Aunque el programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2025-2030 plantea evitar la construcción de barrios cerrados y promover una urbanización inclusiva, las acciones de su principal figura política, Yamandú Orsi, parecen ir en el sentido contrario. Orsi, exintendente de Canelones y precandidato presidencial, firmó recientemente el decreto 85/025, que extiende hasta 2028 un régimen de exoneraciones fiscales a megaproyectos inmobiliarios, entre ellos los barrios privados.
El decreto amplía los beneficios otorgados en 2020 por el presidente Luis Lacalle Pou mediante el decreto 138/020, que a su vez reglamentaba la ley 16.906 de promoción de inversiones. Este régimen otorga importantes ventajas fiscales: exoneración del impuesto a la renta (IRAE), del impuesto al patrimonio, devolución de IVA y exoneraciones para importar materiales de construcción. Beneficios que no están disponibles para las cooperativas de vivienda, en las que viven más de 100.000 personas en condiciones de esfuerzo colectivo y autogestión.
Una política para pocos: 4 millones de dólares como piso
Los proyectos beneficiados por este régimen son aquellos que superan los 4 millones de dólares de inversión. Esto deja fuera cualquier iniciativa popular o comunitaria, como las cooperativas de vivienda. Según datos oficiales, en Uruguay existen hoy más de 100 barrios privados donde viven unas 30.000 personas. Solo entre 2020 y 2023, estos emprendimientos atrajeron inversiones por más de 2.500 millones de dólares en el departamento de Canelones.
La mayor parte de estos desarrollos se concentran en Canelones y Maldonado, y uno de los casos más discutidos actualmente es el intento de construir un barrio privado en Guazúbirá, sobre zonas de bañados y barrancos, sin saneamiento ni previsión ambiental adecuada. La Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Canelones ha expresado su rechazo, y vecinos organizados también resisten el proyecto.
Fragmentación social y beneficios para los más ricos
Desde el punto de vista social, el fomento a los barrios privados profundiza la segmentación territorial. El propio programa del Frente Amplio advertía que estos proyectos afectan la integración urbana, generan exclusión y debilitan el espacio público. Pese a ello, el decreto firmado por Orsi otorga incentivos a quienes eligen vivir en espacios cerrados, segregados del resto de la ciudad.
Mientras las cooperativas deben pagar materiales, IVA, impuestos y asumir largas deudas para acceder a una vivienda, los inversores de barrios privados reciben beneficios estatales que abaratan sus costos y aumentan su rentabilidad. Así, se subsidia con fondos públicos un modelo urbanístico excluyente, al tiempo que se castiga el esfuerzo colectivo.
Una trama empresarial y política concentrada
Entre las principales desarrolladoras de barrios privados en Uruguay se encuentra el grupo detrás de La Tahona, vinculado a figuras empresariales y sociales de alto perfil. La sociedad anónima Runtuna S.A., que lidera el emprendimiento, tuvo como accionista principal a una empresa radicada en Belice, paraíso fiscal involucrado en los Panama Papers. Entre sus socios figuran nombres como Félix Añón, la familia Heber Videla y personas con conexiones con el Grupo Cisneros de Venezuela. Algunos de ellos incluso organizaron encuentros sociales en los que participó Yamandú Orsi cuando era intendente.
Este entramado empresarial, con ramificaciones en medios de comunicación, inversiones offshore y tierras de alto valor, da cuenta de que los barrios privados no son solo una opción de vivienda, sino parte de un modelo de acumulación de capital con respaldo político.
¿Un país de beneficios para unos y sacrificios para otros?
La contradicción entre el discurso programático del Frente Amplio y la gestión concreta de sus dirigentes queda al desnudo con esta política. La defensa de la “ciudad inclusiva” y del “derecho a la vivienda” se diluye frente a un modelo de desarrollo urbano que prioriza el lucro privado, la fragmentación social y el blindaje fiscal para los más poderosos.
Mientras tanto, cooperativistas, trabajadores y vecinos que no pueden pagar un terreno ni importar materiales desde el exterior siguen sosteniendo con su esfuerzo un sistema que les niega los beneficios que sí reciben aquellos que buscan vivir aislados del resto del país.
