Un llamado a la empatía histórica y política para comprender las luchas de resistencia en contextos coloniales. Comparar al Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) con HAMAS no es un ejercicio de provocación gratuita. Es una invitación a mirar la historia reciente de Uruguay para comprender, desde nuestra propia piel, lo que ocurre hoy en Palestina. Las luchas anticolonialistas y de resistencia armada no surgen en el vacío: se gestan en contextos de opresión, despojo y violencia sistemática. Tanto en América Latina en los años sesenta y setenta como en Medio Oriente desde mediados del siglo XX, el dolor y la humillación de un pueblo han generado respuestas diversas: algunas inspiradoras para muchos, otras difíciles de aceptar. Pero todas, antes de ser juzgadas, deben ser entendidas. En Uruguay, la figura de Raúl Sendic y acciones como la Toma de Pando han sido reivindicadas durante décadas por buena parte de la izquierda, pese a las muertes y daños colaterales que implicaron. Sin embargo, cuando se habla de Ismail Haniya o de la resistencia palestina, la narrativa dominante cambia hacia la criminalización absoluta. Esta doble vara, señalan los impulsores de la comparación, revela una mirada incongruente y limitada. La reflexión surge en un contexto particular: la reactivación del compromiso militante en Uruguay frente al genocidio palestino. Diversos comités de base del Frente Amplio, colectivos sociales y personas independientes han roto el prolongado silencio político sobre el sionismo y la ocupación israelí. Para algunos referentes, este proceso ha funcionado como una “sanación” interna de la izquierda uruguaya, removiendo inercias, ataduras partidarias y compromisos de silencio. Entender la resistencia palestina no significa aprobar todos sus métodos. Significa reconocer que, al igual que el MLN-T, HAMAS surge de un entramado social, político y humano moldeado por décadas de injusticia y violencia colonial. En palabras de quienes promueven este paralelismo, “romantizar la lucha de Sendic pero criminalizar la de Haniya es desconocer que ambas nacen de la misma raíz: la resistencia a la opresión”.
Uruguay profundiza lazos con Israel mientras calla ante ataque a su embajador en Palestina
La tibia reacción del gobierno uruguayo tras el tiroteo al embajador Fernando Arroyo por parte del ejército israelí revela los vínculos crecientes con el Estado ocupante. En 2024, Uruguay alcanzó cifras récord en exportación de carne a Israel: más de 20.000 toneladas y 110 millones de dólares. El fines de mayo, el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo, fue tiroteado por soldados israelíes mientras participaba en una visita diplomática a un campo de refugiados en Jenin, Cisjordania. Pese a la gravedad del hecho —un ataque armado contra una delegación internacional en territorio ocupado—, la respuesta del gobierno uruguayo ha sido ambigua y evasiva. Lejos de condenar con firmeza lo ocurrido o de exigir responsabilidades a Israel, el presidente y su cancillería optaron por una retórica confusa, amparándose en la noción de “zona de guerra” y evitando cualquier mención a la ilegalidad de la ocupación o al carácter sistemático de la violencia israelí. El hecho se da en un contexto de profundos lazos comerciales entre Uruguay e Israel. En lo que va del año 2024, Uruguay exportó más de 20.000 toneladas de carne al país genocida, alcanzando una cifra récord de 110 millones de dólares. Esto posiciona al país como el cuarto mayor exportador de carne a Israel, lo que implica que uno de cada 10 kilos de carne que se consume en ese país proviene de Uruguay. A nivel regional, la situación no es menos alarmante. El 75% de la carne consumida en Israel durante 2024 provino del MERCOSUR, lo que refleja un fuerte alineamiento económico del bloque con el Estado de Israel, en pleno desarrollo de un genocidio ampliamente denunciado por organismos internacionales y cortes penales. Mientras se registran estas cifras históricas de comercio, el vínculo diplomático con Palestina permanece en estado de congelamiento. Uno de los objetivos de la misión del embajador Arroyo en Jenin era precisamente reactivar una inversión industrial de origen palestino en el departamento de Florida, un proyecto que había sido acordado en 2016 y que prometía generar más de 100 empleos directos. El atentado que sufrió Arroyo frustró de facto cualquier avance, y el tema ha sido completamente silenciado por las autoridades uruguayas. La Coordinación por Palestina emitió un comunicado exigiendo al gobierno uruguayo dos puntos fundamentales: Reconocer que Israel no tiene jurisdicción sobre Cisjordania y que el ataque fue una violación al derecho internacional. Dejar de hablar de “guerra” para referirse a lo que es un genocidio y una ocupación ilegal. Asimismo, organizaciones y voces críticas en Uruguay reclaman que el país deje de suministrar carne al ejército ocupante, como gesto mínimo de coherencia y respeto a los derechos humanos, recordando que si bien Uruguay no exporta armas, está aportando insumos claves a las fuerzas represivas israelíes. El silencio del gobierno frente a este ataque a su propio embajador, y la falta de medidas diplomáticas en respuesta, contrastan fuertemente con las reacciones que hubiera tenido ante hechos similares en otras regiones. La “tibieza” institucional no es aislada: responde a una política exterior cada vez más alineada con intereses sionistas —a nivel económico, mediático y político—, incluso a costa del propio cuerpo diplomático uruguayo.
Municipios fantasmas en Cerro Largo: una muestra del fracaso del tercer nivel de gobierno
En la localidad de Arbolito, departamento de Cerro Largo, el llamado “tercer nivel de gobierno” evidencia su mayor contradicción. Con una población real que ronda los 180 habitantes, y apenas 55 viviendas ocupadas, el alcalde fue electo sin competencia y con 261 votos en un padrón de más de 400 personas —cifra superior a la población efectiva, dado que muchos emigraron pero nunca cambiaron su credencial electoral. Este caso no es una rareza. Es, en cambio, un símbolo del problema estructural que representa el sistema de municipios en Uruguay, particularmente en departamentos como Cerro Largo, que cuenta con 16 municipios, la mayoría sin justificación territorial, demográfica ni administrativa. El municipio de Quebracho, por ejemplo, eligió alcalde con apenas 154 votos. ¿Qué sentido tiene sostener municipios donde no hay pueblo? El tercer nivel de gobierno fue impulsado como una forma de acercar el Estado a la ciudadanía. Pero en la práctica, lo que ha ocurrido en muchos casos es la construcción de una estructura paralela, costosa, clientelista y funcional al reparto de cargos entre partidos políticos. En Cerro Largo, donde el exintendente Sergio Botana impulsó la creación de la mayoría de estos municipios, todos están en manos del Partido Nacional. Se trata de unidades administrativas que no cuentan con juez, ni cura, ni servicios básicos. En Arbolito, el sacerdote abandonó el pueblo, el juzgado permanece sin juez desde hace más de 10 años y muchas viviendas están deshabitadas. El escudo del municipio —que ostenta referencias al imperio portugués, al reino de España y a una empresa eólica italiana— dice mucho del carácter decorativo de estas instancias, creadas más para justificar cargos y salarios que para resolver los problemas reales de los vecinos. 30 millones de dólares para cargos, no para servicios En total, Uruguay tiene hoy 136 municipios. El costo anual de estos gobiernos locales —considerando salarios de alcaldes, concejales, asesores, choferes y estructuras administrativas— se estima en 30 millones de dólares por quinquenio. Ese dinero podría destinarse a salud, educación, transporte o vivienda, especialmente en localidades que carecen de servicios básicos. Los municipios se financian mayoritariamente a través del presupuesto departamental, que a su vez depende del gobierno nacional. Es decir, los ciudadanos de Montevideo, Salto o San José terminan pagando con sus impuestos las estructuras políticas de localidades donde viven menos personas que en un complejo habitacional urbano. Clientelismo y captura política El caso de Cerro Largo muestra con nitidez cómo se utiliza la institucionalidad para consolidar poder político. Al dividir el departamento en múltiples municipios, el caudillismo se fortalece. Cada alcalde sin competencia es, en la práctica, un designado. No existe contrapeso, ni escrutinio real. En las elecciones recientes, algunos municipios no tuvieron candidatos alternativos. El caso de Arbolito es emblemático: el alcalde fue electo sin oposición en una localidad donde ni siquiera hay servicios públicos fundamentales. Más que una descentralización efectiva, parece una estrategia de control político y asignación de favores. Un sistema que fracasó El tercer nivel de gobierno, lejos de acercar al Estado a la ciudadanía, se convirtió en muchos casos en una fachada para sostener estructuras clientelares. Salvo excepciones justificadas por razones de densidad o distancia —como Bella Unión en Artigas—, la mayoría de estos municipios no cumplen ninguna función relevante para la población. El caso de Arbolito —donde se eligió un alcalde sin competencia en un pueblo prácticamente abandonado— ilustra a la perfección el problema. Para muestra, basta un botón.
El Frente Amplio y los barrios privados: entre el discurso y las exoneraciones
Aunque el programa de gobierno del Frente Amplio para el período 2025-2030 plantea evitar la construcción de barrios cerrados y promover una urbanización inclusiva, las acciones de su principal figura política, Yamandú Orsi, parecen ir en el sentido contrario. Orsi, exintendente de Canelones y precandidato presidencial, firmó recientemente el decreto 85/025, que extiende hasta 2028 un régimen de exoneraciones fiscales a megaproyectos inmobiliarios, entre ellos los barrios privados. El decreto amplía los beneficios otorgados en 2020 por el presidente Luis Lacalle Pou mediante el decreto 138/020, que a su vez reglamentaba la ley 16.906 de promoción de inversiones. Este régimen otorga importantes ventajas fiscales: exoneración del impuesto a la renta (IRAE), del impuesto al patrimonio, devolución de IVA y exoneraciones para importar materiales de construcción. Beneficios que no están disponibles para las cooperativas de vivienda, en las que viven más de 100.000 personas en condiciones de esfuerzo colectivo y autogestión. Una política para pocos: 4 millones de dólares como piso Los proyectos beneficiados por este régimen son aquellos que superan los 4 millones de dólares de inversión. Esto deja fuera cualquier iniciativa popular o comunitaria, como las cooperativas de vivienda. Según datos oficiales, en Uruguay existen hoy más de 100 barrios privados donde viven unas 30.000 personas. Solo entre 2020 y 2023, estos emprendimientos atrajeron inversiones por más de 2.500 millones de dólares en el departamento de Canelones. La mayor parte de estos desarrollos se concentran en Canelones y Maldonado, y uno de los casos más discutidos actualmente es el intento de construir un barrio privado en Guazúbirá, sobre zonas de bañados y barrancos, sin saneamiento ni previsión ambiental adecuada. La Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia de Canelones ha expresado su rechazo, y vecinos organizados también resisten el proyecto. Fragmentación social y beneficios para los más ricos Desde el punto de vista social, el fomento a los barrios privados profundiza la segmentación territorial. El propio programa del Frente Amplio advertía que estos proyectos afectan la integración urbana, generan exclusión y debilitan el espacio público. Pese a ello, el decreto firmado por Orsi otorga incentivos a quienes eligen vivir en espacios cerrados, segregados del resto de la ciudad. Mientras las cooperativas deben pagar materiales, IVA, impuestos y asumir largas deudas para acceder a una vivienda, los inversores de barrios privados reciben beneficios estatales que abaratan sus costos y aumentan su rentabilidad. Así, se subsidia con fondos públicos un modelo urbanístico excluyente, al tiempo que se castiga el esfuerzo colectivo. Una trama empresarial y política concentrada Entre las principales desarrolladoras de barrios privados en Uruguay se encuentra el grupo detrás de La Tahona, vinculado a figuras empresariales y sociales de alto perfil. La sociedad anónima Runtuna S.A., que lidera el emprendimiento, tuvo como accionista principal a una empresa radicada en Belice, paraíso fiscal involucrado en los Panama Papers. Entre sus socios figuran nombres como Félix Añón, la familia Heber Videla y personas con conexiones con el Grupo Cisneros de Venezuela. Algunos de ellos incluso organizaron encuentros sociales en los que participó Yamandú Orsi cuando era intendente. Este entramado empresarial, con ramificaciones en medios de comunicación, inversiones offshore y tierras de alto valor, da cuenta de que los barrios privados no son solo una opción de vivienda, sino parte de un modelo de acumulación de capital con respaldo político. ¿Un país de beneficios para unos y sacrificios para otros? La contradicción entre el discurso programático del Frente Amplio y la gestión concreta de sus dirigentes queda al desnudo con esta política. La defensa de la “ciudad inclusiva” y del “derecho a la vivienda” se diluye frente a un modelo de desarrollo urbano que prioriza el lucro privado, la fragmentación social y el blindaje fiscal para los más poderosos. Mientras tanto, cooperativistas, trabajadores y vecinos que no pueden pagar un terreno ni importar materiales desde el exterior siguen sosteniendo con su esfuerzo un sistema que les niega los beneficios que sí reciben aquellos que buscan vivir aislados del resto del país.
Más allá del horror: Gaza en cifras
En el día 652 del genocidio en Gaza, los números ofrecen una dimensión brutal de una catástrofe humanitaria que ya se perfila como una de las más documentadas y silenciadas de la historia contemporánea. Según datos actualizados al 29 de julio y recopilados de fuentes como el Ministerio de Salud de Gaza, la ONU y diversas organizaciones humanitarias, el promedio de asesinatos diarios asciende a 90,6 personas. La cifra total de muertes registradas supera las 60.000, de las cuales al menos 19.000 eran niños. Esta contabilidad, minuciosamente registrada por las autoridades sanitarias de Gaza, incluye nombre, apellido y documento de cada víctima. La niñez palestina es blanco sistemático de la ofensiva israelí. Hasta el momento han sido asesinados 211 recién nacidos, 25 bebés menores de un año y al menos 60 niños por desnutrición. A esto se suman 12.048 mujeres asesinadas, 1.690 trabajadores de la salud y 243 funcionarios de la ONU. En paralelo, 71.000 niños menores de cinco años se encuentran al borde de la hambruna, y más de 52.000 mujeres están cursando embarazos. En este contexto, con un sistema de salud devastado y solo 12 hospitales funcionando parcialmente (de los 36 que operaban antes del 7 de octubre), el colapso sanitario es inminente. La capacidad hospitalaria se ha reducido a 2.000 camas, muchas de ellas en zonas bajo inminente orden de evacuación. La situación de los desaparecidos también genera alarma. Un estudio de la revista médica The Lancet, publicado el 9 de junio de 2024, estima que por cada muerte registrada hay cinco no registradas, lo que elevaría el número real de muertes a 186.000 personas. Una cifra similar se deduce del informe del investigador Jacob Garb (Universidad Ben Gurión), que al analizar datos de las propias Fuerzas de Defensa de Israel, detectó una diferencia de 377.000 personas entre la población censada y la actual. Aun descontando 100.000 desplazamientos, el número de desaparecidos rondaría los 277.000. La violencia no se limita a bombardeos. Desde la implementación del plan alimentario de la Gaza Humanitarian Foundation, una estructura impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump tras la clausura de las instalaciones de la UNRWA, al menos 1.054 personas fueron asesinadas durante la distribución de alimentos, 766 de ellas en los propios puntos de entrega. En Gaza, donde cada día nacen 183 bebés —más que en Uruguay, con un millón de habitantes más—, la estructura demográfica, sanitaria y social se desintegra. Aun si el genocidio se detuviera hoy mismo, el deterioro físico, psíquico y social dejará un daño estructural de consecuencias irreparables para generaciones enteras. «Probablemente antes de fin de año estemos hablando de medio millón de personas asesinadas«, señalan desde el colectivo que elaboró el informe. Esto representa cerca del 25% de la población de Gaza. La comparación con Uruguay es tan incómoda como reveladora. Gaza, aun bajo genocidio, tiene más camas hospitalarias por habitante que Uruguay en condiciones de paz. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece, en su mayoría, en silencio.
A 23 años del allanamiento a El Quijote FM: memoria, resistencia y verdad
En agosto de 2002, en plena debacle económica y social, el Uruguay vivía uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. La pobreza alcanzaba el 40%, la infantil el 56%, el desempleo rozaba el 20%, los suicidios aumentaban como nunca antes y más de 30 mil uruguayos emigraban desesperados. Mientras tanto, una élite política y empresarial saqueaba impunemente al país, protegida por una prensa adicta y un aparato estatal disciplinado. En ese contexto, apareció un relato alternativo. Un relato incómodo. Un relato desde abajo. Una radio comunitaria, El Quijote FM, nacida en Pueblo Ferrocarril, se convirtió en el blanco de una opereta institucional que buscó un chivo expiatorio para tapar el saqueo real: el de los banqueros, los políticos cómplices y los grupos económicos que dejaron al país de rodillas. El 3 de agosto de 2002, El Quijote fue allanada por fuerzas estatales —con apoyo de militares y bajo la órbita de una URSEC aún dependiente del Ministerio de Defensa— acusada falsamente de “instigar saqueos”. La radio, conformada por jóvenes laburantes, docentes, jardineros, feriantes y militantes sociales, cargó con el peso de una ficción construida desde las redacciones y los despachos ministeriales. En total, 19 personas fueron procesadas ese año por robar fideos y arroz. Muchas cumplieron hasta 4 años de cárcel. Mientras tanto, personajes como José Enrique «Puchi» Rohm y la familia Peirano, responsables del vaciamiento de bancos y del robo de cientos de millones de dólares, murieron prófugos o fueron beneficiados por una justicia ciega ante los crímenes de cuello blanco. Los medios hegemónicos —con El País a la cabeza— tejieron titulares como “ola de saqueos organizados” y apuntaron contra la radio. La justicia, dócil, respondió. El mensaje era claro: si denunciás al poder, sos el enemigo. Aquel allanamiento, acompañado de una brutal incautación de equipos sin causa penal válida, fue más que un operativo. Fue un intento de silenciar una voz disonante en un país tomado por mafias financieras, políticos corruptos y una prensa cómplice. Pero no pudieron. Porque el Quijote era más que una radio: era una red comunitaria, una barricada cultural, un espacio de resistencia. 23 años después, desde Reactiva Contenidos seguimos alzando la bandera y el puño. No olvidamos. No perdonamos. Seguimos denunciando que mientras se reprime al pueblo por exigir pan, se protege a quienes vacían las arcas del Estado. Hoy, más que nunca, reafirmamos que el verdadero saqueo no fue un paquete de fideos. Fue la entrega del país. ¡Salú, Quijote!
GENOCIDIO FEMENINO
GINEBRA – La Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, ha pedido hoy una acción mundial inmediata para poner fin a lo que describe como un «genocidio femenino» que se está cometiendo actualmente en Gaza. Según ella, la magnitud y la naturaleza de los crímenes cometidos contra mujeres y niñas palestinas por las fuerzas israelíes son tan extremas que los conceptos existentes en los marcos jurídico y criminal ya no pueden describirlos ni explicarlos adecuadamente. «Lo que está pasando con las mujeres y niñas palestinas no es un daño colateral de la guerra», dijo Reem Alsalem. «Esta es la destrucción deliberada de sus vidas y cuerpos porque son palestinos y son mujeres. «» La Relatora Especial reiteró las conclusiones de su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, en el que se afirma que Israel está matando deliberadamente a mujeres y niñas palestinas con la intención de destruirlas y destruir la continuidad del pueblo palestino. Ella lo llama «genocidio femenino. «Se estima que las mujeres y las niñas representan el 67% de los 57.680 palestinos asesinados al 9 de julio de 2025. «Hay varias maneras de cometer genocidio contra un pueblo. Destruirlos psicológicamente, en todo o en parte, es parte de ello», dijo el experto. «Los horrores que siguen sufriendo las madres palestinas, en particular, viendo a sus hijos morir de hambre lentamente, asesinados, mutilados y enterrados vivos, los matan muchas veces en un solo día. «El trauma psicológico que sufren, junto con toda la población palestina de Gaza, es ilimitado. «Muchas mujeres, incluyendo madres, también fueron asesinadas mientras buscaban comida y agua para sus familias. Reem Alsalem destacó el uso de la violencia reproductiva como parte de la campaña israelí. «La destrucción de la infraestructura de salud de Gaza ha dejado a 150.000 mujeres embarazadas y lactantes sin acceso a la atención esencial. «Se estima que 17.000 de estas mujeres y 60.000 niños menores de 5 años sufren hoy de desnutrición aguda. «Al menos 60 niños han muerto de hambre desde marzo de 2025, como resultado del bloqueo de Israel a alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria», dijo. «Esto se suma a los 50.000 niños que han sido asesinados o heridos desde octubre de 2023. » El Relator Especial ha condenado las últimas medidas tomadas por las autoridades israelíes para bloquear el suministro de sucedáneos de la leche materna, advirtiendo que la actual escasez de combustible está poniendo aún más en peligro la vida de los recién nacidos en el útero. Señaló que docenas de niños nacieron prematuramente o murieron poco después del nacimiento, mientras que otros nacieron con mutaciones genéticas sin precedentes probablemente causadas por la inanición, el trauma y la exposición a sustancias radiactivas y tóxicas. *** Informes de violencia sexual, incluida violación, cometida por las fuerzas israelíes contra mujeres y niñas palestina INFORME DE LA ONU
Puerto, dragado y disputa fluvial: una historia que vuelve al centro de la escena
El video de esta semana se mete con uno de los temas más importantes —y más silenciados— de la historia económica del Uruguay: la disputa por los puertos en el Río de la Plata, el papel del dragado en esa pelea, y el negocio multimillonario que está detrás de una actividad clave para el comercio regional. Lejos de ser una discusión técnica, el dragado es un asunto geopolítico, con consecuencias directas en la soberanía, en la economía nacional y en el futuro del trabajo portuario. En 2026 vence la prórroga automática que permitió extender contratos con empresas privadas que hoy se encargan de dragar los canales navegables. Se abre entonces un nuevo escenario: ¿debe el Estado asumir esa tarea estratégica o se volverá a entregar a multinacionales que ya fueron denunciadas por sobreprecios y corrupción? Una guerra no declarada El Puerto de Montevideo nació en 1723 como parte de una pulseada con Buenos Aires por el control del comercio en el Plata. Desde entonces, esa tensión —comercial, política y simbólica— no hizo más que intensificarse. En el siglo XXI, esa disputa se traduce en canales de navegación, pies de calado, acuerdos diplomáticos y licitaciones multimillonarias. Mientras Argentina impulsa desde hace años el dragado del Canal Magdalena —una obra que permitiría a sus buques evitar Montevideo para completar cargas de exportación—, el gobierno uruguayo habilitó en 2016 el visto bueno para ese proyecto sin debate parlamentario, sin titulares de prensa y sin movilización sindical. Una decisión estratégica que pasó prácticamente desapercibida. Cuando callar es aprobar En 2016, siendo José Mujica presidente y Luis Almagro canciller, Uruguay optó por no responder oficialmente a la propuesta argentina de dragar el Canal Magdalena. Ese silencio, según el protocolo de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), equivale a una aprobación tácita. Felipe Michelini, delegado uruguayo en ese organismo, también fue parte de la maniobra. Mujica justificó la decisión como parte de una negociación que permitió a Uruguay profundizar su canal de acceso a 14 metros de calado. Pero los portuarios advierten que lo que se perdió es mucho más: si el Magdalena avanza, Montevideo dejará de ser escala obligatoria para buques de gran porte, lo que implicará una caída de ingresos, empleos y protagonismo regional. Sobornos, renuncias y empresas «de primer mundo» Pero el dragado no solo se juega entre países. También es territorio fértil para negociados empresariales. El video recuerda un episodio clave: en 2012, el embajador itinerante Julio Baraibar denunció que un funcionario argentino intentó sobornarlo para que votara a favor de una empresa holandesa en una licitación clave. El soborno fue de cientos de miles de dólares. Baraibar renunció y denunció públicamente. Su advertencia no tuvo consecuencias en Uruguay. Otro que denunció irregularidades fue Gabito Zóboli, delegado de la CARP designado por el Partido Nacional. Advirtió sobre sobreprecios escandalosos y demoras funcionales. También fue destituido, en su caso por el entonces canciller Almagro. La empresa denunciada era Riovía, un consorcio holandés que mantuvo el monopolio del dragado durante más de 15 años en el Río de la Plata. Cobró cifras muy superiores al valor de mercado internacional, hasta que finalmente perdió la licitación. Argentina y Uruguay asumieron el dragado por medios estatales —incluso con participación de empresas chinas en una etapa— y demostraron que era posible hacerlo a menor costo. 2026: hora de decidir La nueva pulseada ya tiene fecha: 2026. Ese año vence la prórroga que mantiene operando a empresas privadas en las tareas de dragado. El gobierno uruguayo deberá definir si continúa por ese camino o si apuesta por una solución pública con personal capacitado, equipamiento nacional y control estatal. El sindicato portuario (SUPRA) ya empezó a mover sus fichas. Apuesta a demostrar con números y argumentos que es posible y conveniente que el dragado se realice desde el Estado. En el trasfondo, se juega mucho más que una licitación: se define si el país productivo que tanto se invoca desde la política será realmente defendido. Y también se pone a prueba el discurso hegemónico que repite, desde los años 90, que “lo privado es más eficiente”. Porque en este caso, lo privado fue más caro, más corrupto y menos transparente. Y lo público puede ser una herramienta real para garantizar soberanía, trabajo digno y una economía al servicio de la mayoría. Este video es solo el primer capítulo de un ciclo que abordará las múltiples dimensiones de este tema estratégico para Uruguay y para toda la región. Porque la historia no terminó: recién empieza a discutirse.
Cerro Largo al límite: denuncias cruzadas, cuentas vacías y el feudo de los 16 municipios en crisis
El actual intendente de Cerro Largo, Christian Morel, rompió el silencio y lanzó una serie de denuncias que evidencian un colapso institucional y financiero en la comuna. La situación heredada de su antecesor y viejo padrino político, José Yurramendi —dirigente del sector de Sergio Botana—, refleja un entramado de excesos, clientelismo y opacidad que parece haber llevado a la intendencia al borde del abismo. Morel reveló que la deuda departamental supera los 40 millones de dólares, y que ningún banco, ni público ni privado, mantiene líneas de crédito abiertas con la intendencia. ANCAP cortó el suministro de portland, paralizando obras, y programas básicos como “Un plato caliente” —que brindaba alimentación a personas en situación crítica durante el invierno— fueron desactivados por falta de fondos. Hoy, comerciantes locales y frigoríficos improvisan una olla popular para sostener lo que antes era política pública. La gravedad de la situación llega al punto de que funcionarios municipales están pagando de su bolsillo el combustible para los vehículos oficiales, sin garantía de reembolso. Mientras tanto, la intendencia acumula 1623 funcionarios, pero una treintena de ellos cobran sus sueldos desde Montevideo y no se conoce su función. Según Morel, se les envió un correo para que informen qué hacen. Ninguno respondió. Este panorama se inscribe en una interna política explosiva dentro del Partido Nacional. Botana, que fue impulsor de la creación de 16 municipios en Cerro Largo —una cifra desproporcionada si se la compara con otros departamentos similares—, enfrenta ahora el juicio público por una estructura que, según denuncias, funcionó como máquina de reparto político. En algunas localidades, incluso, se eligieron alcaldes sin oposición y con apenas 90 votos. La ruptura entre Botana y Morel, quien supo ser parte de su riñón político, se selló cuando Morel desafió la hegemonía del sector y perdió por apenas 200 votos una interna al Senado. No obstante, ganó la intendencia, desplazando al candidato botanista José Yurramendi. Hoy, el cruce de acusaciones entre los sectores Aire Fresco (al que ahora responde Morel y que lidera Álvaro Delgado) y el botanismo escala a nivel nacional. Botana acusa a Delgado y sus aliados de “no saber ni dónde queda Cerro Largo” y de “solo pensar en Punta del Este”, mientras intenta desligarse del desastre financiero que deja su legado. En el trasfondo, incluso se denuncia el desplazamiento de una funcionaria de carrera para nombrar como directora de turismo a Liset Ruiz, excandidata del Frente Amplio en Melo, en un aparente acuerdo político con Morel que se remonta al último balotaje. La situación, tratada con dramatismo en medios locales, fue aprovechada por el botanismo para cargar tintas sobre su exsocio. Pero la pregunta que atraviesa todo el relato es simple y grave: ¿quién pagará el costo de este caos? Porque mientras se cruzan acusaciones, lo cierto es que las cuentas están vacías, las calles sin arreglar, los museos cerrados y los servicios sociales paralizados. La intendencia, según su actual jefe, ha quebrado. Y como suele ocurrir en este país, el salvataje puede venir desde Montevideo, con recursos nacionales. El temor es claro: que lo termine pagando el pueblo uruguayo.
Guillermo Machado: 36 años de impunidad y una política de Estado que sigue matando
Treinta y seis años después del asesinato de Guillermo Machado, joven trabajador de la construcción y militante comunista, la herida sigue abierta. No solo por la impunidad que rodea su caso, sino porque su muerte marca el inicio de una larga lista de asesinatos policiales cometidos durante la democracia, con las mismas prácticas heredadas de la dictadura. Machado tenía 31 años, era obrero del SUNCA y militante de la Unión de Juventudes Comunistas. El 16 de julio de 1989 fue detenido junto a una amiga por efectivos policiales en una plaza de la zona del Hospital Pasteur. Ambos fueron trasladados a la Seccional 15 de Montevideo. Ella fue liberada horas más tarde; a él lo devolvieron en coma. Ocho días después, murió. La versión oficial habló de un intento de suicidio con un buzo. Sin embargo, el médico forense Ricardo Caritat fue tajante: las lesiones no eran compatibles con esa hipótesis. Eran marcas de una golpiza brutal. El único procesado fue el subcomisario Basilio Méz Duarte Leites, que estuvo apenas 70 días preso. El crimen sigue impune. En su declaración, Duarte justificó la detención de Machado diciendo que «tenía el pelo largo, barba, y estaba desprolijo». Ese mismo policía ya había sido sancionado en 1979 por no cumplir “efectivamente” con una razzia durante la dictadura. Diez años después, volvió a actuar con violencia, esta vez con el respaldo de una democracia que nunca desarmó sus aparatos represivos. La represión a los jóvenes pobres y trabajadores no terminó con el retorno institucional. En palabras de Ismael Samandú en el canal de Reactiva, “la dictadura no se fue: se adaptó”. Años más tarde, la hija de Guillermo, Cecilia Machado, recuperó esta historia en su libro Inhumanas Bestias, donde reconstruye no solo la vida de su padre, sino la genealogía de una práctica sistemática de violencia estatal. El libro fue editado por el SUNCA y lamentablemente recibió escasa difusión. Una larga lista, una misma política Desde el caso de Machado, decenas de asesinatos similares ocurrieron bajo gobiernos de distinto signo. No es una política partidaria, es una política de Estado. Un sistema que apunta contra los mismos cuerpos: jóvenes, pobres, hijos de trabajadores. Algunos nombres: Sergio Lemos (1993), 17 años, baleado por la espalda por un policía de particular. Luis Ernesto González (1994), muerto en una comisaría tras una «averiguación de identidad». Richard Lima (2007), asesinado en Punta de Rieles por un disparo policial. Pablo (2019), muerto en una redada en Lagomar. La policía dijo que se había suicidado… con un buzo. David Blanco (2022), muere bajo custodia policial en Maldonado. La autopsia reveló lesiones previas. Carlos Suárez (2024), asesinado en Bella Unión en un operativo antidrogas. Estaba desarmado. Cada caso fue silenciado, negado o desviado. Cuando hay testigos o presión popular, los relatos policiales se tambalean. Cuando no, la versión oficial triunfa. En todos los casos, la impunidad es norma. ¿Y si fueran otros? La pregunta no es retórica. ¿Qué pasaría si la lista de asesinados por la policía la encabezaran empresarios o políticos? ¿Qué nivel de repudio, cobertura y acción estatal se generaría? Pero no. Son nuestros muertos. Son hijos del pueblo, como Guillermo Machado, cuyo padre era portuario y su madre costurera. Hoy, como ayer, levantamos sus nombres. No por nostalgia, sino por justicia. Porque no olvidamos, y porque sabemos que recordar no es un acto pasivo: es un acto político. Y en este caso, urgente.
