Montevideo — El PIT-CNT logró colocar en el centro del debate una idea concreta y directa: reducir la pobreza infantil con un tributo al 1% más rico de la población. La central sindical puso sobre la mesa un planteo que, por su sencillez y contundencia, dejó en evidencia a buena parte del arco político, especialmente a los propios economistas del Frente Amplio.
Estos últimos, protagonistas en la militancia contra la reforma jubilatoria, habían argumentado su rechazo invocando la necesidad de priorizar la infancia empobrecida. Sin embargo, ahora se enfrentan a una contradicción: la propuesta que materializa esa prioridad proviene del movimiento sindical, y no de sus propias filas.
El Gobierno, que rechazó la idea inicial, intenta contener el impacto político rescatando una propuesta elaborada por Danilo Astori en 2020, en el contexto de la pandemia. Esta consistiría en aplicar un impuesto a los depósitos en el exterior de residentes uruguayos. Según las estimaciones oficiales, la recaudación sería similar a la del tributo propuesto por el PIT-CNT, pero sin el simbolismo disruptivo ni el “terremoto político” que implicaría que la clase trabajadora organizada impulsara un gravamen directo sobre las grandes fortunas.
La ironía no pasa desapercibida: fue el propio equipo económico de Astori quien, en 2007, al crear el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dejó expresamente fuera de su alcance los depósitos en el exterior.
Analistas advierten que la iniciativa gubernamental podría convertirse en una mera maniobra distractiva. Es probable que no cuente con el respaldo de la oposición y que, finalmente, todo permanezca igual.
Para el PIT-CNT, la señal es clara: en Uruguay, los sectores más adinerados no solo permanecen intocables, sino que, en muchos casos, son beneficiados y subsidiados por las propias políticas de Estado.
