Montevideo – El debate internacional sobre la llamada “solución de dos Estados” para el conflicto palestino-israelí volvió a ganar espacio en foros diplomáticos y en la ONU. Sin embargo, la propuesta se enfrenta a múltiples obstáculos que la vuelven, en los hechos, inviable. En la discusión se subraya que un Estado soberano debe contar con fronteras claras, control de su espacio aéreo, aguas territoriales, moneda, aduanas y fuerza de seguridad propia. Ninguno de estos elementos se cumple hoy para la Autoridad Palestina. Por el contrario, Israel mantiene un control efectivo sobre el 60% de Cisjordania y limita la circulación mediante más de 600 puestos de control militares. A esto se suma la expansión de los asentamientos israelíes. Aunque los palestinos representan el 86% de la población en Cisjordania, los colonos, que constituyen apenas el 14%, controlan porciones clave del territorio gracias a su ubicación estratégica y al respaldo militar. Desalojarlos implicaría un enfrentamiento de magnitud, advierten analistas. Otro factor central es el acceso a recursos. La Franja de Gaza, por ejemplo, limita con uno de los mayores yacimientos de gas natural de la región. Una eventual soberanía palestina sobre ese territorio supondría que Israel cediera control económico y estratégico, algo considerado inaceptable por su dirigencia. Así, la propuesta de dos Estados es una “ilusión de paz” que posterga el problema en lugar de resolverlo. “La comunidad internacional promueve esta fórmula como una salida diplomática, pero en los hechos es impracticable”. Incluso dentro del movimiento palestino existen contradicciones: Hamas, en su carta de principios de 2017, aceptó la posibilidad de un Estado palestino dentro de las fronteras previas a 1967, lo que abre interrogantes sobre la viabilidad de la propuesta. En Uruguay, voces sindicales, sociales y políticas han reclamado que el gobierno adopte una posición más firme frente al genocidio en curso, Es necesaria la ruptura de relaciones con Israel. 👁 visitas
Trabajadores de la Universidad en conflicto por presupuesto y salarios
Montevideo – La agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) se declaró en conflicto tras rechazar la propuesta salarial del gobierno y denunciar un “presupuesto de espaldas a la gente”. El sindicato cuestionó que la Universidad había solicitado un incremento presupuestal del 52% y apenas recibirá un 3,5%. En el caso de becas, la demanda de recursos para cubrir a más de 3.400 estudiantes fue respondida con apenas 150 millones de pesos, lo que permitirá llegar solo a 700 de ellos. En materia salarial, el Poder Ejecutivo ofreció inicialmente 80 millones de pesos, luego 120 y finalmente 140 millones, muy lejos de los 900 millones necesarios para recuperar el 5% perdido en el período anterior. Fuentes de AFFUR relatan métodos “extorsivos” en la negociación, como condicionar partidas o interferir en acuerdos históricos de distribución interna entre docentes y no docentes. La situación se enmarca en un creciente malestar de los gremios universitarios. La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) también se declaró conflicto, y los distintos sindicatos preparan una movilización que según pudo saber Reactiva Contenidos sería bajo la nueva consigna de AFFUR: “Movemos la Universidad”. El nuevo rector, Héctor Cancela, valorado por los gremios por abrir instancias de diálogo inexistentes en gestiones anteriores, calificó el presupuesto presentado por el gobierno como insuficiente e inflexible. La asamblea de AFFUR, realizada en el Paraninfo, sumó definiciones políticas: repudió la propuesta del Ejecutivo de designar al militar Carlos Sequeira en un cargo público y reafirmó su apoyo al pueblo palestino, exigiendo al gobierno uruguayo cortar vínculos con Israel.
Viaje de periodistas uruguayos a Israel: Brecha revela operativo de propaganda
El 15 de agosto, el semanario Brecha publicó un artículo titulado “El tour de medios uruguayos en Israel, guiada por la embajada”, firmado por los periodistas Mariana Contreras y Francisco Claramunt, en el que se expone cómo diversos medios de comunicación uruguayos participaron a fines de julio en un viaje organizado y financiado por el Estado de Israel, cuyo objetivo declarado fue “influir en la prensa extranjera y las redes sociales”. Según la investigación de Brecha, aceptaron la invitación los canales 4, 10, 12 y VTV; los diarios El País y El Observador; el semanario Búsqueda; y la radio El Sol FM. El itinerario, preparado por la embajada israelí, incluyó visitas guiadas, entrevistas seleccionadas de antemano y actividades en Jerusalén, Tel Aviv y zonas limítrofes con Gaza y Cisjordania. El reportaje detalla que los periodistas invitados no tuvieron acceso independiente a los territorios palestinos y que las entrevistas se limitaron a voceros oficiales del Estado de Israel, como Ronnie Kaplan, portavoz del ejército, y el periodista israelí Enrique Simmerman, ambos recurrentemente presentados como fuentes en las notas publicadas luego en Uruguay. La polémica surge porque, como señala Brecha, este tipo de viajes forman parte de un programa estatal israelí conocido como Hasbará, dotado de un presupuesto millonario para desarrollar operaciones de propaganda internacional. En ese marco, la nota advierte sobre el riesgo de que la prensa uruguaya quede reducida al rol de difusora de un relato oficial, sin capacidad de contraste ni acceso a otras voces en el terreno. El informe también recuerda que, mientras Israel organiza estos tours, sigue prohibiendo el ingreso de periodistas extranjeros a la Franja de Gaza, impidiendo verificar de forma independiente lo que ocurre allí. La revelación de Brecha no solo expone las estrategias de influencia internacional del Estado israelí, sino que también reabre un debate incómodo dentro del periodismo uruguayo: ¿hasta qué punto es legítimo aceptar viajes financiados por un país involucrado en un conflicto bélico, con la condición de reproducir únicamente su visión de los hechos? 👁 visitas
Impuestos y mentiras: un TIFA que nunca dijo lo que el gobierno asegura
Tanto el ministro de Economía como el presidente de la República salieron a defender la inclusión del IVA en las compras por Internet de productos extranjeros, presentándola como una medida “justa” que respondía a una demanda de la Cámara de Comercio. La decisión fue explicada como una forma de proteger el empleo nacional y garantizar igualdad de condiciones frente a plataformas como Temu, que en los primeros dos meses de 2025 habría movido más de 30 millones de dólares en ventas hacia Uruguay. Sin embargo, el gobierno aclaró que los productos provenientes de Estados Unidos quedaban excluidos de este nuevo tributo porque estaban comprendidos en el acuerdo del TIFA firmado en 2007. Y ahí comienza la polémica. Lo cierto es que el TIFA no establece ninguna restricción respecto a la aplicación de impuestos. Se trata de un acuerdo de inversiones y cooperación que creó un consejo bilateral para dialogar sobre comercio electrónico, compras estatales y liberalización de mercados, pero no incluye cláusulas de exoneraciones tributarias ni limitaciones al IVA. Quien sí contemplaba esa posibilidad era el Tratado de Libre Comercio (TLC) que el presidente Tabaré Vázquez intentó firmar en 2006 con la administración de George W. Bush. Ese documento, que nunca llegó a concretarse, incluía limitaciones a la imposición de tributos a bienes y servicios estadounidenses. Fue bloqueado por la oposición del PIT-CNT, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP y varias organizaciones sociales, en una de las movilizaciones más recordadas de la izquierda uruguaya bajo la consigna “No al TLC”. En aquel entonces, Vázquez presionaba a su propia fuerza política con la frase: “El tren pasa solo una vez”. Casi veinte años después, la historia parece repetirse en clave fantasmal: el gobierno actual, al invocar falsamente al TIFA, introduce un impuesto que castiga a los sectores populares que recurren a plataformas baratas como Temu, mientras protege las importaciones de origen estadounidense. La medida, más que equilibrar la cancha, aparece como un gesto hacia la administración Trump en el marco de la guerra comercial con China, disfrazada de justicia tributaria. En los hechos, termina siendo una doble señal: hacia afuera, de alineamiento con Estados Unidos; hacia adentro, de desconexión con las necesidades de los consumidores que más dependen de este tipo de compras. 👁 visitas
¿Quién está detrás de la denuncia a los estudiantes de la FEUU en Humanidades?
El abogado que armó la causa, Federico Slepian, pertenece a la organización Jazit Hanoar, un movimiento juvenil sionista fundado en Uruguay en 1951 como “Agrupación Juvenil de la Nueva Congregación Israelita (NCI)”, integrado desde 1959 al movimiento continental sudamericano Jazit Hanoar. Reactiva Contenidos accedió a la denuncia. No daremos el nombre de la denunciante porque no aporta nada a la discusión, pero sí analizamos sus elementos que evidencian una causa armada de antisemitismo que claramente no es tal. Inicio de la denuncia: la denunciante relata haber visto carteles en la cartelera de la agrupación 21 de Junio, donde se afirmaba que el “Colegio Yavne es una institución uruguaya sionista”. Llama la atención que se presente como agravio algo que el propio colegio reivindica públicamente como se puede constatar en su sitio institucional y en publicaciones comunitarias. Contexto de cartelería arrancada: todos los afiches de la actividad “No es guerra, es genocidio” eran retirados sistemáticamente. La propia denunciante admite: “Un poco antes de las 9 de la mañana vi el mismo cartel del otro lado de las escaleras, al cual procedí a arrancar con enojo”. Es decir: confiesa haber destruido propaganda estudiantil. La acusación de ‘ambiente hostil’: según la denuncia, la denunciante y dos compañeros se sintieron incómodos porque en la fotocopiadora gremial se hablaba del conflicto Israel-Palestina. Lo describe como un ambiente hostil, aunque se trataba de un ámbito estudiantil donde se discuten temas políticos. Conclusión emocional: la denunciante afirma: “Siento que toman por supuesto mi ser sionista y además genocida”. Esa afirmación puede entenderse como un conflicto interno: justificar las acciones de Israel resulta insoportable, pero la responsabilidad de un genocidio no puede trasladarse a estudiantes que organizan actividades políticas en la universidad. La redacción del texto final de la denuncia muestra un salto en estilo: del relato emotivo y desprolijo de una estudiante pasa a un tono frío, técnico y jurídico. Ese cambio confirma la mano del abogado Federico Slepian, quien condujo la denuncia en la órbita de la unidad de acoso de la Universidad de la República. El cierre de la denuncia sostiene: “Últimamente, al no sentir a la facultad como un espacio seguro, convivo con el miedo a que se sepa mi identidad judía y ser violentada por eso. Me parece que todo esto atenta contra mi derecho a la educación, en tanto siento que la institución no es un lugar seguro para mí. Me siento echada y he considerado dejar mis estudios”. El decano Pablo Martinis y la mayoría del Consejo de Facultad de Humanidades cedieron a esa presión y sancionaron a seis estudiantes. Se abrió una grieta peligrosa: la universidad castigó a militantes que denunciaban un genocidio, un término que ya casi nadie discute a nivel internacional. ¿Seguirán abiertos los expedientes? ¿Seguirá esta vergüenza institucional? Entrevista a Nicolás Bonilla (Reactiva Contenidos) “Estuve un año y medio sin poder entrar a estudiar en la Facultad de Humanidades. Se me acusó de antisemita, de acosar a la población judía. Fue por un tema político-gremial. Yo soy militante de la agrupación 21 de Junio, una agrupación antiimperialista, y en ese sentido denunciamos un genocidio que está sucediendo. Por eso nos atacaron”. “En noviembre de 2023 organizamos una conferencia titulada No es guerra, es genocidio. Invitamos a la embajadora de Palestina, a compañeros de la FEUU y de distintas agrupaciones estudiantiles. En la semana previa colocamos carteles todos los días, y todos los días nos los arrancaban. Era evidente que había sectores sionistas detrás de esa censura”. “La denuncia inicial la arma el asistente académico del decano Pablo Martinis. En su informe llegó a decir que criticar al sionismo o a Israel es antisemitismo. Ahí se apoya en definiciones internacionales totalmente sesgadas. Es un disparate”. “No hay antecedentes de que se le prohíba la entrada a un estudiante por razones gremiales. A mí sí me prohibieron el ingreso; a Tróccoli, torturador de la dictadura, no”. “Lo que hubo fue una operación articulada. El decano Martinis y el exrector Rodrigo Arim fueron al Parlamento a rendir cuentas al diputado colorado Felipe Schipani. Dijeron incluso que se habían reunido con el Comité Central Israelita para explicarles las sanciones contra nosotros. Todo eso quedó en actas taquigráficas”. “El caso del profesor Spectorovski es escandaloso. Él dijo en televisión que Israel podía ‘hacer un genocidio en dos minutos’. Nosotros nos opusimos a su contratación como docente de maestría, y por eso se nos persiguió aún más”. “Hoy la prohibición de ingreso cayó, pero los sumarios siguen abiertos. Eso significa que en cualquier momento pueden volver a sancionarnos. Fue una medida disciplinadora para toda la universidad: después de noviembre de 2023 prácticamente no hubo actividades estudiantiles contra el genocidio”. “A pesar de todo seguimos militando. Nos quisieron quebrar, nos quisieron eliminar como agrupación. Pero seguimos denunciando el genocidio y seguiremos en la FEUU. Ser sancionado por pedido del Comité Central Israelita, en este trance histórico, es una medalla de dignidad, no una vergüenza”. 👁 visitas
De Mujica a Orsi: dos posturas frente a Israel y Gaza
Durante la operación “Margen Protector” en 2014, el entonces presidente de la República, José Mujica, asumió una posición pública que marcó con claridad la condena del accionar del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu. En aquel momento, con la ofensiva aún en curso, Mujica expresó: “Cuando se bombardean hospitales, niños y viejos, me parece que es un genocidio”. El saldo final de aquella operación fue devastador: más de 2.300 palestinos asesinados —el 70% civiles—, 10.600 heridos y miles de viviendas destruidas. Pese a su cercanía con integrantes de la colectividad judía en Uruguay y en su propio gabinete, Mujica fue categórico: “Nadie me puede acusar de antisemita. Pero este es un fanatismo que ha cundido como dirección política y no se puede sostener, porque con la fuerza militar que tiene Israel… si quiere, pulveriza”. Once años después, con un escenario aún más dramático —el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 60.000 palestinos asesinados desde octubre de 2023—, la postura del actual presidente Yamandú Orsi muestra un contraste llamativo. Aunque el Frente Amplio como fuerza política y sectores como el MPP y el MLN califican lo que sucede en Gaza como un genocidio, Orsi se ha mantenido en un tono mucho más cauteloso, evitando esa definición y apelando a un discurso de condena general “a la guerra” y “a todas las formas de violencia”. El contraste es evidente: en 2014, con poco más de un millar de muertes acumuladas al momento de sus declaraciones, Mujica habló sin rodeos de genocidio. En 2025, con decenas de miles de víctimas más y una ofensiva aún más prolongada, Orsi insiste en un equilibrio diplomático que, para buena parte de la militancia frenteamplista, se traduce en tibieza frente a Netanyahu. La comparación expone no solo diferencias de estilo entre dos presidentes del mismo partido, sino también las tensiones internas que atraviesan hoy al Frente Amplio entre la voz de su base social y la prudencia de su gobierno. 👁 visitas
El Frente Amplio entre la militancia y el gobierno: Palestina, genocidio y un lobby silencioso
Mientras que la casi totalidad de la militancia frenteamplista y el propio Frente Amplio en sus instancias oficiales han reconocido el genocidio en toda Palestina y se han volcado a militar activamente contra él, el gobierno surgido de esa fuerza política mantiene una postura diametralmente opuesta: evita usar la palabra “genocidio”, habla de una “tragedia humanitaria” y continúa desarrollando vínculos militares y diplomáticos con Israel. En sucesivas intervenciones públicas, autoridades como el canciller Mario Lubetkin y la vicecanciller Valeria Csukasi han insistido en que “los elementos no están configurados” para calificar lo que ocurre en Gaza como genocidio, reduciéndolo a una situación “compleja” y a una “tragedia” que el ministerio “monitorea permanentemente”. Pero el alineamiento gubernamental no se limita a un lenguaje diplomático: la ministra de Defensa ha ratificado la continuidad en la compra de armas a Israel en pleno desarrollo de las masacres en Gaza y Cisjordania. La política exterior uruguaya, así, se muestra más preocupada por no “innovar” en la relación bilateral que por responder al reclamo de su propia base militante, que ve en el silencio oficial una traición a la histórica tradición antiimperialista de la izquierda uruguaya. Paralelamente, se despliega un movimiento más sutil dentro del propio Frente Amplio: un grupo de dirigentes, entre ellos Óscar Andrade, ha acompañado y difundido las charlas del historiador israelí Gerardo Leibner. En estos encuentros, realizados incluso en sedes frenteamplistas, Leibner sostiene un discurso que, si bien reconoce la magnitud de la violencia, busca relativizar la categoría de genocidio bajo argumentos “técnicos” y colocar el conflicto dentro de un marco de “guerra genocida”. Este operativo discursivo apunta a generar en parte de la militancia frenteamplista una posición más comprensiva hacia Israel, en sintonía con un sector del progresismo israelí que también actúa en clave de oposición a Netanyahu pero sin cuestionar la legitimidad del Estado ocupante. De este modo, el Frente Amplio aparece fracturado en tres planos: La militancia y bases sociales, que participan activamente en las movilizaciones solidarias con Palestina. La dirección política y parlamentaria, que formalmente reconoce el genocidio. El gobierno frenteamplista, que se resiste a nombrarlo como tal y mantiene negocios con Israel, acompañado además por un discreto lobby cultural y político que busca suavizar la condena. La contradicción entre lo que dice y hace el Frente Amplio según el lugar desde el cual se lo mire —la calle, la orgánica partidaria o el gobierno— desnuda una tensión profunda que amenaza con erosionar la confianza de la militancia en su propia fuerza política. 👁 visitas
Trabajadores del dragado público denuncian abandono e intentos de privatización
Montevideo, agosto de 2025 – El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), a través de su sector Dragado, advirtió sobre la grave situación que atraviesa esta área estratégica de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y denunció una maniobra deliberada para debilitarla, con el objetivo de entregar un negocio millonario y permanente a empresas privadas. En una entrevista realizada por Reactiva Contenidos, los trabajadores —entre ellos Marcelo (cocinero de a bordo), Gustavo, Dylan Sosa (maquinista naval), Yhonatan, Nelson Blanco (timonel de la Draga 7) y Pablo Márquez (marinero de cubierta)— expusieron la importancia del dragado público para el comercio exterior y la soberanía del país. Relataron que, en promedio, se extrae un millón de metros cúbicos de barro por mes y vuelven a entrar 800 mil, lo que exige una operación continua y eficiente. Actualmente, la ANP cuenta con 17 embarcaciones, incluidas tres dragas, pero solo dos están operativas (la Draga 7 y el remolcador Genoa) y, en la práctica, solo una realiza dragado. La falta de personal impide poner en marcha las restantes, incluso cuando están reparadas. Según datos de la propia ANP, mencionados en la entrevista, el dragado público puede realizarse a un costo estimado de 2 dólares por metro cúbico, mientras que las empresas privadas cobran alrededor de 15 dólares. Como contexto, en tres meses se han gastado 50 millones de dólares en contratos con empresas chinas para trabajos como el dragado del canal de La Teja, cuando una draga nueva cuesta aproximadamente 35 millones. Además, firmas privadas, como algunas danesas que han trabajado en Uruguay, han llegado a operar con costos de 100 mil dólares diarios. Los trabajadores denunciaron que cargos jerárquicos en la ANP son ocupados por designaciones políticas sin conocimientos técnicos —“choferes o carpinteros” en lugar de ingenieros navales—, lo que genera ineficiencia y paralización de buques. La falta de inversión se refleja incluso en carencias básicas como combustible y repuestos, afectando el mantenimiento preventivo y la operativa diaria. Entre las embarcaciones subutilizadas se encuentra una grúa flotante única en Uruguay y Sudamérica, clave para trabajos a pie de muro, que permanece abandonada sin justificación. También advirtieron sobre la experiencia en el canal Martín García, donde una empresa privada operó durante 25 años con costos inflados y prácticas corruptas, según denuncias públicas previas. SUPRA reclama un plan urgente de inversión, presupuesto y contratación de personal especializado, así como participación directa del sindicato en la planificación de las obras. Sostienen que el dragado debe permanecer en manos públicas para garantizar soberanía, empleo nacional y la reinversión de los recursos en el país.
El PIT-CNT sacude la agenda política con propuesta de impuesto al 1% más rico
Montevideo — El PIT-CNT logró colocar en el centro del debate una idea concreta y directa: reducir la pobreza infantil con un tributo al 1% más rico de la población. La central sindical puso sobre la mesa un planteo que, por su sencillez y contundencia, dejó en evidencia a buena parte del arco político, especialmente a los propios economistas del Frente Amplio. Estos últimos, protagonistas en la militancia contra la reforma jubilatoria, habían argumentado su rechazo invocando la necesidad de priorizar la infancia empobrecida. Sin embargo, ahora se enfrentan a una contradicción: la propuesta que materializa esa prioridad proviene del movimiento sindical, y no de sus propias filas. El Gobierno, que rechazó la idea inicial, intenta contener el impacto político rescatando una propuesta elaborada por Danilo Astori en 2020, en el contexto de la pandemia. Esta consistiría en aplicar un impuesto a los depósitos en el exterior de residentes uruguayos. Según las estimaciones oficiales, la recaudación sería similar a la del tributo propuesto por el PIT-CNT, pero sin el simbolismo disruptivo ni el “terremoto político” que implicaría que la clase trabajadora organizada impulsara un gravamen directo sobre las grandes fortunas. La ironía no pasa desapercibida: fue el propio equipo económico de Astori quien, en 2007, al crear el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dejó expresamente fuera de su alcance los depósitos en el exterior. Analistas advierten que la iniciativa gubernamental podría convertirse en una mera maniobra distractiva. Es probable que no cuente con el respaldo de la oposición y que, finalmente, todo permanezca igual. Para el PIT-CNT, la señal es clara: en Uruguay, los sectores más adinerados no solo permanecen intocables, sino que, en muchos casos, son beneficiados y subsidiados por las propias políticas de Estado.
Terrorismo: la política en su forma más concentrada
El terrorismo suele presentarse en el imaginario público como un fenómeno marginal, irracional y exótico. La imagen dominante —alimentada por medios, gobiernos y manuales escolares— lo asocia a fanatismos religiosos, grupos aislados y enemigos lejanos. Sin embargo, si nos atenemos a la definición aceptada por Naciones Unidas y otras instancias internacionales, el terrorismo es el uso sistemático de la violencia, o de la amenaza de violencia, con fines políticos, generalmente contra civiles, para infundir miedo e influir en decisiones.Cuando recordamos, además, la fórmula de Carl von Clausewitz —la guerra es la continuación de la política por otros medios—, aparece una pregunta incómoda: si la guerra es política concentrada, ¿no es el terrorismo su versión más económica y directa? Este análisis explora esa hipótesis: que el terrorismo, lejos de ser una anomalía, es un método recurrente e inherente a las lógicas del poder, utilizado por actores estatales y no estatales, y que en el capitalismo encuentra su terreno más fértil. Terrorismo de Estado y no estatal: una diferencia de legitimidad En la clasificación más habitual, se distingue entre terrorismo estatal y no estatal. El primero es ejercido por gobiernos y fuerzas de seguridad; el segundo, por grupos armados que desafían al Estado. La diferencia central no está tanto en la naturaleza de sus métodos como en el modo en que se los legitima o condena.El terrorismo no estatal recibe la condena inmediata y explícita del sistema internacional. El estatal, en cambio, se disfraza bajo otros términos: “excesos”, “operativos de seguridad”, “daños colaterales”. Así, bombardear ciudades, desaparecer opositores o imponer hambre y desocupación masiva rara vez se tipifica como terrorismo cuando lo ejecuta un gobierno reconocido. Breve genealogía del terror como política Aunque el término “terrorismo de Estado” se popularizó en América Latina a partir de las dictaduras del Cono Sur y el Plan Cóndor, su lógica es mucho más antigua.En la Revolución Francesa, el Comité de Salvación Pública usó la guillotina como instrumento para disciplinar a opositores y consolidar el poder burgués. Robespierre lo dijo sin rodeos: “La virtud sin el terror es mortal; el terror sin virtud es impotente”.En el siglo XX, las guerras mundiales, Hiroshima y Nagasaki, y las campañas militares justificadas por atentados como Pearl Harbor o las Torres Gemelas muestran un patrón: el terror dirigido contra civiles no es un efecto colateral, sino un objetivo deliberado para obtener ventajas políticas o estratégicas. El caso latinoamericano: Plan Cóndor y neoliberalismo En América Latina, el terrorismo de Estado no solo buscó eliminar a la oposición política. Tuvo, además, un objetivo económico claro: imponer el modelo neoliberal.Bajo la coordinación del Plan Cóndor, dictaduras de la región ejecutaron desapariciones, torturas y exilios masivos para desarticular cualquier resistencia social. El saldo económico es elocuente: la deuda externa conjunta de los países involucrados pasó de 19.000 millones de dólares en 1970 a 192.000 millones en 1985. El miedo fue la herramienta para vaciar Estados, privatizar recursos y subordinar las economías a la lógica financiera global. Terror cotidiano: la gestión del miedo en democracia Aunque pueda parecer propio de regímenes autoritarios, el uso del miedo como herramienta política no desaparece en democracia. En contextos capitalistas, el terror se administra de forma difusa: Cárceles degradadas que sirven como advertencia social. Inseguridad urbana que justifica políticas represivas. Desocupación y salarios bajos que disciplinan a la clase trabajadora. Aparatos mediáticos que amplifican amenazas y construyen enemigos internos. Este “terrorismo blando” no necesita explosiones ni secuestros: su objetivo es condicionar comportamientos y reducir la capacidad de organización colectiva. Conclusión Si aceptamos que el terrorismo es el uso sistemático de la violencia para fines políticos y que la guerra es política concentrada, debemos admitir que el terrorismo es, en muchos casos, la forma más económica y efectiva de hacer política en el sistema capitalista. Lo han practicado Estados, empresas, narcotráficos, guerrillas; lo han justificado desde todos los espectros ideológicos. La pregunta que queda abierta es si es posible transformar radicalmente un sistema así sin recurrir al terror como herramienta. No solo sería deseable: sería condición excluyente para que el cambio no repita las lógicas que dice combatir.El desafío es construir una política basada en la coherencia, la conciencia y el amor, capaces de movilizar sin miedo y de sostener un proyecto que no dependa de infundir terror para perdurar. 👁 visitas
