La reciente decisión del Gobierno de suspender la exportación de ganado en pie expuso algo más que una diferencia de criterios: mostró una descoordinación que no es anecdótica, sino reveladora. El ministro de Ganadería, Fernando Fratti, anunció la medida con el respaldo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos del sector frigorífico. Pero el ministro de Economía, Gabriel Odone, la criticó abiertamente, aduciendo que no había fundamentos técnicos y, más grave aún, que no estaba al tanto de la decisión. Lo hizo en público, y con evidente malestar. La imagen es clara: un Gobierno dividido en dos. Pero la cuestión va más allá de un error de comunicación. Lo que está en juego son modelos económicos y sectores de poder enfrentados: por un lado, los frigoríficos nacionales y sus trabajadores, que reclaman más faena local y empleo; por otro, los grandes exportadores de ganado en pie, respaldados por intereses financieros internacionales y por un sector del liberalismo económico que, como en este caso, encuentra su portavoz en Odone. El presidente Orsi aparece, hasta ahora, como mediador, pero también como rehén de un conflicto que no logra (o no quiere) contener. La “desprolijidad” con la que se manejó esta medida no parece ser casual. Más bien, funciona como escenario: un ring donde los distintos actores exponen sus intereses y su capacidad de presión. El Gobierno, al no resolver previamente estas tensiones, las blanquea en público. ¿Estrategia o falta de conducción? ¿Ensayo de fuerza o error de cálculo? El trasfondo histórico no es menor. La exportación de ganado en pie comenzó en tiempos de Lacalle padre y ha sido cuestionada desde entonces por su impacto en el empleo y el valor agregado. El Frente Amplio, que estuvo quince años en el poder y ahora vuelve al Gobierno, nunca logró definir una política clara sobre este tema. Hoy, esa indefinición se paga con un espectáculo de ministros enfrentados, declaraciones cruzadas y decisiones que parecen improvisadas. Lo más preocupante es que, como en tantos otros casos, el resultado probable es conocido: los sectores más perjudicados serán los trabajadores de la industria cárnica y los consumidores, que terminarán pagando el costo de un Gobierno que no logra armonizar sus propios intereses. Porque, si algo quedó claro, es que no hay una política de Estado; hay una lucha interna por imponer agendas, respaldadas por actores que poco tienen que ver con el interés general. A esto se suma un dato que no puede ignorarse: la creciente influencia de grupos financieros internacionales sobre sectores clave de la economía uruguaya, desde la carne hasta el hidrógeno verde. La disputa por el ganado en pie es apenas un episodio de una pelea mayor, en la que el poder real no se define solo en el Parlamento o en los ministerios, sino en negociaciones opacas y mesas chicas donde el pueblo no tiene asiento. El “fraticidio” —como irónicamente se definió en nuestro canal— VER VIDEO es el símbolo de un gobierno atrapado entre sus contradicciones, sin conducción clara y con sectores que operan por libre. Es también una advertencia: si las decisiones estratégicas siguen definiéndose de este modo, quienes siempre terminan pagando son los de abajo.
La cárcel como política de Estado no es solo un fracaso: es un negocio
Uruguay tiene hoy la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Son casi 500 personas presas por cada 100.000 habitantes. Desde el año 2000, la población carcelaria se triplicó. Pasó de 5.000 a más de 16.000 personas. El aumento ha sido sostenido, independientemente del signo político de los gobiernos. Las cárceles uruguayas están desbordadas, hacinadas, violentas y degradadas. Y aún así, se siguen llenando. Muertes, enfermedad y abandonoLas muertes en prisión son frecuentes. Solo en el último año murieron 50 personas, el 60% en hechos violentos. En junio pasado, cuatro presos murieron calcinados en el exComcar. En 2010, en Rocha, otros 12 murieron atrapados en sus celdas mientras intentaban calefaccionarse. Las muertes por tuberculosis y VIH se multiplican: enfermedades que en el resto de la sociedad están prácticamente controladas, en prisión son letales. La tasa de suicidios es 4,5 veces mayor que en libertad. La tasa de homicidios, 16 veces mayor. Las cárceles no rehabilitan, destruyen. El hacinamiento promedio supera el 180%, y en algunos módulos llega al 200%. Es decir: donde caben 10, se encierra a 20. Esa es la norma. ¿Quiénes están presos?El 91,5% de las personas presas son varones. El 75% tiene menos de 38 años. El 99% está en situación de pobreza y el 50% sufre algún tipo de trastorno mental. Apenas el 2,5% terminó el ciclo básico de educación. La mitad es analfabeta funcional. Un 25% tiene adicciones graves. Y un dato elocuente: solo el 8% está preso por delitos con violencia directa (como rapiña). La mayoría está privada de libertad por hurtos, receptación o microtráfico. El impacto de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue brutal para las mujeres: desde su aprobación, la cantidad de mujeres presas casi se triplicó, en su mayoría por delitos vinculados al microtráfico. Son madres, pobres, sin apoyo y muchas veces obligadas por sus parejas. La cárcel como trampaEl sistema penitenciario uruguayo gasta más de 200 millones de dólares por año. Cada persona presa le cuesta al Estado más de 1.000 dólares mensuales. Sin embargo, en la mayoría de los módulos los internos cocinan con 80 pesos por día. El contraste entre el gasto y las condiciones de vida revela una verdad incómoda: alguien se está quedando con la plata. Desde 2011, con la Ley de Participación Público-Privada, se habilitó que empresas privadas construyan, administren y lucren con el sistema penitenciario. Teyma, Avengoa, Sacemm, Ciemsa y empresas de catering offshore en Bermudas forman parte de los consorcios beneficiados. A estas se suman compañías de seguridad privada como Prosegur, Securitas o G4S, que controlan traslados, perímetros y fiscalías. A esta red de empresas se suma el negocio informal dentro de las cárceles: drogas, celulares, traslados tarifados. En 2023, el propio director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, reconoció públicamente: “Todos somos potenciales entradores de droga a la cárcel”. Según sus declaraciones, algunos funcionarios llegan a ganar 100.000 pesos mensuales vendiendo teléfonos a 25.000 pesos cada uno. Todo está tarifado. Todo es negocio. ¿Qué se construye con todo esto?La cárcel no es una respuesta a la inseguridad. No reduce el delito, ni protege a las víctimas, ni ofrece una salida digna a quienes delinquen. Uruguay invierte millones para encerrar, castigar y degradar a una población que el propio Estado ha excluido sistemáticamente: jóvenes, pobres, sin educación, con trastornos, con hambre. Es una emboscada. Las cárceles uruguayas se parecen cada vez más a campos de concentración modernos. Y quienes se llenan los bolsillos con este sistema son las empresas privadas que han sido legitimadas y blindadas por todos los gobiernos, incluidos aquellos que antes las combatían. La ironía es profunda: lo que antes fue una denuncia simbólica («la cárcel del pueblo», hoy es política de Estado. En el país con más presos y más policías por habitante de América Latina, la impunidad no está del lado de quienes roban una garrafa: está del lado de quienes se enriquecen con su encierro.
Uruguay: cuando la palabra llega tarde
Durante décadas, el pueblo palestino ha soportado una ocupación brutal que hoy se expresa en cifras insoportables: más de 55.000 muertos, miles de niños asesinados, millones de desplazados. Ante este escenario, en Uruguay se asiste a una lenta pero significativa reacción de sectores sociales y políticos que, aunque tardíamente, comienzan a llamar a las cosas por su nombre: genocidio. La izquierda uruguaya ha transitado un camino de dudas, silencios y contradicciones. Pero ese tránsito ha empezado a quebrarse por abajo: colectivos anónimos, sindicatos, comités de base, vecinas y vecinos de a pie fueron los primeros en levantar la voz. Fue la militancia social la que sostuvo el tema en soledad, hasta que las declaraciones de Sergio Sommaruga en el estrado del PIT-CNT marcaron un punto de inflexión. No sólo nombró el genocidio, lo hizo en voz alta y desde una tribuna política clave. A partir de ahí, se precipitaron comunicados, definiciones claras del Frente Amplio, y un giro discursivo que dejó aislado al gobierno y a sectores conservadores, anclados en la defensa de un Occidente idealizado y cómplice. La distancia entre quienes niegan la masacre y quienes alzan la voz ya no es sólo política: es ética. Esta coyuntura debe ser más que una disputa narrativa. Requiere acciones concretas: cortar vínculos con el gobierno de Israel, enviar ayuda humanitaria, visibilizar cada crimen. No basta con reconocer el genocidio; hay que militar su detención. El silencio ya no es opción. Y las palabras, si llegan, que lleguen con el peso de la acción.
Los vínculos de Yamandú Orsi con el sionismo de Israel
«Para Lalo (Salomón Vilensky) ser uno de los asesores de la nueva Oficina de Innovación de Uruguay en Israel es especialmente natural»
El drama del techo en Uruguay: entre negocios de Estado y derechos vulnerados
Uruguay se estanca en la ética y las acciones del político de turno, miles de personas atraviesan diariamente la tragedia silenciosa de no tener un lugar digno donde vivir. Las cifras no mienten, pero sí incomodan: más de 2.800 personas viven hoy en situación de calle. A esto se suman más de 170.000 personas en asentamientos irregulares
Negocio infame: los cascos azules uruguayos ONU
En el mapa global de la hipocresía institucional, pocas insignias pesan tanto como el casco azul.
Bajo la bandera de la paz, las fuerzas de la ONU acumulan una larga historia de escándalos por
inoperancia, corrupción y violencia sexual. En muchos de estos casos, las tropas no solo no trajeron
soluciones, sino que agravaron las crisis humanitarias que debían contener.
Gaza y el fin de los «valores occidentales»
Ni las más truculentas películas de horror sádico, que se conocen como «gore», podrían emular los reportes que surgen de los bombardeos actuales sobre Gaza, y las nuevas incursiones del ejército sionista en distintos puntos de esa zona.
¿Quién banca a quién?
En el programa del Frente Amplio dice clarito:
«Se sugiere evitar la construcción de barrios o enclaves cerrados […] para evitar la segregación
territorial.»
Pero el gobierno del Frente Amplio —ese que se supone que representa ese programa— extiende
beneficios y exoneraciones fiscales a los barrios privados.
INVERTIR EN LOS NEGOCIOS DEL JEFE: LA NUEVA CARA DEL SAQUEO
La promesa de inversiones rentables y accesibles ha captado a miles de trabajadores y
trabajadoras, seducidos por un discurso que parece ofrecerles una salida económica, una
oportunidad de crecimiento o una forma de asegurar el futuro.
Ya te va a pasar
En el próximo año cerca de 300 personas en Uruguay morirán asesinadas. O sea 1 cada de 10 mil uruguayos morirá de esa manera.
En las cárceles uruguayas en estos ochos meses que van del año son 31 los asesinados, de una población
carcelaria de cerca de 10 mil presos. Si estás preso podríamos decir que tenés 30 veces más la posibilidad demorir asesinado.
