La cancelación de una licitación internacional, la posterior compra directa a un astillero de Vigo sin antecedentes en este tipo de embarcaciones, adelantos de pago atípicos y garantías cuestionadas reavivan las sospechas sobre una operación que compromete al pasado gobierno, a la Armada Nacional y a la empresa adjudicataria.
La operación bajo la lupa
La compra de patrullas oceánicas para la Armada Nacional se consolidó como uno de los principales focos de controversia política e institucional en Uruguay. Lejos de tratarse de un diferendo técnico, el proceso expone decisiones adoptadas durante el pasado gobierno que hoy son señaladas como potencialmente lesivas para el interés público.
Uno de los elementos más cuestionados es la cancelación de una licitación internacional en la que participaron empresas con experiencia comprobada en la construcción de patrullas oceánicas. Según se ha planteado en el debate parlamentario y mediático, ese proceso fue dado de baja sin una explicación pública suficiente, pese a que existían ofertas que cumplían con los requisitos técnicos, económicos y de plazos.
Tras esa decisión, el Estado avanzó en una compra directa a un astillero radicado en Vigo, España. De acuerdo con información citada públicamente, la empresa no contaría con habilitación ni antecedentes en la fabricación de este tipo específico de embarcaciones, un dato que agrava las dudas sobre la razonabilidad de la adjudicación.
A este cambio de modalidad se sumó un esquema de pagos inusual para una operación de esta magnitud. Se denunció que la Armada Nacional realizó adelantos significativos: el 50% del valor de una primera patrulla aún no finalizada y un 10% de una segunda cuya construcción ni siquiera estaría claramente iniciada. También se cuestiona la validez de las garantías presentadas, señalándose que una de ellas no existiría y que otra sería apócrifa.
Otro punto crítico es la autonomía otorgada a la Armada para efectuar los pagos, una excepción a los controles civiles habituales en compras de equipamiento militar estratégico. Para distintos analistas y legisladores, este diseño institucional no solo expuso al Estado a riesgos financieros, sino que revela un problema estructural en el control político de las Fuerzas Armadas.
En ese marco, las acusaciones más duras apuntan a una convergencia de intereses entre jerarcas del pasado gobierno, mandos de la Armada y la empresa adjudicataria, configurando lo que algunos definen directamente como una estafa millonaria al Estado. Si bien la determinación de responsabilidades corresponde a los organismos de control y a la Justicia, el caso volvió a instalar el debate sobre la histórica opacidad de las compras militares en Uruguay.
📩 Suscribite a La noticia es otra
Este trabajo forma parte del periodismo de Reactiva Contenidos. Para recibir análisis, investigaciones y editoriales críticas sobre la política y la economía uruguaya, suscribite al programa La noticia es otra.
