El Ministerio de Desarrollo Social mantiene un sistema de tercerización de políticas sociales que hoy enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de los trabajadores. Mientras organizaciones sociales acumulan meses de atraso en el pago de salarios, el gobierno continúa rechazando la posibilidad de estatizar los servicios y tampoco presenta alternativas para garantizar el cobro de quienes sostienen la atención cotidiana de la población más vulnerable. Según un pedido de informes realizado por Nicolle Salle, al que accedió Reactiva, existen 26 organizaciones religiosas que reciben recursos públicos para ejecutar más de 500 proyectos vinculados al MIDES. Las organizaciones religiosas forman parte de una estructura mucho más amplia. El MIDES mantiene alrededor de 280 convenios vigentes con unas 100 organizaciones de la sociedad civil para ejecutar políticas públicas en distintas áreas. Una parte importante de esos convenios corresponde a instituciones confesionales que administran refugios, paradores nocturnos, centros para personas en situación de calle, hogares y otros dispositivos destinados a la población más vulnerable. Los recursos no se entregan como subsidios de libre disponibilidad, sino mediante convenios para gestionar servicios específicos. Los montos varían según cada proyecto y pueden alcanzar varios millones de pesos por convenio. Investigaciones académicas sobre las políticas sociales en Uruguay señalan que algunas de estas instituciones religiosas obtienen hasta el 80% de su financiamiento de fondos públicos, lo que evidencia una fuerte dependencia económica del Estado. Para 2023, el MIDES destinó una partida cercana a los 797 millones de pesos para la ejecución de políticas sociales mediante convenios con organizaciones de la sociedad civil, una cifra que da cuenta de la magnitud de recursos públicos administrados bajo este sistema de tercerización. La participación de organizaciones religiosas tampoco ha estado exenta de controversias. En 2021 el MIDES resolvió finalizar un convenio con una congregación evangélica que administraba un parador nocturno luego de comprobarse que entregaba biblias y material religioso a las personas usuarias del servicio, una práctica considerada incompatible con el carácter laico que deben tener las prestaciones financiadas con recursos públicos. La crisis salarial se ha vuelto una constante. En distintos momentos llegaron a ser trece las organizaciones con salarios impagos. Actualmente son tres las instituciones que mantienen adeudos de hasta tres meses con sus trabajadores. Ante esta situación, el sindicato SUTIGA propuso la creación de un fideicomiso que garantizara el pago de los salarios cuando las organizaciones incumplieran sus obligaciones. Sin embargo, el MIDES rechazó la iniciativa y, hasta el momento, no ha presentado una propuesta alternativa. Uno de los casos más polémicos es el de la asociación civil religiosa Voz y Vida, dedicada al trabajo con personas en situación de calle. Trabajadores de esa organización denunciaron que, como condición para desempeñarse allí, se les exige donar el 10% de su salario a la institución, reproduciendo la práctica del diezmo dentro de una organización financiada con recursos públicos. A esta situación se suma la precarización laboral. Los trabajadores denuncian persecución sindical y contratos de apenas seis meses o un año, lo que dificulta la organización colectiva y profundiza la inestabilidad laboral. Las críticas también alcanzan la calidad de las prestaciones. Trabajadores sostienen que numerosos dispositivos carecen de recursos materiales y humanos suficientes para brindar una atención adecuada. Según afirman, el deterioro de las condiciones es tal que muchas personas prefieren permanecer en la calle antes que concurrir a algunos de estos centros. Pese a este escenario, el ministro Gonzalo Civila ha descartado de forma categórica la posibilidad de que el Estado asuma directamente la gestión de estos servicios, manteniendo el esquema de tercerización mediante organizaciones privadas, muchas de ellas de carácter religioso. La discusión ya no pasa únicamente por los atrasos salariales. También pone en cuestión el uso de fondos públicos, las condiciones laborales de cientos de trabajadores, el respeto al principio de laicidad y el modelo de atención que el Estado ofrece a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Si buena parte del funcionamiento de estas organizaciones depende de recursos públicos, también resulta ineludible discutir el grado de control estatal sobre esos fondos, las condiciones laborales que allí se generan y la calidad de los servicios que se prestan en nombre del Estado.
HAY QUE LEGALIZAR TODAS LAS DROGAS
Claves sobre el debate de la inseguridad Hay que legalizar todas las drogas Voy a tratar de ordenar algunos hechos, declaraciones y circunstancias que rodean el debate sobre la inseguridad en Uruguay. El ministro del Interior, Carlos Negro, comenzó su mandato con un sincericidio: afirmó que la guerra frontal contra el narcotráfico está perdida y que el objetivo del Estado debería ser «tratar de controlar el mercado» de manera inteligente, en lugar de intentar eliminarlo. Después le dijeron: «No, Negro, eso no podés decirlo». Entonces retrocedió y matizó sus palabras. Pero el diagnóstico sigue siendo cierto y, a mi juicio, tenía razón. Ahora bien, ¿qué significa realmente «tratar de controlar el mercado»? Dentro del sistema actual, no puede significar otra cosa que avanzar hacia la legalización de todas las drogas. Es la única medida capaz de reducir los efectos del mercado ilegal de sustancias. Existe abundante literatura sobre el tema y, sobre todo, una enorme evidencia acumulada tras el fracaso estrepitoso de la llamada guerra contra las drogas. Otro hecho importante es el llamado «modelo Medellín». Durante años se llenaron la boca hablando de la paz de Medellín, de la recuperación de espacios públicos y de sus plazas inclusivas. Hace poco tuve la oportunidad de conversar sobre este tema con una figura importante del MPP. Me contó que integró una delegación junto al actual presidente de la República, Yamandú Orsi, que visitó esa ciudad. Según su relato, les quedó claro que la famosa paz de Medellín no es otra cosa que el resultado de una negociación entre el Estado, las fuerzas de seguridad y una de las organizaciones narcotraficantes que logró monopolizar tanto el mercado como el uso de la violencia en esa región. Una paz sostenida por ese monopolio y por nada más. No es casualidad que, desde entonces, prácticamente nadie vuelva a hablar del modelo Medellín. En Uruguay no parece que vayamos a recorrer ninguno de esos dos caminos. El primero —el más lógico, inteligente y saludable—, que implica legalizar todas las drogas, carece del coraje político y social necesario para siquiera ponerse sobre la mesa. Ni las organizaciones sociales ni los partidos parecen dispuestos a asumir esa discusión, ya sea por falta de convicción ideológica o porque la ilegalidad de las drogas alimenta demasiados negocios que nadie quiere tocar. Tampoco iremos por el segundo camino, el de Medellín o el de El Salvador. No existe aquí una organización narcotraficante capaz de imponer un poder absoluto sobre el mercado y el territorio. Probablemente por el tamaño del mercado uruguayo, por sus características logísticas y porque los nichos de poder político, policial y militar carecen de la unidad necesaria para sostener una negociación de ese tipo. Hay demasiados jugadores disputando el mismo negocio. ¿Qué tenemos entonces? Humo. El constante amague de sacar a los militares a la calle. El temor de los propios militares a actuar sin garantías de impunidad. Nuevos anuncios de reformas legales que luego quedan a mitad de camino. Y, finalmente, las soluciones intermedias tan características de esta penillanura levemente ondulada llamada Uruguay. Pero esa tibieza no es gratuita. También produce muertos. Genera estigmatización, despilfarro de recursos públicos, desconfianza, desidia y cansancio social. La irresponsabilidad del sistema político puede tener costos enormes. Hace 53 años terminó desembocando en torturas, asesinatos y doce años de dictadura. Ayer, hoy y siempre, el camino pasa por la organización popular desde abajo, hasta construir una huelga general capaz de poner las cosas en su lugar. Nicolás Scarón
Laguna en disputa
El conflicto por el megaproyecto inmobiliario en la Laguna del Cisne suma un nuevo capítulo de alta tensión política, ambiental y judicial, con denuncias de vecinos que advierten sobre riesgos para la principal reserva de agua potable de la Costa de Oro. La iniciativa, vinculada al empresario Pablo Bidegain y desarrollada por el Grupo Laguna, prevé el fraccionamiento de unas 500 hectáreas en decenas de chacras. Según denuncian organizaciones sociales, el modelo apunta a multiplicar el valor de la tierra mediante loteos de alto costo, en una zona ambientalmente sensible. En entrevista con Reactiva Contenidos, Eduardo —integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Yasyry— sostuvo que el proyecto “implica un impacto muy importante en la laguna en todo sentido”, en referencia a la presión sobre un ecosistema frágil que abastece de agua potable a decenas de miles de personas en Canelones . El activista recordó que la laguna ya atravesó procesos de degradación por actividades agrícolas intensivas y obras fallidas durante la crisis hídrica, y advirtió que la instalación de más de 70 chacras —con construcciones, circulación de personas y ausencia de saneamiento en la zona— podría agravar la contaminación, alterar la permeabilidad del suelo y comprometer la calidad del agua . La resistencia vecinal no es nueva. Desde hace años, la comisión ha logrado frenar distintos proyectos considerados perjudiciales para la cuenca, consolidando una red de organización territorial que hoy vuelve a activarse frente al avance inmobiliario. El conflicto escaló en las últimas semanas al plano judicial tras la intervención de la fiscal Stella Alciaturi, quien intimó a los vecinos a retirar carteles y evitar declaraciones públicas que puedan considerarse difamatorias contra el empresario, bajo advertencia de posibles acciones penales. La medida fue interpretada por los denunciantes como un intento de limitar la libertad de expresión en el marco de un reclamo ambiental. En paralelo, el Ministerio de Ambiente de Uruguay mantiene observaciones sobre el proyecto y ha exigido la correspondiente autorización ambiental previa, lo que en los hechos implicó frenar el avance de las obras. El trasfondo del conflicto revela una disputa más profunda sobre el modelo de desarrollo territorial: entre la expansión del negocio inmobiliario y la preservación de recursos estratégicos como el agua. Para la comisión, la salida pasa por un camino opuesto: la expropiación de los padrones linderos a la laguna y su transformación en un área protegida con fines educativos y de conservación. En ese cruce de intereses —inversión privada, regulación estatal y organización social— la Laguna del Cisne vuelve a colocarse en el centro del debate público, mientras crece la preocupación por el futuro de una de las reservas de agua más importantes del país. La noticia es otra: lo que está en juego no es solo un proyecto inmobiliario, sino quién decide sobre los bienes comunes y bajo qué lógica se gestiona un recurso vital como el agua. Suscribite a La noticia es otra de Reactiva Contenidos para seguir este y otros temas en profundidad.
Tren y modelo país
La situación del sistema ferroviario en Uruguay volvió al centro del debate tras una entrevista con Washington Sánchez, integrante de la Unión Ferroviaria, quien expuso las tensiones estructurales que atraviesa el sector y su vínculo con el modelo de desarrollo nacional. Sánchez sostuvo que la reactivación del tren de pasajeros es técnicamente viable y socialmente necesaria, especialmente si se concreta la recuperación de la Estación Central como terminal. Sin embargo, advirtió que las decisiones políticas históricas han debilitado el ferrocarril, favoreciendo al transporte carretero y a intereses empresariales que consolidaron un fuerte poder de lobby. En ese marco, cuestionó el esquema actual del sistema ferroviario, en particular el modelo de “open access”, que encarece la operativa y prioriza intereses privados, como el transporte de carga vinculado a grandes empresas, por sobre el servicio público de pasajeros. Según explicó, esta lógica limita el desarrollo de un sistema accesible y eficiente para la población. El dirigente también remarcó que el desmantelamiento del ferrocarril no respondió únicamente a criterios económicos, sino a una orientación política que redefinió la matriz de transporte del país. Mientras otros países apostaron por modernizar el tren, Uruguay optó por reducirlo a servicios marginales, perdiendo competitividad incluso en sectores clave como el agro y la industria cárnica. A pesar de ese escenario, destacó experiencias como el servicio Tacuarembó–Rivera, sostenido en gran medida por el compromiso de los trabajadores, que demuestra la viabilidad social del tren: conecta localidades aisladas, facilita el acceso a la educación y ofrece tarifas más bajas que el transporte carretero, incluso sin subsidios. Sánchez también planteó críticas hacia el movimiento sindical, señalando dificultades metodológicas y políticas para impulsar con mayor fuerza la defensa del ferrocarril, así como la falta de articulación con otros actores sociales que valoran este medio de transporte. La discusión sobre el tren en Uruguay no es solo técnica ni económica: pone en juego qué tipo de país se construye y a quiénes beneficia la infraestructura pública, en un contexto donde el abandono del ferrocarril aparece menos como un error y más como una decisión estructural. Suscribite a La noticia es otra de Reactiva Contenidos para seguir de cerca los debates que marcan el rumbo del país.
La noticia es otra suma a Raúl Zibechi: una mirada crítica desde los movimientos sociales latinoamericanos
El programa La noticia es otra, de Reactiva Contenidos, incorpora al reconocido analista uruguayo Raúl Zibechi como nuevo integrante, ampliando su enfoque editorial con una perspectiva centrada en los movimientos sociales y las dinámicas de poder en América Latina. Educador popular, periodista, escritor y militante social, Zibechi ha desarrollado durante décadas un trabajo cercano a organizaciones de base en toda la región, experiencia que se refleja en su intervención dentro del ciclo conducido por Nicolás Scarón e Ismael Samandú. Su participación no se limita a un análisis coyuntural, sino que propone una lectura estructural de los procesos políticos, poniendo el foco en las formas de organización comunitaria y las tensiones entre institucionalidad y autonomía. Durante su primera aparición, Zibechi repasó experiencias históricas de movilización en Uruguay, como las ocupaciones estudiantiles de los años 90, destacando su carácter horizontal, asambleario y profundamente crítico de las estructuras tradicionales de la izquierda. Según planteó, estos procesos expresan una cultura política alternativa que rompe con la lógica jerárquica y vertical del poder institucional . El análisis se proyecta a escala continental. A partir de su vínculo con experiencias como el zapatismo en México y los movimientos indígenas andinos, Zibechi sostuvo que las transformaciones más profundas no necesariamente pasan por la toma del poder estatal, sino por la construcción de formas comunitarias capaces de “achatar la pirámide” y redistribuir el poder en la base social . En esa línea, cuestionó tanto a gobiernos como a dirigencias políticas que, a su entender, reproducen esquemas verticales incluso dentro de proyectos que se presentan como transformadores. También abordó procesos recientes en Bolivia, señalando tensiones internas y disputas de poder que debilitan a los movimientos populares. La incorporación de Zibechi refuerza el perfil analítico del programa, que busca interpretar la realidad política desde una perspectiva crítica y no convencional, integrando voces con trayectoria en el pensamiento latinoamericano. La noticia es otra continúa disponible en el canal de YouTube de Reactiva Contenidos, donde se puede acceder al análisis completo y suscribirse para seguir las próximas ediciones.
Escalada entre Irán y Occidente: advierten sobre consecuencias humanas irreversibles ante un eventual uso nuclear
El analista Ismael Samandú presentó un nuevo informe en el programa La noticia es otra, del canal de YouTube Reactiva Contenidos, donde abordó la evolución reciente del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, advirtiendo sobre el riesgo creciente de una escalada que incluya armamento nuclear y sus consecuencias humanas. Durante el análisis, Samandú repasó los principales hechos de la última semana, entre ellos ataques a instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní y respuestas militares sobre territorio israelí, en un contexto que —según explicó— marca un aumento sostenido en la intensidad del conflicto. En ese marco, señaló intentos de ampliar la confrontación hacia otros actores internacionales, particularmente Europa, en medio de tensiones políticas internas en los países occidentales. El informe también puso el foco en las diferencias entre la conducción política y los mandos militares, sugiriendo que estos últimos comprenden con mayor claridad los límites operativos y los riesgos reales de una guerra abierta. En paralelo, Samandú cuestionó la lógica estratégica del conflicto, planteando que carece de fundamentos militares sólidos y responde principalmente a intereses políticos y geopolíticos. Uno de los tramos centrales del programa estuvo dedicado a dimensionar el impacto de un eventual uso de armas nucleares. A través de simulaciones, se expusieron proyecciones de muertes inmediatas y heridos en grandes centros urbanos, evidenciando que incluso dispositivos considerados “tácticos” provocarían cientos de miles de víctimas en segundos, además de efectos prolongados por radiación que podrían extenderse a regiones lejanas. El análisis subrayó que la verdadera amenaza no radica únicamente en la potencia explosiva, sino en la contaminación radiactiva y sus consecuencias a largo plazo sobre poblaciones y territorios, desmontando la idea de un uso controlado de este tipo de armamento. Samandú sostuvo que el escenario actual coloca a la geopolítica internacional en un punto crítico, donde una decisión de este tipo implicaría un daño de escala civilizatoria, con efectos que trascienden a los países directamente involucrados. Suscribite al programa La noticia es otra en el canal de YouTube de Reactiva Contenidos para acceder a análisis en profundidad sobre los principales conflictos internacionales.
PIT-CNT y gobierno: el peso de una agenda que redefine la izquierda uruguaya
El análisis del periodista Nicolás Scarón en el programa La noticia es otra, de Reactiva Contenidos, pone en el centro del debate el rol histórico del PIT-CNT como actor determinante en la construcción política de la izquierda uruguaya, señalando que su influencia no solo fue fundacional, sino que continúa moldeando el rumbo del actual gobierno. Según Scarón, el vínculo entre el movimiento sindical —heredero de la histórica CNT— y la izquierda electoral no es circunstancial, sino estructural. Desde la propia génesis del Frente Amplio en 1971, la plataforma programática de los trabajadores organizados funcionó como base de su expresión política, consolidando una relación donde la fuerza social antecede y condiciona a la fuerza electoral. En ese marco, el analista sostiene que la actual deriva política del gobierno puede leerse como consecuencia directa de ese tutelaje histórico. La agenda impulsada desde el movimiento sindical presenta, según el informe, una marcada predominancia de propuestas de carácter redistributivo —como la reducción de la jornada laboral, impuestos a los sectores de mayores ingresos o la renta básica— por sobre iniciativas orientadas a transformar la estructura productiva del país. El informe advierte que esta inclinación no implica desestimar la importancia de la redistribución, pero sí subraya un desequilibrio: la ausencia de un contrapeso fuerte en favor de un modelo de país productivo limita la capacidad de la política para incidir en cambios estructurales de largo plazo. En ese sentido, Scarón remarca que propuestas históricas como la industrialización, la sustitución de importaciones o la inversión estatal en sectores estratégicos han perdido centralidad en el debate público. Otro de los puntos destacados del análisis es la transformación interna del propio movimiento sindical. La actual composición del PIT-CNT, con mayor peso en sectores de servicios, educación y administración pública, difiere de la base industrial que caracterizaba a la antigua CNT. Este cambio, según se plantea, incide directamente en el tipo de reivindicaciones que emergen, alejándose de una lógica productiva y reforzando demandas vinculadas a la distribución. Asimismo, el informe sugiere que esta reconfiguración dificulta la elaboración y sostenimiento de propuestas complejas vinculadas al desarrollo industrial o a la generación de nuevas capacidades productivas, en un contexto donde Uruguay enfrenta desafíos estructurales como el envejecimiento poblacional y la creciente automatización del trabajo. Scarón también introduce el debate sobre alternativas posibles, señalando la autogestión como una vía a explorar frente a la pérdida de empleo y la falta de iniciativas estructurales. En esa línea, menciona experiencias y propuestas impulsadas desde algunos sindicatos, como mecanismos de financiamiento para sostener sectores productivos, en un intento por no resignar capacidades económicas estratégicas. El análisis concluye que el predominio de una agenda distributiva, sin un desarrollo equivalente en materia productiva, no solo condiciona el discurso político, sino que también impacta en las decisiones concretas del gobierno. En ese equilibrio inestable, la histórica influencia del PIT-CNT aparece como un factor central para entender tanto las prioridades como las limitaciones de la izquierda en el poder. El programa completo puede verse en el canal de YouTube de Reactiva Contenidos, en una nueva entrega de La noticia es otra, conducido por Nicolás Scarón e Ismael Samandú.
El fantasma de la privatización vuelve al centro del debate político
El periodista Nicolás Scarón, en una nueva edición de La noticia es otra por el canal de YouTube Reactiva Contenidos, analizó la polémica generada en torno a la propuesta de vender acciones de empresas públicas, impulsada desde sectores del oficialismo, y advirtió sobre un giro conceptual que reabre discusiones históricas en Uruguay. Durante el editorial, Scarón diferenció entre mecanismos como los fideicomisos —que implican financiamiento sin cesión de propiedad— y la venta de acciones en el mercado bursátil, señalando que este último supone la entrada directa de capital privado en la estructura de empresas estatales. Según explicó, esta distinción resulta clave, ya que “no es lo mismo conseguir inversión que abrir la puerta a la lógica del mercado sobre empresas públicas”. El análisis también apuntó contra el argumento de que la apertura accionaria permitiría la participación de pequeños ahorristas. Scarón sostuvo que, en la práctica, el acceso real a ese tipo de inversiones queda restringido a grandes capitales, debido a los costos, comisiones y riesgos asociados al mercado bursátil. La propuesta generó reacciones transversales en el sistema político. Desde sectores históricamente vinculados a posturas liberalizadoras hasta dirigentes de la oposición, varios actores respaldaron la iniciativa, lo que, según el periodista, evidencia un alineamiento ideológico que trasciende fronteras partidarias y tensiona la interna del oficialismo. Scarón enmarcó este episodio en un proceso más amplio de contradicciones dentro de la izquierda uruguaya, recordando antecedentes como debates sobre privatizaciones, políticas productivas y decisiones vinculadas a grandes inversiones. En ese sentido, planteó que estos movimientos no constituyen hechos aislados, sino parte de una acumulación de decisiones que han ido alejando a sectores de la militancia. A su vez, el editorial abordó una creciente crisis de representación política, señalando una desconexión entre dirigencias y bases sociales. Según el análisis, este fenómeno se expresa tanto en la pérdida de participación como en el descreimiento hacia las estructuras tradicionales, lo que debilita la capacidad de convocatoria y organización. El periodista también cuestionó el uso del argumento del “juego a la derecha” para deslegitimar críticas internas, advirtiendo que ese tipo de prácticas puede profundizar la fragmentación y desalentar el debate político. En ese marco, sostuvo que la discusión sobre las empresas públicas no es meramente técnica, sino profundamente ideológica, ya que remite a una de las banderas históricas del movimiento social y político en Uruguay: el carácter estatal —o incluso social— de sectores estratégicos de la economía. El análisis concluye que la controversia actual no solo pone en cuestión una medida puntual, sino que expone una tensión de fondo sobre el rumbo político, económico y conceptual del gobierno, en un contexto donde la ciudadanía muestra señales crecientes de distanciamiento. Este contenido forma parte de La noticia es otra, el programa de análisis político conducido por Nicolás Scarón en el canal de YouTube Reactiva Contenidos, al que podés suscribirte para seguir las principales interpretaciones de la coyuntura nacional e internacional.
Estados Unidos e Irán: el conflicto expone tensiones con aliados y reconfigura el escenario global
El analista internacional Ismael Samandú sostuvo que la escalada entre Estados Unidos e Irán está generando un reordenamiento geopolítico que comienza a impactar directamente en los propios aliados de Washington, según se desprende de un nuevo informe del programa La noticia es otra, del canal de YouTube Reactiva Contenidos. Durante el análisis, Samandú explicó que los recientes ataques con misiles evidencian limitaciones en los sistemas de defensa occidentales, especialmente tras la destrucción de radares estratégicos que permiten la detección e interceptación. Esta situación, afirmó, reduce significativamente la capacidad de respuesta ante ofensivas de alta complejidad. En ese marco, destacó el desarrollo tecnológico de Irán en materia de misiles balísticos con capacidad de maniobra en vuelo, lo que dificulta su neutralización. Según indicó, este avance responde a un proceso de desarrollo propio, más allá de intercambios puntuales con potencias como Rusia o China. En el plano internacional, el analista señaló que la ofensiva también está generando tensiones entre Estados Unidos y países europeos, como Alemania, Francia e Italia, que han mostrado cautela frente a una eventual implicación directa en el conflicto, al tiempo que buscan preservar sus intereses económicos y energéticos. El informe advierte que esta dinámica refleja una transformación en el rol de Estados Unidos, que pasa de ser un garante del orden occidental a un actor que presiona a sus socios para sostener su estrategia global, incluso a costa de generar desequilibrios internos en sus alianzas. Samandú subrayó que, en este contexto, Rusia aparece como uno de los principales beneficiados por el aumento del precio del petróleo y su reposicionamiento en mercados energéticos, mientras que Europa enfrenta mayores niveles de incertidumbre económica. El análisis también abordó la situación en Medio Oriente, con especial énfasis en el riesgo de expansión del conflicto hacia el Líbano y la persistencia de la crisis en Palestina, que continúa activa aunque con menor visibilidad mediática. El conflicto no solo redefine el equilibrio militar en la región, sino que pone en evidencia una disputa más profunda por el control económico y político global, donde las alianzas tradicionales comienzan a mostrar signos de desgaste. Suscribite al canal Reactiva Contenidos y al programa La noticia es otra para acceder a más análisis en profundidad sobre la actualidad internacional.
Análisis advierte sobre el peso de consultoras privadas en las decisiones sobre el futuro del portland de ANCAP
El periodista Nicolás Scarón presentó un análisis sobre el rol de consultoras económicas en la evaluación del futuro de la industria del portland de ANCAP. El informe fue difundido en el programa La noticia es otra, del canal de YouTube Reactiva Contenidos, donde se examinan los criterios económicos utilizados para analizar la continuidad de la producción estatal de cemento. Durante el programa, Scarón analizó los informes elaborados por consultoras contratadas por ANCAP, entre ellas Exante y Trasmy, cuyos trabajos han sido utilizados como insumo para discutir el futuro de la industria cementera estatal. En particular, el informe señala que Exante fue fundada por economistas como Pablo Rosselli y Tamara Schandy, profesionales vinculados a una corriente de análisis económico que plantea la conveniencia de que el Estado se retire de actividades productivas consideradas no rentables desde una perspectiva estrictamente empresarial. El análisis presentado en el programa sostiene que este enfoque económico condiciona el tipo de diagnóstico que se produce sobre la industria del portland, ya que parte de una premisa que prioriza la reducción de la presencia estatal en sectores industriales que no generen ganancias inmediatas. Según el informe periodístico, el debate sobre el portland de ANCAP no se limita a un problema contable, sino que involucra una discusión más amplia sobre el papel del Estado en la producción industrial y en el desarrollo económico del país. El programa La noticia es otra, emitido por el canal Reactiva Contenidos, publica regularmente análisis sobre economía, política y geopolítica. Suscribite al canal para acceder a nuevos informes y contenidos periodísticos.
