El abogado que armó la causa, Federico Slepian, pertenece a la organización Jazit Hanoar, un movimiento juvenil sionista fundado en Uruguay en 1951 como “Agrupación Juvenil de la Nueva Congregación Israelita (NCI)”, integrado desde 1959 al movimiento continental sudamericano Jazit Hanoar.
Reactiva Contenidos accedió a la denuncia. No daremos el nombre de la denunciante porque no aporta nada a la discusión, pero sí analizamos sus elementos que evidencian una causa armada de antisemitismo que claramente no es tal.
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Inicio de la denuncia: la denunciante relata haber visto carteles en la cartelera de la agrupación 21 de Junio, donde se afirmaba que el “Colegio Yavne es una institución uruguaya sionista”. Llama la atención que se presente como agravio algo que el propio colegio reivindica públicamente como se puede constatar en su sitio institucional y en publicaciones comunitarias.
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Contexto de cartelería arrancada: todos los afiches de la actividad “No es guerra, es genocidio” eran retirados sistemáticamente. La propia denunciante admite: “Un poco antes de las 9 de la mañana vi el mismo cartel del otro lado de las escaleras, al cual procedí a arrancar con enojo”. Es decir: confiesa haber destruido propaganda estudiantil.
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La acusación de ‘ambiente hostil’: según la denuncia, la denunciante y dos compañeros se sintieron incómodos porque en la fotocopiadora gremial se hablaba del conflicto Israel-Palestina. Lo describe como un ambiente hostil, aunque se trataba de un ámbito estudiantil donde se discuten temas políticos.
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Conclusión emocional: la denunciante afirma: “Siento que toman por supuesto mi ser sionista y además genocida”. Esa afirmación puede entenderse como un conflicto interno: justificar las acciones de Israel resulta insoportable, pero la responsabilidad de un genocidio no puede trasladarse a estudiantes que organizan actividades políticas en la universidad.
La redacción del texto final de la denuncia muestra un salto en estilo: del relato emotivo y desprolijo de una estudiante pasa a un tono frío, técnico y jurídico. Ese cambio confirma la mano del abogado Federico Slepian, quien condujo la denuncia en la órbita de la unidad de acoso de la Universidad de la República.
El cierre de la denuncia sostiene: “Últimamente, al no sentir a la facultad como un espacio seguro, convivo con el miedo a que se sepa mi identidad judía y ser violentada por eso. Me parece que todo esto atenta contra mi derecho a la educación, en tanto siento que la institución no es un lugar seguro para mí. Me siento echada y he considerado dejar mis estudios”.
El decano Pablo Martinis y la mayoría del Consejo de Facultad de Humanidades cedieron a esa presión y sancionaron a seis estudiantes. Se abrió una grieta peligrosa: la universidad castigó a militantes que denunciaban un genocidio, un término que ya casi nadie discute a nivel internacional.
¿Seguirán abiertos los expedientes? ¿Seguirá esta vergüenza institucional?
Entrevista a Nicolás Bonilla (Reactiva Contenidos)
“Estuve un año y medio sin poder entrar a estudiar en la Facultad de Humanidades. Se me acusó de antisemita, de acosar a la población judía. Fue por un tema político-gremial. Yo soy militante de la agrupación 21 de Junio, una agrupación antiimperialista, y en ese sentido denunciamos un genocidio que está sucediendo. Por eso nos atacaron”.
“En noviembre de 2023 organizamos una conferencia titulada No es guerra, es genocidio. Invitamos a la embajadora de Palestina, a compañeros de la FEUU y de distintas agrupaciones estudiantiles. En la semana previa colocamos carteles todos los días, y todos los días nos los arrancaban. Era evidente que había sectores sionistas detrás de esa censura”.
“La denuncia inicial la arma el asistente académico del decano Pablo Martinis. En su informe llegó a decir que criticar al sionismo o a Israel es antisemitismo. Ahí se apoya en definiciones internacionales totalmente sesgadas. Es un disparate”.
“No hay antecedentes de que se le prohíba la entrada a un estudiante por razones gremiales. A mí sí me prohibieron el ingreso; a Tróccoli, torturador de la dictadura, no”.
“Lo que hubo fue una operación articulada. El decano Martinis y el exrector Rodrigo Arim fueron al Parlamento a rendir cuentas al diputado colorado Felipe Schipani. Dijeron incluso que se habían reunido con el Comité Central Israelita para explicarles las sanciones contra nosotros. Todo eso quedó en actas taquigráficas”.
“El caso del profesor Spectorovski es escandaloso. Él dijo en televisión que Israel podía ‘hacer un genocidio en dos minutos’. Nosotros nos opusimos a su contratación como docente de maestría, y por eso se nos persiguió aún más”.
“Hoy la prohibición de ingreso cayó, pero los sumarios siguen abiertos. Eso significa que en cualquier momento pueden volver a sancionarnos. Fue una medida disciplinadora para toda la universidad: después de noviembre de 2023 prácticamente no hubo actividades estudiantiles contra el genocidio”.
“A pesar de todo seguimos militando. Nos quisieron quebrar, nos quisieron eliminar como agrupación. Pero seguimos denunciando el genocidio y seguiremos en la FEUU. Ser sancionado por pedido del Comité Central Israelita, en este trance histórico, es una medalla de dignidad, no una vergüenza”.
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