En el puerto de Montevideo, las empresas privadas encargadas de la carga y descarga de barcos contratan a sus trabajadores bajo el modelo conocido como “changa”. A primera vista, el término evoca un empleo temporal, fácil y puntual. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el trabajo de los changadores es permanente, físico al extremo y mucho más peligroso de lo que se suele imaginar.
El sistema de contratación fragmentada, lejos de responder a necesidades eventuales, se ha consolidado como un mecanismo estructural de precarización laboral. En lugar de contratos estables, los changadores son convocados día a día, sin garantías de continuidad ni seguridad social plena. La incertidumbre es la norma: hoy trabajan, mañana tal vez no.
La transcripción recogida en el especial «El puerto no es changa» en YouTube, da cuenta de esa paradoja: quienes sostienen con su esfuerzo la operativa comercial del país, descargando contenedores, bolsas de grano y mercaderías de gran porte, son tratados como trabajadores descartables. Testimonios de changadores denuncian maltrato, represión y la falta de condiciones mínimas de seguridad en las faenas.
Los riesgos son constantes: largas jornadas cargando y descargando materiales pesados, exposición a maquinaria en movimiento y ausencia de protocolos adecuados para evitar accidentes. No es un “trabajo fácil y pasajero”, sino una labor de alto desgaste físico que, sin estabilidad ni respaldo, convierte a los changadores en eslabones frágiles de una cadena que mueve millones de dólares.
A esa realidad se suma la voz de Stefani, una de las pocas mujeres changadoras del puerto. Su testimonio refleja la doble carga que enfrentan ella y sus compañeras: además de la precariedad común a todos los changadores, deben lidiar con discriminación, acoso y la constante duda de las empresas sobre su capacidad física. “Nosotras trabajamos igual que los hombres, cargamos, descargamos y cumplimos las mismas tareas, pero siempre nos ponen más obstáculos y menos reconocimiento”, relata. Lo más crudo, según Stefani, es el trato hacia las trabajadoras embarazadas: lejos de otorgarles protección, las empresas simplemente dejan de llamarlas, privándolas de ingresos en un momento de especial vulnerabilidad. Su experiencia evidencia que la precarización se profundiza cuando se cruza con la desigualdad de género.
La contradicción es evidente: mientras el puerto es una de las principales puertas de ingreso de divisas al país, quienes lo sostienen trabajan en condiciones inestables, sin reconocimiento acorde a su aporte y enfrentando prácticas empresariales que priorizan la reducción de costos sobre la seguridad y la dignidad laboral.
La situación abre un debate urgente: ¿seguirá naturalizándose la figura del changador como “trabajador de ocasión” en un sector que demanda fuerza de trabajo permanente? ¿O llegará el momento de reconocer formalmente que lo que se vende como “changa” es, en realidad, un empleo estructural que exige estabilidad, derechos y condiciones dignas?
