Una situación límite atraviesan las familias de la cooperativa de viviendas Primavera, en Barros Blancos. Después de 21 años de pagar puntualmente sus cuotas, primero al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y luego a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), hoy se enfrentan a un remate judicial que podría dejarlas en la calle.
La deuda reclamada no supera los 45 mil dólares, pero las 148 familias ya abonaron más de seis millones y medio de dólares en este tiempo.
El caso, que combina errores judiciales, estafas históricas y omisiones del Estado, fue reconstruido en el programa La Noticia es Otra, del canal Reactiva Contenidos, donde el actual presidente de la cooperativa, Never Leites, repasó una historia de más de tres décadas de abusos, corrupción y resistencia.
De la estructura militar al cooperativismo por supervivencia
La cooperativa fue fundada en 1993, originalmente compuesta por personal militar vinculado a la aviación. Su primer presidente, el entonces oficial Juan Uría, se apropió de cerca de 400 mil dólares de los fondos de obra y los utilizó para comprarse una estancia en Florida. Aquel fraude marcó el comienzo de una cadena de estafas que aún hoy repercuten en los vecinos.
A comienzos de los 2000, los cooperativistas sufrieron un nuevo golpe: el Instituto Técnico Quasit, dirigido por Pérez Cárdenas, cobró miles de dólares a las familias para “reactivar” la obra y desapareció del país con el dinero.
Luego llegaría otro personaje clave en el deterioro institucional: el abogado Juan Machín, quien asesoró a la cooperativa para presentarse a concurso voluntario de acreedores. Esa maniobra —calificada hoy como “suicida” por los propios socios— significó la admisión judicial de insolvencia y abrió la puerta al proceso de remate.
La paradoja de la deuda
Lo que vuelve el caso aún más absurdo es la proporción entre lo que ya pagaron y lo que se les reclama:
En más de dos décadas, las familias aportaron alrededor de 6,5 millones de dólares, mientras los acreedores reconocidos —entre ellos el BPS y algunos proveedores— no superarían los 45 mil.
Aun así, la Justicia mantiene el proceso de ejecución.
“No hay lógica alguna en que se ponga a cientos de personas en la calle por una deuda mínima, después de haber pagado todo”, denunció el conductor del programa, en alusión a la jueza Rosana Re Fraschini Benítez, responsable del expediente.
Esperando un gesto del Estado
El Poder Ejecutivo se excusa en la “separación de poderes” para no intervenir, mientras la ANV continúa cobrando las cuotas a los vecinos. Desde la cooperativa plantearon tres alternativas concretas al gobierno:
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Destinar parte de las cuotas actuales al pago de la deuda judicial, sin interrumpir los aportes a la ANV.
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Que el Estado adquiera el terreno en remate, evitando que un privado se quede con las viviendas.
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Y, como último recurso, apelar a la sensibilidad de los posibles oferentes para que no se presenten a la subasta.
Hasta el momento, ninguna autoridad política ni judicial ha dado una respuesta.
Resiliencia y organización
Pese a todo, los vecinos siguen apostando a la autogestión. Han construido sus espacios comunes, sostienen la regularidad de los pagos y mantienen la esperanza de una solución política o judicial que evite lo que sería una injusticia flagrante: la pérdida de sus hogares después de 21 años de cumplimiento.
“No somos ocupantes, somos cooperativistas que pagamos cada mes lo que corresponde”, subraya Never Leites, recordando que su madre y muchos otros vecinos terminaron sus casas con esfuerzo propio, sin apoyo estatal.
Llamado final:
La cooperativa Primavera convocó por estas horas a sus vecinos y a la comunidad a una movilización en defensa del techo en Ruta 8 km 23, esquina Los Aromos, en el corazón de Barros Blancos.
Esperan que, esta vez, el silencio institucional no sea la antesala de otra tragedia.
