Tanto el ministro de Economía como el presidente de la República salieron a defender la inclusión del IVA en las compras por Internet de productos extranjeros, presentándola como una medida “justa” que respondía a una demanda de la Cámara de Comercio. La decisión fue explicada como una forma de proteger el empleo nacional y garantizar igualdad de condiciones frente a plataformas como Temu, que en los primeros dos meses de 2025 habría movido más de 30 millones de dólares en ventas hacia Uruguay.
Sin embargo, el gobierno aclaró que los productos provenientes de Estados Unidos quedaban excluidos de este nuevo tributo porque estaban comprendidos en el acuerdo del TIFA firmado en 2007. Y ahí comienza la polémica.
Lo cierto es que el TIFA no establece ninguna restricción respecto a la aplicación de impuestos. Se trata de un acuerdo de inversiones y cooperación que creó un consejo bilateral para dialogar sobre comercio electrónico, compras estatales y liberalización de mercados, pero no incluye cláusulas de exoneraciones tributarias ni limitaciones al IVA.
Quien sí contemplaba esa posibilidad era el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el presidente Tabaré Vázquez intentó firmar en 2006 con la administración de George W. Bush. Ese documento, que nunca llegó a concretarse, incluía limitaciones a la imposición de tributos a bienes y servicios estadounidenses. Fue bloqueado por la oposición del PIT-CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP y varias organizaciones sociales, en una de las movilizaciones más recordadas de la izquierda uruguaya bajo la consigna “No al TLC”.
En aquel entonces, Vázquez presionaba a su propia fuerza política con la frase: “El tren pasa solo una vez”. Casi veinte años después, la historia parece repetirse en clave fantasmal: el gobierno actual, al invocar falsamente al TIFA, introduce un impuesto que castiga a los sectores populares que recurren a plataformas baratas como Temu, mientras protege las importaciones de origen estadounidense.
La medida, más que equilibrar la cancha, aparece como un gesto hacia la administración Trump en el marco de la guerra comercial con China, disfrazada de justicia tributaria. En los hechos, termina siendo una doble señal: hacia afuera, de alineamiento con Estados Unidos; hacia adentro, de desconexión con las necesidades de los consumidores que más dependen de este tipo de compras.
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