Durante el fin de semana se registraron nuevas demoliciones en los balnearios de Aguas Dulces y Valizas, donde cuadrillas policiales y maquinaria pesada procedieron a tirar varias viviendas precarias habitadas por familias jóvenes. Según confirmó la propia Intendencia de Rocha, hay más de 300 demoliciones previstas en la zona costera. El operativo, que afectó a ranchos de familias trabajadoras y artesanas, desató un fuerte malestar entre los vecinos de la costa este, que denuncian una doble vara de las autoridades departamentales: mientras se destruyen viviendas humildes, la misma Intendencia promueve la regularización de terrenos y el desarrollo de barrios privados de empresas hoy señaladas por casos de corrupción y endeudamiento millonario. “No hay paz en Valizas” Para comprender cómo se vive esta situación en el territorio, hablamos con Joel, artista, vocalista de la banda Viejos Códigos y vecino de Valizas desde hace años. “Lo que se vivió fue la demolición del ranchito de una pareja de 24 o 25 años con un bebé de dos años. Justo no estaban porque estaban vendiendo artesanías por el interior para sobrevivir. Cuando volvieron, ya no tenían casa”, relató Joel.“Acá ya nadie duerme tranquilo. Sabemos que cualquier día pueden venir a tirar el rancho de uno. Y mientras tanto, las inmobiliarias ocupan terrenos y los venden, pero a ellas nadie las toca.” El músico destacó además la paradoja moral con la que se juzga a los vecinos pobres frente a los empresarios: “Si un laburante ocupa para vivir, es un delincuente. Pero si una inmobiliaria ocupa para lucrar, se la aplaude. Es el mismo acto, pero con otra etiqueta. Y eso duele.” Un operativo desmedido Según los testimonios, las demoliciones se ejecutan con operativos policiales de hasta 40 personas, acompañadas por maquinaria pesada. “Un pescador que vive de toda la vida acá —contó Joel— amplió su rancho para hacer un pequeño baño, y le tiraron eso solo. Mandaron máquinas, policías, fiscales. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Quién lo paga?”, cuestionó. En la mayoría de los casos, son mujeres quienes encabezan la resistencia y la defensa de las viviendas. Pero si los dueños no están presentes en el momento, las casas son destruidas igual. “Esta vez fueron a la que no tenía nadie adentro. Es una demostración de poder”, afirmó. La otra cara: negocios millonarios Mientras los vecinos enfrentan desalojos, la investigación periodística de La Noticia es Otra reveló negocios de tierra en la misma zona avalados por autoridades departamentales. El intendente Alejo Umpiérrez, el alcalde de Castillos Gastón Larrosa y el director de Medio Ambiente Rodrigo García Piñeiro fueron señalados por su participación en procesos de regularización selectiva y en la habilitación de emprendimientos privados de alto valor. Uno de esos casos es el de Balsa y Asociados, empresa que, tras un acuerdo con la Intendencia, lanzó la venta de parcelas en Cabo Polonio por entre 130.000 y 200.000 dólares, bajo el discurso de “preservación ambiental”. La misma empresa —beneficiada en otros departamentos— entró en concurso de acreedores por deudas de 65 millones de dólares, dejando cientos de trabajadores despedidos. Mientras tanto, familias artesanas, pescadores y residentes históricos de la costa son desalojados en nombre del “ordenamiento territorial”. “Hay que dejar vivir” Joel resume el sentimiento que recorre a muchos vecinos de Valizas: “Todo el mundo merece un lugar donde vivir y donde morir. No nos vamos a llevar nada. Las inmobiliarias ocupan y venden, y nadie se indigna. Pero si un pobre hace un rancho, lo tratan de delincuente. Lo único que pedimos es que nos dejen vivir.” Y cierra con una frase que condensa el espíritu de ese balneario costero: “Valizas es un pueblo de madera y paja cayendo en el océano Atlántico. Es poesía, es historia, es libertad. Y eso es lo que hoy están tirando abajo.” https://www.youtube.com/watch?v=myO4FHydmzY&t=2713s
“Frenteamplistas, tenemos que hablar”: el síntoma de un malestar que atraviesa al Frente Amplio
La reciente actividad titulada “Frenteamplistas, tenemos que hablar”, organizada en la Coordinadora B, reunió a unos 400 militantes en forma presencial y alcanzó cerca de 12 mil visualizaciones en su transmisión virtual. El encuentro —que según sus organizadores no busca “irse del Frente Amplio, sino no callarse”— puso en evidencia una tensión que atraviesa a la coalición de izquierda: el descontento creciente entre la militancia y el rumbo del gobierno frenteamplista. La reunión fue una de las más concurridas en años en el ámbito de las coordinadoras del Frente Amplio, y su masividad sorprendió incluso a quienes la impulsaron. Detrás del llamado “tenemos que hablar” hay más que un gesto simbólico: es el síntoma de una fractura emocional y política. Como se dijo en el programa La Noticia es Otra, “cada vez que alguien dice ‘tenemos que hablar’, es porque algo ya no está funcionando”. El origen del malestar Los puntos de incomodidad son claros: la postura tibia del gobierno frente al genocidio en Gaza, la falta de impulso al impuesto al 1% más rico —propuesta del PIT-CNT—, y la negativa a eliminar las AFAP pese al millón de votos que respaldaron esa opción en el plebiscito.Detrás de estas diferencias concretas se esconde una cuestión de fondo: la distancia cada vez mayor entre el Frente Amplio como fuerza política y el gobierno que lo representa. “Una cosa es el Frente Amplio y otra el Gobierno”, ha repetido la dirigencia. Pero dicha frase, más que aclarar, opera como una provocación para muchos votantes que sienten que su voto fue útil, pero no político. Críticas y reacciones Lejos de abrir espacio al diálogo, la respuesta de algunos dirigentes frenteamplistas fue de una dureza inesperada. La diputada Betina Díaz, por ejemplo, comparó a los organizadores del evento con “terraplanistas”, mientras que desde la orgánica partidaria se les negó el uso de la Huella de Seregni como sede, argumentando excusas formales.Entre los voceros del grupo se encuentra el periodista y escritor Enrique Ortega Salinas, militante histórico del Frente Amplio, quien insistió en que la iniciativa no busca romper sino “recuperar el espíritu frenteamplista”. Sin embargo, el tono de las respuestas internas refleja que el malestar ya traspasó el plano de las formas. Entre el desborde y la contención En La Noticia es Otra se analizó que detrás de este fenómeno conviven dos interpretaciones: por un lado, quienes ven en esta movida una antesala de ruptura, una suerte de “preparación para el quiebre”; y por otro, quienes entienden que es un intento de contención del descontento para evitar una fuga de votantes por izquierda.El propio senador Óscar Andrade había advertido en las elecciones pasadas sobre el “divorcio” entre el partido político y las organizaciones sociales, y hoy esa grieta parece profundizarse. Como señaló el programa, “el gobierno está haciendo todo para que lo echen”, en referencia al doble discurso entre la gestión y las bases. Un escenario en disputa La hipótesis de un quiebre dentro del Frente Amplio no es nueva, pero esta vez aparecen factores distintos. El Partido Comunista y el Partido Socialista, con fuerte presencia en el movimiento sindical y estudiantil, son los que más tensiones acumulan con el gobierno.En el análisis de La Noticia es Otra, coexisten dos escenarios: uno en el que estos sectores rompen y conforman una nueva fuerza de izquierda —posiblemente junto a grupos como el 26 de Marzo o el PVP—, y otro en el que deciden permanecer dentro del Frente Amplio como “estructura tapón”, conteniendo el descontento popular sin abandonar la coalición.“Ambas ideas conviven y disputan su hegemonía”, se afirmó en el programa. Lo que está claro es que la sensación de agotamiento crece, y el clima interno es cada vez más parecido al de una pareja que, aunque no se separa, ya no encuentra razones para seguir igual. Conclusión El evento “Frenteamplistas, tenemos que hablar” no fue un episodio aislado, sino una señal política. La militancia está exigiendo que el Frente Amplio recupere su mística y su coherencia con las causas populares.El riesgo para el partido no es solo electoral, sino simbólico: si la distancia entre gobierno y base se consolida, el Frente Amplio corre el peligro de volverse un sello vacío, administrado por una burocracia que ya no representa a quienes lo fundaron. En definitiva, más allá de las acusaciones cruzadas y los cálculos electorales, lo que quedó en evidencia es que hay una parte importante del frenteamplismo que dice no querer irse, pero tampoco está dispuesta a callarse. 👁 visitas
“No le pagás a 140.000 uruguayos más pobres, pero sí diste casi 50 millones a los profesionales.”
En su intervención en Reactiva Contenidos, Karina Sosa abordó con crudeza la situación del Banco de Previsión Social, cuestionó la actitud de sectores del Frente Amplio y de los economistas respecto a la Caja Profesional, y reflexionó sobre el rol de los dirigentes sindicales. Estas fueron algunas de sus definiciones más relevantes: Carencias y desmantelamiento del BPS “El BPS fue desmantelado en las administraciones pasadas. Y las nuevas autoridades nos dijeron: ‘Tienen razón’. Saquearon el organismo.” “Hoy seguimos teniendo 80 inspectores en todo el país. Es imposible controlar con tan poca gente. Hay que invertir en controles y en políticas públicas eficientes.” Críticas a economistas del FA y la Caja Profesional “Quisiera saber qué opinan ahora los economistas del Frente Amplio de los millones de dólares que se pusieron para salvar la Caja Profesional. Se rescató a esos profesionales, pero el jubilado pobre nadie lo mira.” “No le pagás a 140.000 uruguayos más pobres, pero sí diste casi 50 millones a los profesionales.” Rol y práctica sindical “No cogestionamos el BPS, pero aportamos ideas. Y cuando tienen sustento, la administración las toma. Defendemos la fuente de trabajo, pero también proponemos soluciones de gestión.” “Soy presidenta del sindicato y sigo yendo a trabajar. Si un dirigente sindical no pisa el lugar de trabajo, no puede entender los problemas de los compañeros.” “En la ATSS firmamos la renuncia anticipada de todos los directivos. No queremos repetir patrones de dirigentes atornillados al cargo.” 👁 visitas
Changadores del puerto: trabajo precario, riesgo permanente
En el puerto de Montevideo, las empresas privadas encargadas de la carga y descarga de barcos contratan a sus trabajadores bajo el modelo conocido como “changa”. A primera vista, el término evoca un empleo temporal, fácil y puntual. Sin embargo, la realidad es bien distinta: el trabajo de los changadores es permanente, físico al extremo y mucho más peligroso de lo que se suele imaginar. El sistema de contratación fragmentada, lejos de responder a necesidades eventuales, se ha consolidado como un mecanismo estructural de precarización laboral. En lugar de contratos estables, los changadores son convocados día a día, sin garantías de continuidad ni seguridad social plena. La incertidumbre es la norma: hoy trabajan, mañana tal vez no. La transcripción recogida en el especial «El puerto no es changa» en YouTube, da cuenta de esa paradoja: quienes sostienen con su esfuerzo la operativa comercial del país, descargando contenedores, bolsas de grano y mercaderías de gran porte, son tratados como trabajadores descartables. Testimonios de changadores denuncian maltrato, represión y la falta de condiciones mínimas de seguridad en las faenas. Los riesgos son constantes: largas jornadas cargando y descargando materiales pesados, exposición a maquinaria en movimiento y ausencia de protocolos adecuados para evitar accidentes. No es un “trabajo fácil y pasajero”, sino una labor de alto desgaste físico que, sin estabilidad ni respaldo, convierte a los changadores en eslabones frágiles de una cadena que mueve millones de dólares. A esa realidad se suma la voz de Stefani, una de las pocas mujeres changadoras del puerto. Su testimonio refleja la doble carga que enfrentan ella y sus compañeras: además de la precariedad común a todos los changadores, deben lidiar con discriminación, acoso y la constante duda de las empresas sobre su capacidad física. “Nosotras trabajamos igual que los hombres, cargamos, descargamos y cumplimos las mismas tareas, pero siempre nos ponen más obstáculos y menos reconocimiento”, relata. Lo más crudo, según Stefani, es el trato hacia las trabajadoras embarazadas: lejos de otorgarles protección, las empresas simplemente dejan de llamarlas, privándolas de ingresos en un momento de especial vulnerabilidad. Su experiencia evidencia que la precarización se profundiza cuando se cruza con la desigualdad de género. La contradicción es evidente: mientras el puerto es una de las principales puertas de ingreso de divisas al país, quienes lo sostienen trabajan en condiciones inestables, sin reconocimiento acorde a su aporte y enfrentando prácticas empresariales que priorizan la reducción de costos sobre la seguridad y la dignidad laboral. La situación abre un debate urgente: ¿seguirá naturalizándose la figura del changador como “trabajador de ocasión” en un sector que demanda fuerza de trabajo permanente? ¿O llegará el momento de reconocer formalmente que lo que se vende como “changa” es, en realidad, un empleo estructural que exige estabilidad, derechos y condiciones dignas?
ANCAP: el colapso silencioso del oleoducto del Este
Durante casi 30 días, Uruguay tuvo que importar combustibles refinados a causa de la rotura del PLEM en José Ignacio. El costo de la contingencia: 15 millones de dólares, es decir, unos 500.000 dólares extra por día Aunque el ente público anunció la reparación de la boya y del sistema de bombeo, el problema de fondo permanece intacto: el oleoducto que une José Ignacio con la refinería de La Teja está en estado crítico. La cañería, de 170 kilómetros y construida en 1978 por la dictadura, tiene casi 50 años. Técnicos aseguran que su vida útil caducó hace más de dos décadas. Hoy acumula más de 200 parches en su recorrido El 2024 marcó un punto de quiebre: fueron al menos ocho derrames graves en distintos tramos, desde Costa Azul hasta Santa Lucía del Este, pasando por barrios de Montevideo como La Teja y la Tablada. Las consecuencias fueron visibles: cangrejos muertos en el arroyo Solís Grande, playas contaminadas en plena temporada turística, vecinos denunciando petróleo en sus graserías y hasta un insólito episodio en el barrio Marconi, donde un vecino perforó el caño maestro intentando hacer una conexión irregular de agua El impacto económico y ambiental es alarmante. Afecta la pesca artesanal, la biodiversidad costera y la imagen turística del país. Sin embargo, las decisiones de conducción parecen haber reforzado la desidia. Nicolás Spinelli, gerente de logística durante los derrames de 2024 y señalado como uno de los principales responsables, no solo no fue sancionado: en agosto de ese mismo año fue ascendido a gerente general por el expresidente de ANCAP, Alejandro Stipanicic Con el cambio de gobierno, Spinelli se mantiene en el cargo, respaldado por la nueva presidenta, Cecilia San Román. Ante este escenario cabe preguntarse: ¿corregirá la nueva administración esta peligrosa carencia de inversión en infraestructura estratégica? ¿O profundizará el camino de responsabilizar al sindicato por los problemas de abastecimiento? Las recientes amenazas de declarar la esencialidad en sectores que no afectan directamente la distribución de combustibles parecen adelantar la respuesta. Mientras tanto, Uruguay sigue dependiendo de un oleoducto colapsado, cuya fragilidad expone al país a pérdidas millonarias y daños irreversibles al ambiente y al turismo.
La política uruguaya y su matriz batllista: un especial en YouTube
El sistema político uruguayo suele narrarse en clave de alternancia partidaria, de giros hacia la izquierda o hacia la derecha, de rupturas y refundaciones. Sin embargo, una mirada más profunda revela un patrón distinto: un péndulo que oscila dentro de un marco estable, heredado del batllismo, que ha ordenado la vida nacional durante más de un siglo. El nuevo especial de YouTube, La Matrix Batllista, propone justamente esa hipótesis: en Uruguay la alternancia no responde a ideologías irreconciliables, sino a la necesidad de reacomodar al país frente a los choques externos. La Guerra Fría, la crisis del 2002, la globalización o la pandemia de 2020 marcaron más los giros de rumbo que las elecciones mismas. Este pragmatismo estructural explica por qué ni la dictadura ni los gobiernos del Frente Amplio rompieron con la matriz batllista: ambos la adaptaron a su tiempo, buscando equilibrar un modelo de economía mixta, con Estado fuerte, empresas públicas estratégicas y apertura regulada al mundo. El especial recorre las tensiones, paradojas y continuidades de un sistema político que, entre modernización y conservadurismo, crisis y reformas, se mantiene en pie gracias a esa tabla de salvación que es el batllismo. Estreno en YouTube: La Matrix BatllistaUna invitación a repensar la política uruguaya más allá de los partidos, a través de una matriz común que atraviesa dictadura y democracia, izquierda y derecha, crisis y bonanza.
En Pocitos, la Policía y la seguridad privada hostigaron a un artista por portar una bandera palestina
Montevideo, 13 de septiembre de 2025 – El pasado 3 de septiembre, el pintor y artista Ismael Álvarez fue hostigado en el barrio Pocitos de Montevideo mientras realizaba un trabajo en un edificio de la calle Maeso. Álvarez relató que al estacionar su vehículo con una bandera de Palestina visible, fue primero increpado por los guardias de seguridad de la Escuela Integral, institución educativa de carácter sionista ubicada en la misma manzana. Posteriormente, efectivos de la Policía se acercaron y le exigieron retirar la bandera. “El problema era la bandera. Podía dejar el auto ahí si la sacaba, pero con la bandera no”, declaró Álvarez, quien finalmente decidió mover el vehículo para evitar mayores conflictos. Días después, denunció además el robo de la bandera y un constante hostigamiento de parte de los guardias, quienes merodeaban su auto y le sacaban fotos El artista anunció que está evaluando presentar una denuncia formal por la violación de su derecho a la libertad de expresión. “La que violó la libertad de expresión fue la Policía, que me mandó a sacar una banderita. Ahora sí quiero hacer la denuncia”, afirmó. Este hecho se inscribe en un marco más amplio de medidas de seguridad alrededor de instituciones sionistas en Montevideo, en virtud de resoluciones municipales que restringen la circulación y el estacionamiento en determinadas zonas. Sin embargo, en este caso no se le informó a Álvarez de ninguna normativa vigente: la exigencia policial se limitó a que retirara la bandera El episodio abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión en Uruguay y la actuación del Estado frente a presiones de grupos privados. No SE recuerdo en este país que portar la bandera de una nación reconocida oficialmente por Uruguay sea considerado un problema. Es, sin dudas, un precedente grave. Álvarez, quien continuó trabajando en el edificio durante varios días, expresó que el hostigamiento lo dejó “con ganas de irse”. Aun así, sostuvo que hará la denuncia para que situaciones como esta no se repitan.
NÚCLEO SINDICAL DE LA UTU DEL CERRO DENUNCIA ACOSO, PERSECUCIÓN Y PASIVIDAD DE LAS AUTORIDADES
Montevideo, 13 de setiembre de 2025 – El núcleo sindical de la UTU del Cerro viene advirtiendo desde hace meses a las autoridades de la ANEP sobre las actitudes y acciones del director de dicho centro de estudios, Ernesto González, que afectan gravemente la salud laboral y la armonía institucional. Las denuncias refieren a violaciones reiteradas del protocolo en casos de acoso laboral y sexual, persecución sindical, maltrato hacia docentes y funcionarios, y conductas impropias de quien dirige un centro educativo. Incluso, se señalan prácticas de control abusivo y exigencias fuera de toda norma, como obligar a trabajadores no docentes a realizar tareas que no corresponden a su función o a utilizar vestimenta provista por él mismo. Lejos de atender las advertencias, el pasado 11 de setiembre tres trabajadoras de la UTU del Cerro tuvieron que comparecer en la Comisión de acoso laboral de la institución tras ser denunciadas por el propio director cuestionado. En dicha instancia las autoridades de dicha comisión les llegaron a solicitar a las denunciadas «testigos hombres» de lo que manifestaban para considerar si sus denuncias iniciales «eran de género o no lo eran». Esta situación es interpretada por el núcleo sindical como un intento de amedrentar y revertir el eje de las denuncias. La pasividad y la desidia de las autoridades educativas ante estas reiteradas advertencias no son acciones inocuas. Por el contrario, terminan abonando y promoviendo la impunidad de quienes ejercen violencia, abuso de poder y persecución en espacios que deberían garantizar seguridad, respeto y formación integral para estudiantes y trabajadores. Tampoco parece estar a la altura el propio regional de Montevideo perteneciente a AFUTU que en un comunicado sobre este tema en redes sociales el mismo 11 de setiembre, advertía «que emitir cualquier publicación antes de con conocer con precisión de qué se las acusa habría sido una imprudencia inaceptable». Llama la atención este «rezongo» y la afirmación de «no conocer la causa» ya que el propio núcleo de la UTU del Cerro hizo varias publicaciones que han sido las fuentes que utilizó Reactiva Contenidos. Algunos docentes con los que conversamos del tema señalan además que este tipo de comunicados lejos de defender a las compañeras de la persecución de las que son víctimas, parecen más «intentar justificar el silencio de algunos dirigentes y mantener el orden institucional causante de estas violencias». El núcleo sindical, se mantiene firme y reitera su compromiso en la defensa de la comunidad educativa del Cerro y exige respuestas inmediatas a la ANEP y al Consejo de Educación Técnico Profesional.
La UDELAR cercada por presiones sionistas y denuncias políticas
Desde el 7 de octubre de 2023, la Universidad de la República (UDELAR) se ha visto sometida a un inusual nivel de presiones políticas y mediáticas, en el marco de la ofensiva desplegada por el lobby sionista en Uruguay. Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, protagonizaron denuncias y hostigamientos contra decanos, docentes y estudiantes, lo que derivó en un clima de persecución dentro de la institución. Uno de los primeros episodios fue la denuncia penal contra Pablo Martinis, decano de la Facultad de Humanidades, a raíz de su participación en un concurso literario. La acusación, impulsada por el entonces ministro Pablo Da Silveira y la jerarca del MEC Mariana Weinstein, buscó descalificar públicamente al académico. Aunque la causa fue archivada meses después, el episodio expuso el uso de la judicialización como mecanismo de presión política. Poco después, el MEC y el propio Da Silveira denunciaron al profesor Carlos Musso, grado 5 de Bellas Artes, a partir de una publicación en Instagram. Weinstein presentó incluso una denuncia penal, acompañada por el Comité Central Israelita, lo que derivó en un procesamiento judicial del docente por “incitación al odio”. La dimensión del caso mostró la coordinación entre jerarcas del gobierno y organizaciones de la colectividad israelita para instalar la idea de un antisemitismo en la UDELAR. El conflicto escaló con la interpelación parlamentaria de mayo de 2024, convocada a raíz de la cátedra del profesor Alberto Spektorowski, señalado por estudiantes y docentes como apologista del genocidio en Gaza. En aquella instancia, el rector Rodrigo Arim, el decano Pablo Martinis y la profesora Andrea Díaz comparecieron en el Parlamento. Según consta en actas, las explicaciones estuvieron dirigidas más al Comité Central Israelita que a los legisladores. Incluso se llegó a calificar públicamente a la agrupación estudiantil 21 de Junio de “antisemita”, pese a que la investigación universitaria aún no había concluido. Este proceder fue interpretado por amplios sectores de la comunidad universitaria como una “ofrenda al sionismo”. La sanción contra los estudiantes —suspensión del ingreso a la UDELAR por más de un año— se entendió como un gesto excesivo y desproporcionado frente a las acusaciones, sobre en el actual contexto, donde la propia institución ha denunciado el genocidio en Gaza y promovido la suspensión de la oficina de la ANII en Jerusalén. La controversia también expuso la fractura interna de la UDELAR. Mientras sectores docentes y estudiantiles se pronunciaban contra la represión en Palestina, parte de las autoridades se alineaban con las exigencias de los denunciantes externos. Esta ambivalencia derivó en una crisis de confianza hacia figuras de la conducción universitaria, como el ex rector Rodrigo Arim, hoy declarado “persona non grata” por funcionarios de la institución. A pesar de los episodios de persecución, la comunidad universitaria mantiene viva su capacidad crítica. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) hasta asociaciones de docentes y funcionarios, se han expresado en defensa de la libertad académica y contra la criminalización del pensamiento crítico. “En medio de tanta presión y oscuridad institucional, persiste un cuerpo sano que defiende la justicia y la vida”, señalaron desde colectivos internos. El caso de la UDELAR ilustra cómo las denuncias de antisemitismo, instrumentalizadas políticamente, pueden erosionar la autonomía universitaria y desviar la atención de debates esenciales. Con miles de estudiantes, docentes y egresados comprometidos, la institución enfrenta hoy el desafío de recomponer su credibilidad y recuperar la armonía, tras una etapa signada por el hostigamiento, la judicialización y las presiones externas.
Pablo Martinis. El decano de Humanidades se esconde ante la vergüenza
El decano de Humanidades Pablo Martinis será trasladado al Pro Rectorado de Enseñanza, que en los hechos funciona como una especie de ministerio dentro del Rectorado. Luego del bochornoso papel que lo tuvo como protagonista —persiguiendo y aceptando presiones de grupos sionistas contra militantes de la FEUU de su propia Facultad, agrupados en la corriente 21 de Junio , que además tenía la mayoría en el Centro de Estudiantes—, lo trasladan (o se auto-traslada) a un cargo menor, lejos de las luces de la exposición que él mismo buscó. Repasemos algunos hechos. La agrupación estudiantil 21 de Junio planeó en noviembre de 2023 una conferencia titulada: “NO ES GUERRA, ES GENOCIDIO” , consignada impulsada por la Coordinadora por Palestina y ratificada por la FEUU casi enseguida de que comenzaran los ataques israelíes después del 7 de octubre. Ante este hecho, el abogado de las juventudes sionistas, Federico Slepian, perteneciente a Jazit Hanoar, impulsó una denuncia que fue respaldada en el Parlamento mediante un pedido de informes del diputado colorado Felipe Schipani, convalidado por el propio decano Pablo Martinis y el rector de ese momento en la UDELAR, Rodrigo Arim. En dicha instancia, tanto el rector como el decano de Humanidades reconocieron haber sido reunidos con el Comité Central Israelita para “explicarles las sanciones contra los estudiantes”. VER NOTA A NICOLÁS BONILLA- 21 DE JUNIO Esta estrategia del actual decano de Humanidades de lavado de imagen lo tuvo el pasado 3 de septiembre en el salón de eventos especiales del Palacio Legislativo, en un acto organizado por la Coordinación por Palestina. Como si pretendiera lavar su conciencia, Pablo Martinis eligió sentarse entre los senadores Gustavo González, del Partido Socialista, y Óscar Andrade, del Partido Comunista, ambos enfáticos en señalar la responsabilidad del Estado de Israel en el genocidio contra el pueblo palestino. Será por eso que a muchos asistentes les llamó la atención la presencia del todavía decano de Humanidades en dicha actividad. Por otra parte, Reactiva Contenidos también maneja información de que el sindicato de funcionarios de la UDELAR declaró persona no grata a Rodrigo Arim, ex rector de la Universidad y actual jerarca de la OPP, medida que se anunciará en las próximas horas. 👁 [publicaciones vistas] visitas
