Mientras que la casi totalidad de la militancia frenteamplista y el propio Frente Amplio en sus instancias oficiales han reconocido el genocidio en toda Palestina y se han volcado a militar activamente contra él, el gobierno surgido de esa fuerza política mantiene una postura diametralmente opuesta: evita usar la palabra “genocidio”, habla de una “tragedia humanitaria” y continúa desarrollando vínculos militares y diplomáticos con Israel.
En sucesivas intervenciones públicas, autoridades como el canciller Mario Lubetkin y la vicecanciller Valeria Csukasi han insistido en que “los elementos no están configurados” para calificar lo que ocurre en Gaza como genocidio, reduciéndolo a una situación “compleja” y a una “tragedia” que el ministerio “monitorea permanentemente”.
Pero el alineamiento gubernamental no se limita a un lenguaje diplomático: la ministra de Defensa ha ratificado la continuidad en la compra de armas a Israel en pleno desarrollo de las masacres en Gaza y Cisjordania. La política exterior uruguaya, así, se muestra más preocupada por no “innovar” en la relación bilateral que por responder al reclamo de su propia base militante, que ve en el silencio oficial una traición a la histórica tradición antiimperialista de la izquierda uruguaya.
Paralelamente, se despliega un movimiento más sutil dentro del propio Frente Amplio: un grupo de dirigentes, entre ellos Óscar Andrade, ha acompañado y difundido las charlas del historiador israelí Gerardo Leibner. En estos encuentros, realizados incluso en sedes frenteamplistas, Leibner sostiene un discurso que, si bien reconoce la magnitud de la violencia, busca relativizar la categoría de genocidio bajo argumentos “técnicos” y colocar el conflicto dentro de un marco de “guerra genocida”.
Este operativo discursivo apunta a generar en parte de la militancia frenteamplista una posición más comprensiva hacia Israel, en sintonía con un sector del progresismo israelí que también actúa en clave de oposición a Netanyahu pero sin cuestionar la legitimidad del Estado ocupante.
De este modo, el Frente Amplio aparece fracturado en tres planos:
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La militancia y bases sociales, que participan activamente en las movilizaciones solidarias con Palestina.
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La dirección política y parlamentaria, que formalmente reconoce el genocidio.
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El gobierno frenteamplista, que se resiste a nombrarlo como tal y mantiene negocios con Israel, acompañado además por un discreto lobby cultural y político que busca suavizar la condena.
La contradicción entre lo que dice y hace el Frente Amplio según el lugar desde el cual se lo mire —la calle, la orgánica partidaria o el gobierno— desnuda una tensión profunda que amenaza con erosionar la confianza de la militancia en su propia fuerza política.
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