Luego de asumir la propiedad de M24, hecho que dirigentes del MPP intentaron negar durante las primeras horas mediante una operación coordinada en redes con un volumen de trolls pocas veces visto en la izquierda uruguaya, la ex vicepresidenta y referente histórica del sector, Lucía Topolansky, salió a los medios a desdramatizar la venta de la emisora y el cierre de la fuente laboral de 42 trabajadores que hasta días atrás se consideraban “compañeros” del propio movimiento político.
Según fuentes internas consultadas por Reactiva Contenidos, la estrategia inicial del MPP consistió en desacreditar toda información vinculada a la operación de compraventa y cuestionar públicamente a quienes difundían los datos, incluso cuando la documentación de la transferencia ya había sido registrada y confirmada por personas vinculadas a la emisora. La desmentida, sin embargo, duró apenas horas, y la postura del sector giró hacia una defensa política de la transacción.
Topolansky sostuvo que la venta de M24 “no debería dramatizarse”, pese a que 42 personas quedaron sin empleo y pese a que la emisora había sido históricamente presentada por el propio MPP como un proyecto político–comunicacional estratégico. La dirigente afirmó que “los medios cambian de manos todo el tiempo”, pero evitó referirse al impacto social y simbólico que implica el cierre de un espacio que, durante más de una década, albergó voces críticas, trabajadores sindicalizados y programación orientada a movimientos sociales.
La situación generó sorpresa en sectores del Frente Amplio y del movimiento sindical, que señalaron la contradicción entre la defensa discursiva de los derechos laborales y el silencio ante un despido colectivo ocurrido bajo la órbita política del propio espacio. Diferentes organizaciones de prensa recordaron que la pérdida de la fuente laboral afecta directamente a periodistas, técnicos, productores y comunicadores que incluso participaron activamente en campañas electorales del FA y del MPP.
El episodio vuelve a colocar en debate la relación entre poder político, propiedad de medios y responsabilidad social, en un contexto donde los trabajadores quedaron al margen de cualquier negociación y sin respaldo público del sector que históricamente se definió como su aliado.
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