En la localidad de Arbolito, departamento de Cerro Largo, el llamado “tercer nivel de gobierno” evidencia su mayor contradicción. Con una población real que ronda los 180 habitantes, y apenas 55 viviendas ocupadas, el alcalde fue electo sin competencia y con 261 votos en un padrón de más de 400 personas —cifra superior a la población efectiva, dado que muchos emigraron pero nunca cambiaron su credencial electoral.
Este caso no es una rareza. Es, en cambio, un símbolo del problema estructural que representa el sistema de municipios en Uruguay, particularmente en departamentos como Cerro Largo, que cuenta con 16 municipios, la mayoría sin justificación territorial, demográfica ni administrativa. El municipio de Quebracho, por ejemplo, eligió alcalde con apenas 154 votos.
¿Qué sentido tiene sostener municipios donde no hay pueblo?
El tercer nivel de gobierno fue impulsado como una forma de acercar el Estado a la ciudadanía. Pero en la práctica, lo que ha ocurrido en muchos casos es la construcción de una estructura paralela, costosa, clientelista y funcional al reparto de cargos entre partidos políticos.
En Cerro Largo, donde el exintendente Sergio Botana impulsó la creación de la mayoría de estos municipios, todos están en manos del Partido Nacional. Se trata de unidades administrativas que no cuentan con juez, ni cura, ni servicios básicos. En Arbolito, el sacerdote abandonó el pueblo, el juzgado permanece sin juez desde hace más de 10 años y muchas viviendas están deshabitadas.
El escudo del municipio —que ostenta referencias al imperio portugués, al reino de España y a una empresa eólica italiana— dice mucho del carácter decorativo de estas instancias, creadas más para justificar cargos y salarios que para resolver los problemas reales de los vecinos.
30 millones de dólares para cargos, no para servicios
En total, Uruguay tiene hoy 136 municipios. El costo anual de estos gobiernos locales —considerando salarios de alcaldes, concejales, asesores, choferes y estructuras administrativas— se estima en 30 millones de dólares por quinquenio. Ese dinero podría destinarse a salud, educación, transporte o vivienda, especialmente en localidades que carecen de servicios básicos.
Los municipios se financian mayoritariamente a través del presupuesto departamental, que a su vez depende del gobierno nacional. Es decir, los ciudadanos de Montevideo, Salto o San José terminan pagando con sus impuestos las estructuras políticas de localidades donde viven menos personas que en un complejo habitacional urbano.
Clientelismo y captura política
El caso de Cerro Largo muestra con nitidez cómo se utiliza la institucionalidad para consolidar poder político. Al dividir el departamento en múltiples municipios, el caudillismo se fortalece. Cada alcalde sin competencia es, en la práctica, un designado. No existe contrapeso, ni escrutinio real.
En las elecciones recientes, algunos municipios no tuvieron candidatos alternativos. El caso de Arbolito es emblemático: el alcalde fue electo sin oposición en una localidad donde ni siquiera hay servicios públicos fundamentales. Más que una descentralización efectiva, parece una estrategia de control político y asignación de favores.
Un sistema que fracasó
El tercer nivel de gobierno, lejos de acercar al Estado a la ciudadanía, se convirtió en muchos casos en una fachada para sostener estructuras clientelares. Salvo excepciones justificadas por razones de densidad o distancia —como Bella Unión en Artigas—, la mayoría de estos municipios no cumplen ninguna función relevante para la población.
El caso de Arbolito —donde se eligió un alcalde sin competencia en un pueblo prácticamente abandonado— ilustra a la perfección el problema. Para muestra, basta un botón.
