Desde el 7 de octubre de 2023, la Universidad de la República (UDELAR) se ha visto sometida a un inusual nivel de presiones políticas y mediáticas, en el marco de la ofensiva desplegada por el lobby sionista en Uruguay. Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, protagonizaron denuncias y hostigamientos contra decanos, docentes y estudiantes, lo que derivó en un clima de persecución dentro de la institución.
Uno de los primeros episodios fue la denuncia penal contra Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades, a raíz de su participación en un concurso literario. La acusación, impulsada por el entonces ministro Pablo Da Silveira y la jerarca del MEC Mariana Weinstein, buscó descalificar públicamente al académico. Aunque la causa fue archivada meses después, el episodio expuso el uso de la judicialización como mecanismo de presión política.
Poco después, el MEC y el propio Da Silveira denunciaron al profesor Carlos Musso, grado 5 de Bellas Artes, a partir de una publicación en Instagram. Weinstein presentó incluso una denuncia penal, acompañada por el Comité Central Israelita, lo que derivó en un procesamiento judicial del docente por “incitación al odio”. La dimensión del caso mostró la coordinación entre jerarcas del gobierno y organizaciones de la colectividad israelita para instalar la idea de un antisemitismo en la UDELAR.
El conflicto escaló con la interpelación parlamentaria de mayo de 2024, convocada a raíz de la cátedra del profesor Alberto Spektorowski, señalado por estudiantes y docentes como apologista del genocidio en Gaza. En aquella instancia, el rector Rodrigo Arim, el decano Pablo Martinis y la profesora Andrea Díaz comparecieron en el Parlamento. Según consta en actas, las explicaciones estuvieron dirigidas más al Comité Central Israelita que a los legisladores. Incluso se llegó a calificar públicamente a la agrupación estudiantil 21 de Junio de “antisemita”, pese a que la investigación universitaria aún no había concluido.
Este proceder fue interpretado por amplios sectores de la comunidad universitaria como una “ofrenda al sionismo”. La sanción contra los estudiantes —suspensión del ingreso a la UDELAR por más de un año— se entendió como un gesto excesivo y desproporcionado frente a las acusaciones, sobre en el actual contexto, donde la propia institución ha denunciado el genocidio en Gaza y promovido la suspensión de la oficina de la ANII en Jerusalén.
La controversia también expuso la fractura interna de la UDELAR. Mientras sectores docentes y estudiantiles se pronunciaban contra la represión en Palestina, parte de las autoridades se alineaban con las exigencias de los denunciantes externos. Esta ambivalencia derivó en una crisis de confianza hacia figuras de la conducción universitaria, como el ex rector Rodrigo Arim, hoy declarado “persona non grata” por funcionarios de la institución.
A pesar de los episodios de persecución, la comunidad universitaria mantiene viva su capacidad crítica. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) hasta asociaciones de docentes y funcionarios, se han expresado en defensa de la libertad académica y contra la criminalización del pensamiento crítico. “En medio de tanta presión y oscuridad institucional, persiste un cuerpo sano que defiende la justicia y la vida”, señalaron desde colectivos internos.
El caso de la UDELAR ilustra cómo las denuncias de antisemitismo, instrumentalizadas políticamente, pueden erosionar la autonomía universitaria y desviar la atención de debates esenciales. Con miles de estudiantes, docentes y egresados comprometidos, la institución enfrenta hoy el desafío de recomponer su credibilidad y recuperar la armonía, tras una etapa signada por el hostigamiento, la judicialización y las presiones externas.
