En el mapa global de la hipocresía institucional, pocas insignias pesan tanto como el casco azul.
Bajo la bandera de la paz, las fuerzas de la ONU acumulan una larga historia de escándalos por
inoperancia, corrupción y violencia sexual. En muchos de estos casos, las tropas no solo no trajeron
soluciones, sino que agravaron las crisis humanitarias que debían contener. Desde el genocidio en
Ruanda en 1994 hasta los oscuros episodios en Haití, los llamados “guardianes de la paz” han sido
testigos, cómplices o directamente protagonistas del desastre.
Uruguay, pese a su pequeño tamaño, es uno de los actores principales en esta escena. Aporta el 50%
de los efectivos latinoamericanos y lidera, en proporción a su población, el ranking mundial de
participación en misiones de paz. Se estima que prácticamente todo el ejército nacional ha rotado
por alguna de estas campañas. ¿Cuál es la motivación? No es la paz mundial, sino la economía. Las
misiones ofrecen ingresos considerables tanto para los efectivos como para el Estado, convirtiendo
a las guerras ajenas en una fuente regular de divisas.
«La paz no se impone con botas. Y los negocios no pueden seguir disfrazándose de ayuda humanitaria.»
Pero este beneficio financiero tiene un costo ético altísimo. Porque el contexto en el que estas misiones operan rara vez es inocuo: suelen darse en medio de matanzas, limpiezas étnicas, hambrunas y violaciones masivas a los derechos humanos. Y quienes votan desde el Parlamento uruguayo la participación en estas misiones no pueden alegar ignorancia. La complicidad se disfraza de “disciplina partidaria”, un eufemismo que no alcanza para lavar las manos.
En este punto, es inevitable la comparación con la “obediencia debida” que durante años esgrimieron los torturadores de la dictadura para justificar sus crímenes.
El argumento de que solo se obedecen órdenes se convierte en un eco siniestro cuando se mira desde la perspectiva de quienes sufren la presencia de estos contingentes en sus territorios. No se trata solo de soldados individuales, sino de un engranaje político, económico y cultural que normaliza la intervención
extranjera como si fuera una muestra de civilización, cuando en realidad es la continuación de la barbarie por otros medios.
La paz no se impone con botas. Y los negocios no pueden seguir disfrazándose de ayuda
humanitaria.
