Uruguay tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Son casi 500 personas presas por cada 100.000 habitantes. Desde el año 2000, la población carcelaria se triplicó. Pasó de 5.000 a más de 16.000 personas. El aumento ha sido sostenido, independientemente del signo político de los gobiernos. Las cárceles uruguayas están desbordadas, hacinadas, violentas y degradadas. Y aún así, se siguen llenando.
Muertes, enfermedad y abandono
Las muertes en prisión son frecuentes. Solo en el último año murieron 50 personas, el 60% en hechos violentos. En junio pasado, cuatro presos murieron calcinados en el exComcar. En 2010, en Rocha, otros 12 murieron atrapados en sus celdas mientras intentaban calefaccionarse. Las muertes por tuberculosis y VIH se multiplican: enfermedades que en el resto de la sociedad están prácticamente controladas, en prisión son letales. La tasa de suicidios es 4,5 veces mayor que en libertad. La tasa de homicidios, 16 veces mayor. Las cárceles no rehabilitan, destruyen.
El hacinamiento promedio supera el 180%, y en algunos módulos llega al 200%. Es decir: donde caben 10, se encierra a 20. Esa es la norma.
¿Quiénes están presos?
El 91,5% de las personas presas son varones. El 75% tiene menos de 38 años. El 99% está en situación de pobreza y el 50% sufre algún tipo de trastorno mental. Apenas el 2,5% terminó el ciclo básico de educación. La mitad es analfabeta funcional. Un 25% tiene adicciones graves. Y un dato elocuente: solo el 8% está preso por delitos con violencia directa (como rapiña). La mayoría está privada de libertad por hurtos, receptación o microtráfico.
El impacto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue brutal para las mujeres: desde su aprobación, la cantidad de mujeres presas casi se triplicó, en su mayoría por delitos vinculados al microtráfico. Son madres, pobres, sin apoyo y muchas veces obligadas por sus parejas.
La cárcel como trampa
El sistema penitenciario uruguayo gasta más de 200 millones de dólares por año. Cada persona presa le cuesta al Estado más de 1.000 dólares mensuales. Sin embargo, en la mayoría de los módulos los internos cocinan con 80 pesos por día. El contraste entre el gasto y las condiciones de vida revela una verdad incómoda: alguien se está quedando con la plata.
Desde 2011, con la Ley de Participación Público-Privada, se habilitó que empresas privadas construyan, administren y lucren con el sistema penitenciario. Teyma, Avengoa, Sacemm, Ciemsa y empresas de catering offshore en Bermudas forman parte de los consorcios beneficiados. A estas se suman compañías de seguridad privada como Prosegur, Securitas o G4S, que controlan traslados, perímetros y fiscalías.
A esta red de empresas se suma el negocio informal dentro de las cárceles: drogas, celulares, traslados tarifados. En 2023, el propio director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, reconoció públicamente: “Todos somos potenciales entradores de droga a la cárcel”. Según sus declaraciones, algunos funcionarios llegan a ganar 100.000 pesos mensuales vendiendo teléfonos a 25.000 pesos cada uno. Todo está tarifado. Todo es negocio.
¿Qué se construye con todo esto?
La cárcel no es una respuesta a la inseguridad. No reduce el delito, ni protege a las víctimas, ni ofrece una salida digna a quienes delinquen. Uruguay invierte millones para encerrar, castigar y degradar a una población que el propio Estado ha excluido sistemáticamente: jóvenes, pobres, sin educación, con trastornos, con hambre. Es una emboscada.
Las cárceles uruguayas se parecen cada vez más a campos de concentración modernos. Y quienes se llenan los bolsillos con este sistema son las empresas privadas que han sido legitimadas y blindadas por todos los gobiernos, incluidos aquellos que antes las combatían. La ironía es profunda: lo que antes fue una denuncia simbólica («la cárcel del pueblo», hoy es política de Estado.
En el país con más presos y más policías por habitante de América Latina, la impunidad no está del lado de quienes roban una garrafa: está del lado de quienes se enriquecen con su encierro.
