El senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció y celebró la votación por unanimidad en el Senado de un proyecto que autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a aplicar veneno para aniquilar cotorras de campo, mientras efectivos del Ejército Nacional serán los encargados de recoger los animales muertos y embolsarlos en nylon para evitar daños colaterales en vecinos, fauna silvestre y mascotas. En una primera etapa, los cebos envenenados serán colocados en los departamentos de Canelones, San José y Maldonado.
La medida, presentada por Da Silva y respaldada por todos los partidos, establece un sistema de control basado en la dispersión de cebos tóxicos por parte del MGAP, que provocarán la muerte masiva de las cotorras. Dado que estos animales suelen ser consumidos por aves rapaces, perros u otros carroñeros —lo que multiplicaría el impacto ambiental del veneno— el proyecto encomienda al Ejército la tarea de “neutralizar el riesgo”: recorrer los predios afectados, levantar los cadáveres y embolsarlos para su posterior disposición final, cuyo método no fue detallado públicamente.
Da Silva destacó la “solución histórica” que, según dijo, beneficiará a miles de pequeños productores del cinturón hortifrutícola, para quienes la cotorra es una de las principales plagas que afectan frutales y huertas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advirtieron que el plan ignora alternativas de manejo no letal y que la utilización de venenos puede provocar un “daño ecológico severo” sobre especies nativas, especialmente aves de rapiña y animales domésticos.
El proyecto también reavivó el debate sobre el rol del Ejército en democracia. Analistas señalan que la medida vuelve a utilizar a las Fuerzas Armadas como fuerza de trabajo para tareas civiles de bajo nivel, en un intento por justificar su estructura y su presupuesto en tiempos de paz. La imagen del personal militar recorriendo campos para recoger cotorras envenenadas con guantes y bolsas de nylon fue calificada por especialistas como “insólita”, “improvisada” y “propia de un país que retrocede a prácticas de hace un siglo”.
En paralelo, técnicos rurales recordaron que una parte importante de la proliferación de cotorras está vinculada a la expansión del monocultivo forestal, que ofrece condiciones ideales para que la especie anide en grandes volúmenes. El plan aprobado no contempla medidas estructurales para abordar ese desequilibrio ecológico.
La iniciativa, presentada como una respuesta urgente, abre múltiples interrogantes ambientales, sanitarios y políticos: desde el impacto del veneno en ecosistemas y mascotas hasta la falta de protocolos claros sobre qué se hará con las miles de bolsas con animales muertos que el Ejército deberá recolectar.
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