Mientras el debate sobre la vivienda en Uruguay se estanca en la ética y las acciones del político de turno, miles de personas atraviesan diariamente la tragedia silenciosa de no tener un lugar digno donde vivir. Las cifras no mienten, pero sí incomodan: más de 2.800 personas viven hoy en situación de calle. A esto se suman más de 170.000 personas en asentamientos irregulares, muchas de ellas sin acceso a agua potable, electricidad segura ni condiciones mínimas de salubridad.
Y como si eso no alcanzara, están también quienes tienen vivienda, pero viven asfixiados por el alquiler, destinando más de la mitad de su salario para pagar precios que no responden a su valor real, sino a la lógica del negocio inmobiliario. Porque en Uruguay, tener un techo también se volvió un privilegio sujeto al mercado.
«En el centro de Montevideo, por ejemplo, se han construido más de 20.000 viviendas promovidas…»
Las llamadas «leyes de promoción de vivienda de interés social» —que supuestamente fueron pensadas para facilitar el acceso a la vivienda— han sido ampliamente aprovechadas por sectores privados para maximizar ganancias.
¿El resultado?
Inversiones que se concentran en barrios donde ya existe infraestructura, como Cordón o Parque Rodó, promoviendo la especulación y el encarecimiento de zonas urbanas, en lugar de atender las necesidades habitacionales reales.
En el centro de Montevideo, por ejemplo, se han construido más de 20.000 viviendas promovidas por esta ley, pero los precios no bajan, y la mayoría de los trabajadores no puede acceder a ellas. Lo que debería haber sido una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda, se transformó en una vía para consolidar el negocio inmobiliario, con exoneraciones fiscales que benefician a los inversores y dejan de lado a las personas.
Mientras tanto, se criminaliza la pobreza. Se persigue a quienes arman una carpa en la rambla, a quienes ocupan un espacio abandonado, a quienes construyen con sus propias manos un rancho en la periferia. La política habitacional parece estar más enfocada en desalojar, multar y reprimir que en proponer soluciones estructurales y humanas.
¿Es posible pensar en otro paradigma?
Cuando todo el espectro político parece haber sido seducido —o rendido— ante las lógicas despiadadas del mercado, permítannos al menos imaginar otra forma de hacer las cosas. Una en la que el acceso a la vivienda no sea una mercancía, sino un derecho garantizado por el Estado. Una en la que vivir dignamente no dependa de cuánto tenés, sino de cuánto te reconocen como persona.
