus palabras. Pero el diagnóstico sigue siendo cierto y, a mi juicio, tenía razón.

Ahora bien, ¿qué significa realmente «tratar de controlar el mercado»? Dentro del sistema actual, no puede significar otra cosa que avanzar hacia la legalización de todas las drogas. Es la única medida capaz de reducir los efectos del mercado ilegal de sustancias. Existe abundante literatura sobre el tema y, sobre todo, una enorme evidencia acumulada tras el fracaso estrepitoso de la llamada guerra contra las drogas.

Otro hecho importante es el llamado «modelo Medellín». Durante años se llenaron la boca hablando de la paz de Medellín, de la recuperación de espacios públicos y de sus plazas inclusivas.

Hace poco tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con una figura importante del MPP. Me contó que integró una delegación junto al actual presidente de la República, Yamandú Orsi, que visitó esa ciudad. Según su relato, les quedó claro que la famosa paz de Medellín no es otra cosa que el resultado de una negociación entre el Estado, las fuerzas de seguridad y una de las organizaciones narcotraficantes que logró monopolizar tanto el mercado como el uso de la violencia en esa región. Una paz sostenida por ese monopolio y por nada más.

No es casualidad que, desde entonces, prácticamente nadie vuelva a hablar del modelo Medellín.

En Uruguay no parece que vayamos a recorrer ninguno de esos dos caminos.

El primero —el más lógico, inteligente y saludable—, que implica legalizar todas las drogas, carece del coraje político y social necesario para siquiera ponerse sobre la mesa. Ni las organizaciones sociales ni los partidos parecen dispuestos a asumir esa discusión, ya sea por falta de convicción ideológica o porque la ilegalidad de las drogas alimenta demasiados negocios que nadie quiere tocar.

Tampoco iremos por el segundo camino, el de Medellín o el de El Salvador. No existe aquí una organización narcotraficante capaz de imponer un poder absoluto sobre el mercado y el territorio. Probablemente por el tamaño del mercado uruguayo, por sus características logísticas y porque los nichos de poder político, policial y militar carecen de la unidad necesaria para sostener una negociación de ese tipo. Hay demasiados jugadores disputando el mismo negocio.

¿Qué tenemos entonces?

Humo.

El constante amague de sacar a los militares a la calle. El temor de los propios militares a actuar sin garantías de impunidad. Nuevos anuncios de reformas legales que luego quedan a mitad de camino. Y, finalmente, las soluciones intermedias tan características de esta penillanura levemente ondulada llamada Uruguay.

Pero esa tibieza no es gratuita.

También produce muertos. Genera estigmatización, despilfarro de recursos públicos, desconfianza, desidia y cansancio social.

La irresponsabilidad del sistema político puede tener costos enormes. Hace 53 años terminó desembocando en torturas, asesinatos y doce años de dictadura.

Ayer, hoy y siempre, el camino pasa por la organización popular desde abajo, hasta construir una huelga general capaz de poner las cosas en su lugar.

Nicolás Scarón