Un gráfico difundido por Gustavo Gómez, director de OBSERVACOM, muestra que el uso de redes sociales en Uruguay está fuertemente concentrado en pocas plataformas. La lógica de los monopolios no se limita a los medios tradicionales y plantea nuevos desafíos para la democracia y el debate público. Redes concentradas, poder concentrado Un gráfico divulgado en la red X por Gustavo Gómez, referente del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), volvió a poner sobre la mesa una discusión clave: en Uruguay, la concentración de medios también se reproduce en el ecosistema digital. Los datos muestran un comportamiento singular respecto a otros países. El 98% de los usuarios de redes sociales en Uruguay utiliza WhatsApp, seguido por Facebook con un 76% e Instagram con un 69%. Las tres plataformas pertenecen al mismo conglomerado empresarial, Meta, lo que evidencia una altísima concentración del acceso, la circulación de información y la interacción social en manos de un único actor privado. Más atrás aparece YouTube, con un 54% de penetración. El dato relativiza la idea de masividad asociada a esta plataforma: casi la mitad de la población uruguaya no la utiliza. Sin embargo, su peso específico es alto debido a la intensidad y el tiempo de consumo de quienes sí la usan. El caso de X resulta especialmente revelador. Apenas el 24% de los uruguayos tiene cuenta en esa red, pese a que allí se concentra gran parte del debate político, mediático y dirigencial. La desproporción entre su bajo alcance poblacional y su enorme influencia pública expone la existencia de una burbuja política altamente activa, pero socialmente reducida. Este fenómeno no es nuevo. Algo similar ocurre con los informativos de televisión o ciertos programas radiales de referencia: audiencias relativamente pequeñas que, sin embargo, concentran a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y formadores de opinión. X amplifica esa lógica y la retroalimenta en tiempo real. La concentración en redes también cuestiona la idea de una supuesta libertad plena en el espacio digital. Así como ocurrió históricamente con los medios tradicionales, las plataformas son empresas con intereses comerciales concretos, que controlan algoritmos, flujos de visibilidad y condiciones de acceso. La comunicación alternativa no se produce fuera de estas estructuras, sino —en gran medida— dentro de ellas. El gráfico difundido por OBSERVACOM deja en evidencia que discutir la concentración mediática hoy exige ampliar la mirada: no alcanza con analizar radios, diarios o canales de televisión. El poder comunicacional, en Uruguay, también está profundamente centralizado en las redes sociales. La concentración del poder comunicacional se reproduce y se profundiza en el ecosistema digital, desafiando la idea de pluralismo y libertad en las redes sociales. 📩 Suscribite a La noticia es otra Este contenido forma parte del trabajo periodístico de Reactiva Contenidos. Para recibir análisis críticos y miradas propias sobre política, medios y poder, suscribite al programa La noticia es otra.

La cancelación de una licitación internacional, la posterior compra directa a un astillero de Vigo sin antecedentes en este tipo de embarcaciones, adelantos de pago atípicos y garantías cuestionadas reavivan las sospechas sobre una operación que compromete al pasado gobierno, a la Armada Nacional y a la empresa adjudicataria. La operación bajo la lupa La compra de patrullas oceánicas para la Armada Nacional se consolidó como uno de los principales focos de controversia política e institucional en Uruguay. Lejos de tratarse de un diferendo técnico, el proceso expone decisiones adoptadas durante el pasado gobierno que hoy son señaladas como potencialmente lesivas para el interés público. Uno de los elementos más cuestionados es la cancelación de una licitación internacional en la que participaron empresas con experiencia comprobada en la construcción de patrullas oceánicas. Según se ha planteado en el debate parlamentario y mediático, ese proceso fue dado de baja sin una explicación pública suficiente, pese a que existían ofertas que cumplían con los requisitos técnicos, económicos y de plazos. Tras esa decisión, el Estado avanzó en una compra directa a un astillero radicado en Vigo, España. De acuerdo con información citada públicamente, la empresa no contaría con habilitación ni antecedentes en la fabricación de este tipo específico de embarcaciones, un dato que agrava las dudas sobre la razonabilidad de la adjudicación. A este cambio de modalidad se sumó un esquema de pagos inusual para una operación de esta magnitud. Se denunció que la Armada Nacional realizó adelantos significativos: el 50% del valor de una primera patrulla aún no finalizada y un 10% de una segunda cuya construcción ni siquiera estaría claramente iniciada. También se cuestiona la validez de las garantías presentadas, señalándose que una de ellas no existiría y que otra sería apócrifa. Otro punto crítico es la autonomía otorgada a la Armada para efectuar los pagos, una excepción a los controles civiles habituales en compras de equipamiento militar estratégico. Para distintos analistas y legisladores, este diseño institucional no solo expuso al Estado a riesgos financieros, sino que revela un problema estructural en el control político de las Fuerzas Armadas. En ese marco, las acusaciones más duras apuntan a una convergencia de intereses entre jerarcas del pasado gobierno, mandos de la Armada y la empresa adjudicataria, configurando lo que algunos definen directamente como una estafa millonaria al Estado. Si bien la determinación de responsabilidades corresponde a los organismos de control y a la Justicia, el caso volvió a instalar el debate sobre la histórica opacidad de las compras militares en Uruguay. 📩 Suscribite a La noticia es otra Este trabajo forma parte del periodismo de Reactiva Contenidos. Para recibir análisis, investigaciones y editoriales críticas sobre la política y la economía uruguaya, suscribite al programa La noticia es otra.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva anunció y celebró la votación por unanimidad en el Senado de un proyecto que autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a aplicar veneno para aniquilar cotorras de campo, mientras efectivos del Ejército Nacional serán los encargados de recoger los animales muertos y embolsarlos en nylon para evitar daños colaterales en vecinos, fauna silvestre y mascotas. En una primera etapa, los cebos envenenados serán colocados en los departamentos de Canelones, San José y Maldonado. La medida, presentada por Da Silva y respaldada por todos los partidos, establece un sistema de control basado en la dispersión de cebos tóxicos por parte del MGAP, que provocarán la muerte masiva de las cotorras. Dado que estos animales suelen ser consumidos por aves rapaces, perros u otros carroñeros —lo que multiplicaría el impacto ambiental del veneno— el proyecto encomienda al Ejército la tarea de “neutralizar el riesgo”: recorrer los predios afectados, levantar los cadáveres y embolsarlos para su posterior disposición final, cuyo método no fue detallado públicamente. Da Silva destacó la “solución histórica” que, según dijo, beneficiará a miles de pequeños productores del cinturón hortifrutícola, para quienes la cotorra es una de las principales plagas que afectan frutales y huertas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas advirtieron que el plan ignora alternativas de manejo no letal y que la utilización de venenos puede provocar un “daño ecológico severo” sobre especies nativas, especialmente aves de rapiña y animales domésticos. El proyecto también reavivó el debate sobre el rol del Ejército en democracia. Analistas señalan que la medida vuelve a utilizar a las Fuerzas Armadas como fuerza de trabajo para tareas civiles de bajo nivel, en un intento por justificar su estructura y su presupuesto en tiempos de paz. La imagen del personal militar recorriendo campos para recoger cotorras envenenadas con guantes y bolsas de nylon fue calificada por especialistas como “insólita”, “improvisada” y “propia de un país que retrocede a prácticas de hace un siglo”. En paralelo, técnicos rurales recordaron que una parte importante de la proliferación de cotorras está vinculada a la expansión del monocultivo forestal, que ofrece condiciones ideales para que la especie anide en grandes volúmenes. El plan aprobado no contempla medidas estructurales para abordar ese desequilibrio ecológico. La iniciativa, presentada como una respuesta urgente, abre múltiples interrogantes ambientales, sanitarios y políticos: desde el impacto del veneno en ecosistemas y mascotas hasta la falta de protocolos claros sobre qué se hará con las miles de bolsas con animales muertos que el Ejército deberá recolectar. Suscribite a La noticia es otra — Reactiva Contenidos Para recibir más investigaciones, análisis y seguimiento político semanal.

Las reacciones del periodista deportivo Julio Ríos ante la condena por violación del jugador de Peñarol Diego García en Argentina reabrieron un debate incómodo y estructural: la cultura de la violación que atraviesa al fútbol uruguayo y que sostiene tanto las prácticas más aberrantes como los discursos que las justifican. Aunque Ríos es una figura despreciada transversalmente por personas de cualquier espectro ideológico con un mínimo de lucidez, sus palabras en caliente —lamentando la “desgracia” del violador y omitiendo toda referencia a la víctima— permiten observar cómo opera ese entramado cultural. La sentencia argentina condenó a García a seis años y ocho meses de prisión por violar a una joven jugadora de hockey en La Plata. Pese a la gravedad del crimen, parte de la cobertura deportiva local se concentró en “el golpe para el jugador” y “la pérdida para Peñarol”, un enfoque que invisibiliza sistemáticamente a la víctima y coloca al agresor como sujeto de compasión. En contraste, la Comisión de Género de Peñarol había advertido meses antes la improcedencia de contratarlo y solo logró que se incorporara una cláusula que rescindiera su vínculo en caso de condena firme. Las expresiones de Ríos en Radio El Espectador, secundadas por otros panelistas, exhibieron la naturalización del violador como figura “protegible” dentro del ecosistema futbolístico. Lejos de un error aislado, especialistas señalan que esta actitud responde a un marco más profundo: dirigentes, comunicadores y jugadores que reproducen discursos de culpabilización de las víctimas, justifican silencios internos y minimizan sistemáticamente los delitos sexuales cometidos por colegas o ídolos deportivos. Según el análisis realizado en el programa de Reactiva Contenidos, la permanencia de comunicadores como Ríos —que llegan a los medios con carteras de avisadores más que con méritos periodísticos— es un elemento que refuerza esta cultura. Su presencia habla de decisiones empresariales conscientes: no es casual que figuras que relativizan violaciones sean contratadas, promovidas o mantenidas en espacios de alta audiencia, donde reciben información privilegiada de clubes y sponsors. El debate también reveló otra dimensión central: la reacción masculina típica que “rechaza la violación porque tiene hijas, mujeres, hermanas”, un argumento que el feminismo ha señalado como sintomático de una cultura que no reconoce a las mujeres como sujetas de derechos, sino solo como extensiones familiares propias. Esta forma de defensa, lejos de cuestionar el núcleo del problema, reproduce el mismo marco que permite sostener la estructura de tolerancia hacia los agresores. La discusión expuesta esta semana confirma algo que las organizaciones feministas y sectores críticos vienen advirtiendo desde hace años: para que una violación ocurra no basta un individuo violento, se necesita un entorno que lo legitime, lo proteja y lo justifique. Y en el fútbol uruguayo —como en tantos otros ámbitos masculinizados— ese entorno existe, está arraigado y se expresa tanto en prácticas como en discursos públicos. Suscribite a La noticia es otra — Reactiva Contenidos Para recibir más investigaciones, análisis y seguimiento político semanal.

Lo que podría tomarse como un simple culebrón ganadero es, en el propio relato de los gobiernos de las últimas décadas, un drama nacional. En un país que tiene más vacas que personas y cuya imagen internacional se sostiene en buena medida en la exportación de ganado, Uruguay protagonizó este año dos episodios que dañaron severamente la credibilidad de su sector: la mayor estafa de la historia con Conexión Ganadera y, ahora, el papelón internacional de las tres mil vacas que Turquía rechazó por supuestos problemas sanitarios y que terminaron descargándose en Libia. La operación comenzó como una venta estándar: un exportador uruguayo despachó 3.000 animales con destino a Turquía, pese a que el acuerdo original contemplaba 4.000. Según declaró el propio empresario a medios rurales, el importador turco pidió a último momento un certificado sanitario con destino Marruecos y solicitó absoluto silencio sobre el cambio. Horas después, el barco modificó su ruta y terminó detenido frente a las costas libias, sin que Uruguay recibiera confirmación alguna del comprador. El Ministerio de Ganadería desmintió que hubiera irregularidades en los controles, pero Turquía justificó el rechazo del ganado señalando problemas sanitarios, la misma explicación que replicaron medios internacionales como France 24 y la prensa argentina. En ese punto empieza la zona gris: ni el exportador uruguayo, ni el gobierno, ni el propio embajador turco aportaron una versión completa y verificable. Incluso se denunció que unas 300 vacas habrían sido arrojadas al mar, práctica ilegal que impide cualquier análisis forense sobre causas de muerte. El episodio escaló cuando el ganado, en vez de regresar a Uruguay o ingresar a Marruecos —uno de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham y comprador reciente de armamento israelí— apareció descargado en Libia, un territorio marcado por colapso institucional y circuitos opacos donde, según especialistas, suelen operar triangulaciones comerciales y militares vinculadas a varios conflictos regionales. Esa deriva alimentó sospechas sobre el destino final de los animales y sobre los verdaderos motivos del rechazo turco, en un contexto internacional dominado por la guerra en Gaza y tensiones políticas entre Turquía, Israel y sus aliados. Lo que sí está claro es la falta de reacción del gobierno uruguayo ante un episodio que afecta directamente la reputación del país como proveedor confiable de ganado. La docilidad oficial frente a la versión turca contrasta con el impacto reputacional de aparecer en la prensa mundial como un exportador con problemas sanitarios y controles difusos. Operadores cárnicos consultados advierten que estos errores, sumados a la incompetencia histórica en la comercialización externa, ponen en riesgo no solo la exportación de ganado en pie, sino también la carne faenada. Mientras el Ministerio guarda silencio, crece la percepción de que alguien miente —o que muchos lo hacen— en una cadena donde intervienen gobiernos, empresas, embajadas y puertos en países donde la transparencia es un lujo. El resultado: Uruguay vuelve a quedar atrapado en un escándalo ganadero que mancha su principal activo económico y que, como admiten especialistas del propio sector, “ni en el contrabando más oscuro se maneja con este nivel de desprolijidad”. Suscribite a La noticia es otra — Reactiva Contenidos Para recibir investigaciones, análisis y seguimiento político semanal.