El actual intendente de Cerro Largo, Christian Morel, rompió el silencio y lanzó una serie de denuncias que evidencian un colapso institucional y financiero en la comuna. La situación heredada de su antecesor y viejo padrino político, José Yurramendi —dirigente del sector de Sergio Botana—, refleja un entramado de excesos, clientelismo y opacidad que parece haber llevado a la intendencia al borde del abismo.
Morel reveló que la deuda departamental supera los 40 millones de dólares, y que ningún banco, ni público ni privado, mantiene líneas de crédito abiertas con la intendencia. ANCAP cortó el suministro de portland, paralizando obras, y programas básicos como “Un plato caliente” —que brindaba alimentación a personas en situación crítica durante el invierno— fueron desactivados por falta de fondos. Hoy, comerciantes locales y frigoríficos improvisan una olla popular para sostener lo que antes era política pública.
La gravedad de la situación llega al punto de que funcionarios municipales están pagando de su bolsillo el combustible para los vehículos oficiales, sin garantía de reembolso. Mientras tanto, la intendencia acumula 1623 funcionarios, pero una treintena de ellos cobran sus sueldos desde Montevideo y no se conoce su función. Según Morel, se les envió un correo para que informen qué hacen. Ninguno respondió.
Este panorama se inscribe en una interna política explosiva dentro del Partido Nacional. Botana, que fue impulsor de la creación de 16 municipios en Cerro Largo —una cifra desproporcionada si se la compara con otros departamentos similares—, enfrenta ahora el juicio público por una estructura que, según denuncias, funcionó como máquina de reparto político. En algunas localidades, incluso, se eligieron alcaldes sin oposición y con apenas 90 votos.
La ruptura entre Botana y Morel, quien supo ser parte de su riñón político, se selló cuando Morel desafió la hegemonía del sector y perdió por apenas 200 votos una interna al Senado. No obstante, ganó la intendencia, desplazando al candidato botanista José Yurramendi.
Hoy, el cruce de acusaciones entre los sectores Aire Fresco (al que ahora responde Morel y que lidera Álvaro Delgado) y el botanismo escala a nivel nacional. Botana acusa a Delgado y sus aliados de “no saber ni dónde queda Cerro Largo” y de “solo pensar en Punta del Este”, mientras intenta desligarse del desastre financiero que deja su legado.
En el trasfondo, incluso se denuncia el desplazamiento de una funcionaria de carrera para nombrar como directora de turismo a Liset Ruiz, excandidata del Frente Amplio en Melo, en un aparente acuerdo político con Morel que se remonta al último balotaje. La situación, tratada con dramatismo en medios locales, fue aprovechada por el botanismo para cargar tintas sobre su exsocio.
Pero la pregunta que atraviesa todo el relato es simple y grave: ¿quién pagará el costo de este caos? Porque mientras se cruzan acusaciones, lo cierto es que las cuentas están vacías, las calles sin arreglar, los museos cerrados y los servicios sociales paralizados.
La intendencia, según su actual jefe, ha quebrado. Y como suele ocurrir en este país, el salvataje puede venir desde Montevideo, con recursos nacionales. El temor es claro: que lo termine pagando el pueblo uruguayo.
