La tibia reacción del gobierno uruguayo tras el tiroteo al embajador Fernando Arroyo por parte del ejército israelí revela los vínculos crecientes con el Estado ocupante. En 2024, Uruguay alcanzó cifras récord en exportación de carne a Israel: más de 20.000 toneladas y 110 millones de dólares.
El fines de mayo, el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo, fue tiroteado por soldados israelíes mientras participaba en una visita diplomática a un campo de refugiados en Jenin, Cisjordania. Pese a la gravedad del hecho —un ataque armado contra una delegación internacional en territorio ocupado—, la respuesta del gobierno uruguayo ha sido ambigua y evasiva.
Lejos de condenar con firmeza lo ocurrido o de exigir responsabilidades a Israel, el presidente y su cancillería optaron por una retórica confusa, amparándose en la noción de “zona de guerra” y evitando cualquier mención a la ilegalidad de la ocupación o al carácter sistemático de la violencia israelí.
El hecho se da en un contexto de profundos lazos comerciales entre Uruguay e Israel. En lo que va del año 2024, Uruguay exportó más de 20.000 toneladas de carne al país genocida, alcanzando una cifra récord de 110 millones de dólares. Esto posiciona al país como el cuarto mayor exportador de carne a Israel, lo que implica que uno de cada 10 kilos de carne que se consume en ese país proviene de Uruguay.
A nivel regional, la situación no es menos alarmante. El 75% de la carne consumida en Israel durante 2024 provino del MERCOSUR, lo que refleja un fuerte alineamiento económico del bloque con el Estado de Israel, en pleno desarrollo de un genocidio ampliamente denunciado por organismos internacionales y cortes penales.
Mientras se registran estas cifras históricas de comercio, el vínculo diplomático con Palestina permanece en estado de congelamiento. Uno de los objetivos de la misión del embajador Arroyo en Jenin era precisamente reactivar una inversión industrial de origen palestino en el departamento de Florida, un proyecto que había sido acordado en 2016 y que prometía generar más de 100 empleos directos. El atentado que sufrió Arroyo frustró de facto cualquier avance, y el tema ha sido completamente silenciado por las autoridades uruguayas.
La Coordinación por Palestina emitió un comunicado exigiendo al gobierno uruguayo dos puntos fundamentales:
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Reconocer que Israel no tiene jurisdicción sobre Cisjordania y que el ataque fue una violación al derecho internacional.
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Dejar de hablar de “guerra” para referirse a lo que es un genocidio y una ocupación ilegal.
Asimismo, organizaciones y voces críticas en Uruguay reclaman que el país deje de suministrar carne al ejército ocupante, como gesto mínimo de coherencia y respeto a los derechos humanos, recordando que si bien Uruguay no exporta armas, está aportando insumos claves a las fuerzas represivas israelíes.
El silencio del gobierno frente a este ataque a su propio embajador, y la falta de medidas diplomáticas en respuesta, contrastan fuertemente con las reacciones que hubiera tenido ante hechos similares en otras regiones. La “tibieza” institucional no es aislada: responde a una política exterior cada vez más alineada con intereses sionistas —a nivel económico, mediático y político—, incluso a costa del propio cuerpo diplomático uruguayo.
