Treinta y seis años después del asesinato de Guillermo Machado, joven trabajador de la construcción y militante comunista, la herida sigue abierta. No solo por la impunidad que rodea su caso, sino porque su muerte marca el inicio de una larga lista de asesinatos policiales cometidos durante la democracia, con las mismas prácticas heredadas de la dictadura.
Machado tenía 31 años, era obrero del SUNCA y militante de la Unión de Juventudes Comunistas. El 16 de julio de 1989 fue detenido junto a una amiga por efectivos policiales en una plaza de la zona del Hospital Pasteur. Ambos fueron trasladados a la Seccional 15 de Montevideo. Ella fue liberada horas más tarde; a él lo devolvieron en coma. Ocho días después, murió. La versión oficial habló de un intento de suicidio con un buzo. Sin embargo, el médico forense Ricardo Caritat fue tajante: las lesiones no eran compatibles con esa hipótesis. Eran marcas de una golpiza brutal.
El único procesado fue el subcomisario Basilio Méz Duarte Leites, que estuvo apenas 70 días preso. El crimen sigue impune. En su declaración, Duarte justificó la detención de Machado diciendo que «tenía el pelo largo, barba, y estaba desprolijo». Ese mismo policía ya había sido sancionado en 1979 por no cumplir “efectivamente” con una razzia durante la dictadura. Diez años después, volvió a actuar con violencia, esta vez con el respaldo de una democracia que nunca desarmó sus aparatos represivos.
La represión a los jóvenes pobres y trabajadores no terminó con el retorno institucional. En palabras de Ismael Samandú en el canal de Reactiva, “la dictadura no se fue: se adaptó”.
Años más tarde, la hija de Guillermo, Cecilia Machado, recuperó esta historia en su libro Inhumanas Bestias, donde reconstruye no solo la vida de su padre, sino la genealogía de una práctica sistemática de violencia estatal. El libro fue editado por el SUNCA y lamentablemente recibió escasa difusión.
Una larga lista, una misma política
Desde el caso de Machado, decenas de asesinatos similares ocurrieron bajo gobiernos de distinto signo. No es una política partidaria, es una política de Estado. Un sistema que apunta contra los mismos cuerpos: jóvenes, pobres, hijos de trabajadores. Algunos nombres:
Sergio Lemos (1993), 17 años, baleado por la espalda por un policía de particular.
Luis Ernesto González (1994), muerto en una comisaría tras una «averiguación de identidad».
Richard Lima (2007), asesinado en Punta de Rieles por un disparo policial.
Pablo (2019), muerto en una redada en Lagomar. La policía dijo que se había suicidado… con un buzo.
David Blanco (2022), muere bajo custodia policial en Maldonado. La autopsia reveló lesiones previas.
Carlos Suárez (2024), asesinado en Bella Unión en un operativo antidrogas. Estaba desarmado.
Cada caso fue silenciado, negado o desviado. Cuando hay testigos o presión popular, los relatos policiales se tambalean. Cuando no, la versión oficial triunfa. En todos los casos, la impunidad es norma.
¿Y si fueran otros?
La pregunta no es retórica. ¿Qué pasaría si la lista de asesinados por la policía la encabezaran empresarios o políticos? ¿Qué nivel de repudio, cobertura y acción estatal se generaría? Pero no. Son nuestros muertos. Son hijos del pueblo, como Guillermo Machado, cuyo padre era portuario y su madre costurera.
Hoy, como ayer, levantamos sus nombres. No por nostalgia, sino por justicia. Porque no olvidamos, y porque sabemos que recordar no es un acto pasivo: es un acto político. Y en este caso, urgente.
