Durante casi 30 días, Uruguay tuvo que importar combustibles refinados a causa de la rotura del PLEM en José Ignacio. El costo de la contingencia: 15 millones de dólares, es decir, unos 500.000 dólares extra por día
Aunque el ente público anunció la reparación de la boya y del sistema de bombeo, el problema de fondo permanece intacto: el oleoducto que une José Ignacio con la refinería de La Teja está en estado crítico.
La cañería, de 170 kilómetros y construida en 1978 por la dictadura, tiene casi 50 años. Técnicos aseguran que su vida útil caducó hace más de dos décadas. Hoy acumula más de 200 parches en su recorrido
El 2024 marcó un punto de quiebre: fueron al menos ocho derrames graves en distintos tramos, desde Costa Azul hasta Santa Lucía del Este, pasando por barrios de Montevideo como La Teja y la Tablada.
Las consecuencias fueron visibles: cangrejos muertos en el arroyo Solís Grande, playas contaminadas en plena temporada turística, vecinos denunciando petróleo en sus graserías y hasta un insólito episodio en el barrio Marconi, donde un vecino perforó el caño maestro intentando hacer una conexión irregular de agua
El impacto económico y ambiental es alarmante. Afecta la pesca artesanal, la biodiversidad costera y la imagen turística del país. Sin embargo, las decisiones de conducción parecen haber reforzado la desidia. Nicolás Spinelli, gerente de logística durante los derrames de 2024 y señalado como uno de los principales responsables, no solo no fue sancionado: en agosto de ese mismo año fue ascendido a gerente general por el expresidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic
Con el cambio de gobierno, Spinelli se mantiene en el cargo, respaldado por la nueva presidenta, Cecilia San Román.
Ante este escenario cabe preguntarse: ¿corregirá la nueva administración esta peligrosa carencia de inversión en infraestructura estratégica? ¿O profundizará el camino de responsabilizar al sindicato por los problemas de abastecimiento?
Las recientes amenazas de declarar la esencialidad en sectores que no afectan directamente la distribución de combustibles parecen adelantar la respuesta. Mientras tanto, Uruguay sigue dependiendo de un oleoducto colapsado, cuya fragilidad expone al país a pérdidas millonarias y daños irreversibles al ambiente y al turismo.
