Durante décadas, el pueblo palestino ha soportado una ocupación brutal que hoy se expresa en cifras insoportables: más de 55.000 muertos, miles de niños asesinados, millones de desplazados. Ante este escenario, en Uruguay se asiste a una lenta pero significativa reacción de sectores sociales y políticos que, aunque tardíamente, comienzan a llamar a las cosas por su nombre: genocidio.
La izquierda uruguaya ha transitado un camino de dudas, silencios y contradicciones. Pero ese tránsito ha empezado a quebrarse por abajo: colectivos anónimos, sindicatos, comités de base, vecinas y vecinos de a pie fueron los primeros en levantar la voz. Fue la militancia social la que sostuvo el tema en soledad, hasta que las declaraciones de Sergio Sommaruga en el estrado del PIT-CNT marcaron un punto de inflexión. No sólo nombró el genocidio, lo hizo en voz alta y desde una tribuna política clave.
A partir de ahí, se precipitaron comunicados, definiciones claras del Frente Amplio, y un giro discursivo que dejó aislado al gobierno y a sectores conservadores, anclados en la defensa de un Occidente idealizado y cómplice. La distancia entre quienes niegan la masacre y quienes alzan la voz ya no es sólo política: es ética.
Esta coyuntura debe ser más que una disputa narrativa. Requiere acciones concretas: cortar vínculos con el gobierno de Israel, enviar ayuda humanitaria, visibilizar cada crimen. No basta con reconocer el genocidio; hay que militar su detención. El silencio ya no es opción. Y las palabras, si llegan, que lleguen con el peso de la acción.
