Montevideo, agosto de 2025 – El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), a través de su sector Dragado, advirtió sobre la grave situación que atraviesa esta área estratégica de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y denunció una maniobra deliberada para debilitarla, con el objetivo de entregar un negocio millonario y permanente a empresas privadas.
En una entrevista realizada por Reactiva Contenidos, los trabajadores —entre ellos Marcelo (cocinero de a bordo), Gustavo, Dylan Sosa (maquinista naval), Yhonatan, Nelson Blanco (timonel de la Draga 7) y Pablo Márquez (marinero de cubierta)— expusieron la importancia del dragado público para el comercio exterior y la soberanía del país. Relataron que, en promedio, se extrae un millón de metros cúbicos de barro por mes y vuelven a entrar 800 mil, lo que exige una operación continua y eficiente.
Actualmente, la ANP cuenta con 17 embarcaciones, incluidas tres dragas, pero solo dos están operativas (la Draga 7 y el remolcador Genoa) y, en la práctica, solo una realiza dragado. La falta de personal impide poner en marcha las restantes, incluso cuando están reparadas. Según datos de la propia ANP, mencionados en la entrevista, el dragado público puede realizarse a un costo estimado de 2 dólares por metro cúbico, mientras que las empresas privadas cobran alrededor de 15 dólares.
Como contexto, en tres meses se han gastado 50 millones de dólares en contratos con empresas chinas para trabajos como el dragado del canal de La Teja, cuando una draga nueva cuesta aproximadamente 35 millones. Además, firmas privadas, como algunas danesas que han trabajado en Uruguay, han llegado a operar con costos de 100 mil dólares diarios.
Los trabajadores denunciaron que cargos jerárquicos en la ANP son ocupados por designaciones políticas sin conocimientos técnicos —“choferes o carpinteros” en lugar de ingenieros navales—, lo que genera ineficiencia y paralización de buques. La falta de inversión se refleja incluso en carencias básicas como combustible y repuestos, afectando el mantenimiento preventivo y la operativa diaria.
Entre las embarcaciones subutilizadas se encuentra una grúa flotante única en Uruguay y Sudamérica, clave para trabajos a pie de muro, que permanece abandonada sin justificación. También advirtieron sobre la experiencia en el canal Martín García, donde una empresa privada operó durante 25 años con costos inflados y prácticas corruptas, según denuncias públicas previas.
SUPRA reclama un plan urgente de inversión, presupuesto y contratación de personal especializado, así como participación directa del sindicato en la planificación de las obras. Sostienen que el dragado debe permanecer en manos públicas para garantizar soberanía, empleo nacional y la reinversión de los recursos en el país.
