La reciente decisión del Gobierno de suspender la exportación de ganado en pie expuso algo más que una diferencia de criterios: mostró una descoordinación que no es anecdótica, sino reveladora. El ministro de Ganadería, Fernando Fratti, anunció la medida con el respaldo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos del sector frigorífico. Pero el ministro de Economía, Gabriel Odone, la criticó abiertamente, aduciendo que no había fundamentos técnicos y, más grave aún, que no estaba al tanto de la decisión. Lo hizo en público, y con evidente malestar.
La imagen es clara: un Gobierno dividido en dos. Pero la cuestión va más allá de un error de comunicación. Lo que está en juego son modelos económicos y sectores de poder enfrentados: por un lado, los frigoríficos nacionales y sus trabajadores, que reclaman más faena local y empleo; por otro, los grandes exportadores de ganado en pie, respaldados por intereses financieros internacionales y por un sector del liberalismo económico que, como en este caso, encuentra su portavoz en Odone. El presidente Orsi aparece, hasta ahora, como mediador, pero también como rehén de un conflicto que no logra (o no quiere) contener.
La “desprolijidad” con la que se manejó esta medida no parece ser casual. Más bien, funciona como escenario: un ring donde los distintos actores exponen sus intereses y su capacidad de presión. El Gobierno, al no resolver previamente estas tensiones, las blanquea en público. ¿Estrategia o falta de conducción? ¿Ensayo de fuerza o error de cálculo?
El trasfondo histórico no es menor. La exportación de ganado en pie comenzó en tiempos de Lacalle padre y ha sido cuestionada desde entonces por su impacto en el empleo y el valor agregado. El Frente Amplio, que estuvo quince años en el poder y ahora vuelve al Gobierno, nunca logró definir una política clara sobre este tema. Hoy, esa indefinición se paga con un espectáculo de ministros enfrentados, declaraciones cruzadas y decisiones que parecen improvisadas.
Lo más preocupante es que, como en tantos otros casos, el resultado probable es conocido: los sectores más perjudicados serán los trabajadores de la industria cárnica y los consumidores, que terminarán pagando el costo de un Gobierno que no logra armonizar sus propios intereses. Porque, si algo quedó claro, es que no hay una política de Estado; hay una lucha interna por imponer agendas, respaldadas por actores que poco tienen que ver con el interés general.
A esto se suma un dato que no puede ignorarse: la creciente influencia de grupos financieros internacionales sobre sectores clave de la economía uruguaya, desde la carne hasta el hidrógeno verde. La disputa por el ganado en pie es apenas un episodio de una pelea mayor, en la que el poder real no se define solo en el Parlamento o en los ministerios, sino en negociaciones opacas y mesas chicas donde el pueblo no tiene asiento.
El “fraticidio” —como irónicamente se definió en nuestro canal— VER VIDEO es el símbolo de un gobierno atrapado entre sus contradicciones, sin conducción clara y con sectores que operan por libre. Es también una advertencia: si las decisiones estratégicas siguen definiéndose de este modo, quienes siempre terminan pagando son los de abajo.
