A una semana del paro nacional del jueves 13 de noviembre, los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continúan denunciando atrasos en el pago de salarios, afectando especialmente a quienes sostienen los servicios más sensibles del Estado.
Estos funcionarios —que trabajan en refugios para personas en situación de calle, dispositivos para mujeres víctimas de violencia, atención a expresos, personas con adicciones y centros diurnos— están nucleados en el SUTIGA (Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines). Pese a las medidas de lucha y la reunión mantenida con autoridades del ministerio, cerca de 100 trabajadores de unos 15 refugios siguen sin cobrar.
En entrevista con La noticia es otra, Diego Andrada, de la Secretaría de Tercerizados y la Dirección Nacional de SUTIGA, remarcó que la situación ya es “insostenible”. Explicó que el problema no es nuevo: se arrastra desde el gobierno anterior y continúa bajo la actual administración, donde la combinación de burocracia, falta de controles y un esquema de tercerización fallido mantiene trancados los pagos.
Mientras tanto, los trabajadores enfrentan consecuencias gravísimas: hay quienes están a punto de ser desalojados, y algunos incluso podrían terminar ingresando ellos mismos a los refugios donde trabajan.
La paradoja es tal que varios funcionarios han recibido colectas realizadas por los propios usuarios de los refugios —personas en situación de calle, sin ingresos estables— para poder comer o pagar transporte. Andrada lo describe como “el reino del revés”.
Aunque el actual MIDES, encabezado por Gonzalo Civila, escucha al sindicato —algo que no sucedía en la administración anterior— el problema no se ha resuelto y no existe todavía un mecanismo que garantice el cobro en fecha.
El trasfondo estructural
El sindicato reiteró que la raíz del problema es la tercerización, que introduce procesos burocráticos y controles que retrasan cada pago. El Estado gira fondos a diversas organizaciones (ONG, cooperativas, grupos religiosos), pero las auditorías y la falta de funcionarios para procesar las rendiciones generan cuellos de botella que terminan golpeando siempre al trabajador.
A pesar de trabajar con poblaciones extremadamente vulnerables —personas en situación de calle, mujeres víctimas de violencia, expresos, personas con problemas de salud mental o consumo— este conflicto sigue siendo invisibilizado en la agenda política y mediática.
SUTIGA avanza en organización
El paro del 13 marcó un salto cualitativo: por primera vez, trabajadores que cobraron se solidarizaron con quienes no, fortaleciendo la unidad del sector.
SUTIGA advierte que, si no hay soluciones inmediatas, las medidas continuarán.
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